La Justicia intervino la Cooperativa Eléctrica de Monte y restituyó a las autoridades desplazadas tras un año de "desacato"

Tras una prolongada disputa judicial e institucional que mantuvo en vilo a la región, la Cooperativa Eléctrica de Monte Limitada quedó oficialmente bajo un régimen de intervención judicial. La medida se concretó el pasado 24 de junio de 2026, cuando los profesionales designados por el fuero federal tomaron posesión de la entidad y pusieron en funciones un esquema de co-administración transitoria, poniendo fin a un año de desacato institucional por parte de la conducción desplazada.

A través de una medida autosatisfactiva, el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata, a cargo de Alberto Osvaldo Recondo, dispuso la intervención de la histórica cooperativa. La resolución judicial ordenó el desplazamiento de la conducción encabezada por Néstor Alberto Ramos y de su respectiva sindicatura, luego de que el magistrado detectara un “deliberado entorpecimiento u obstrucción” a las facultades de control y fiscalización del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

En la redacción de El Ciudadano, el abogado Gastón Mucci, representante legal de José Luis López, analizó el alcance del fallo: "Si una intervención se circunscribe únicamente a una elección y a los padrones es porque esa elección no fue pura. Llevado al terreno de las tergiversaciones de la conducción saliente, su discurso es muy inteligente, pero el mandamiento del juez es categórico: constituye un equipo de cuatro interventores —liderado por los hermanos Atilio y Marcelo Baldoni— que ya se instaló en Monte. Ellos celebraron una elección a sabiendas de que no era el camino democrático. El mandamiento deja sin efecto ese nuevo nombramiento, retrotrae absolutamente las cosas a la situación previa y restablece a las legítimas autoridades."

El letrado advirtió además que el plazo fijado de 60 días hábiles (equivalente a casi tres meses de corrido) podría ser solo el comienzo: "No sabemos si el padrón era tan oscuro que este tiempo va a bastar. Es una cuestión que está sujeta a prórrogas a medida que avance el saneamiento".

Asimismo, Mucci comparó con dureza la maniobra de la gestión de Ramos: "Esto es como en la época de los golpes de Estado en la Argentina; entraban diciendo que el gobierno anterior estaba mal elegido para supuestamente acomodar la cuestión y llamar a elecciones. En Monte pasó algo parecido, con el agravante inédito de que la Justicia Federal restablece al síndico que había sido expulsado por denunciar".

Persecución, causas armadas y carpetazos en el pueblo

El gran protagonista de esta resistencia institucional es José Luis López, un respetado vecino, militante de la UCR, héroe de Malvinas y profesional de la salud visual (óptico, optómetra y licenciado en rehabilitación visual) que asumió la sindicatura de manera ad honorem, donando sus viáticos a instituciones locales.

López detalló el calvario judicial que padeció por ejercer su rol fiscalizador: "Previamente a la asamblea de julio de 2025, la cooperativa me armó dos denuncias penales  con el único fin de amedrentarme, intimidarme y expulsarme. Eran acusaciones ridículas, con un material tan pobre que el derecho penal, que es objetivo, las archivó de inmediato sin llegar a indagatoria. La cooperativa las apeló con tenacidad y en ambas instancias fueron confirmadas por el archivo. En un pueblo, una denuncia penal te convierte en un 'enfermito' por un rato; en su momento estuve en la boca de mucha gente de forma injusta. Usaron al cuerpo letrado de la cooperativa, disfrazado de penalistas, para perseguirme".

Tras el fracaso de la vía penal, la conducción de Ramos avanzó con los comicios irregulares en julio de 2025, proscribiendo la lista opositora de vecinos que acompañaba a López mediante impugnaciones arbitrarias basadas en las zonas de los medidores. "Hicieron la elección entre gallos y medianoche, cerrando cualquier cerco democrático", denunció el síndico. A partir de allí, a López se le prohibió el ingreso físico a los archivos de la sede de Eva Perón 365, se le negó información informática y se le llegó a amenazar por carta documento con la expulsión de la masa societal si "seguía molestando".

Sueldos de privilegio y "cooperativas paralelas"

Al ser consultado sobre qué fue lo más grave que descubrió en los libros contables y que disparó sus denuncias ante el INAES a fines de 2024, López no dudó en apuntar al manejo discrecional del dinero de los asociados: "Todo nace cuando detecto anomalías graves en los presupuestos de obras y en la liquidación de haberes. El anterior presidente, que había sido mi secretario, se autodenominó 'coordinador' para cobrar 400.000 pesos más de la época, sin aprobación del Consejo ni de la Asamblea. Pero lo más escandaloso fue el sueldo del gerente técnico. Cobraba un adicional del 10% por 'tareas riesgosas', pero el hombre jamás salía a la calle ni se subía a un cable. Ese porcentaje generaba un 'efecto cascada' tremendo en el básico, los aguinaldos, los premios anuales y el futuro premio jubilatorio. Pedí una acción judicial de certeza para frenar ese goteo de dinero de los socios y ahí me declararon la guerra".

López también reveló que empezó a notar que las obras de la entidad eran sistemáticamente adjudicadas a una "cooperativa de trabajo paralela" liderada por un consejero muy amigo del presidente en ejercicio. "Luego, el encargado de almacenes advirtió en plena reunión de Consejo que faltaban 5.000 metros de cable. A 12 dólares el metro de ese momento, hablábamos de un faltante de 60.000 o 70.000 dólares. Ahí la persecución en mi contra se volvió total", sentenció.

Fondos bajo la lupa y el costo de la intervención

El letrado Mucci sumó un dato alarmante sobre el uso de los fondos públicos cooperativos durante el año en que la gestión de Ramos ejerció el poder de forma "ineficaz" según el INAES: "La cooperativa contrató asesoramientos privados para sostener esa aventura institucional. Tuvieron 11 mediaciones privadas por cuestiones de honor y enviaban a abogados jóvenes con poderes pagados por la cooperativa. Hay una discrecionalidad absoluta en el manejo de los fondos que estamos esperando contrarrestar".

Además, el letrado advirtió que el costo de la intervención ordenada por el juez Recondo recaerá sobre las arcas de la propia entidad: "El mandamiento dice que todos los gastos del equipo judicial que vino desde Rosario y La Plata —honorarios, comida, hospedaje, viajes— deben ser cubiertos por la cooperativa. Como esto va a durar más de 60 días hábiles, va a ser una suma muy importante de dinero que pagarán los asociados por culpa de la tozudez de la gestión saliente".

El futuro: normalización y servicios garantizados

A pesar de las fundadas sospechas de desfalco económico durante el último año, donde la conducción desplazada nombró al menos a ocho empleados nuevos y administró millones de pesos en facturaciones a CAMMESA, el mensaje para los 25.000 habitantes de Monte es de absoluta tranquilidad.

Con el retorno del esquema legítimo bajo la presidencia de Miguel Ángel Sansone y la sindicatura de López, el normal funcionamiento de la electricidad, internet, telefonía, sepelios y el área educativa de la cooperativa está plenamente garantizado.

López, quien descarta de plano cualquier aspiración política o de permanencia en la presidencia a futuro, concluyó emocionado: "Tengo hijos de 20 años y cuando me armaron las causas penales pegó fuerte en mi familia. Tenía dos opciones: renunciar o dar esta batalla. Elegí dar la batalla por los valores con los que fui criado. Solo quiero terminar este proyecto de transparencia, dejar la cooperativa saneada, que democráticamente se elijan nuevas autoridades y volver a mi consultorio".