Intendentes peronistas presionaron por fondos alimentarios y advierten por el impacto de los recortes
Intendentes bonaerenses alineados con el peronismo, acompañados por la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, se movilizaron el miércoles 29 a la sede del Ministerio de Capital Humano para exigir a Sandra Pettovello la regularización de fondos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE). La protesta, que tuvo un fuerte componente simbólico, incluyó la entrega de un documento que denuncia un “desfinanciamiento inédito” en medio de una creciente demanda social.
La jornada comenzó en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por Fernando Espinoza, donde los alcaldes firmaron el reclamo con el respaldo del gobernador Axel Kicillof. Luego se trasladaron a las oficinas de Capital Humano, donde se encontraron con accesos cerrados y un cartel con críticas a la gestión provincial, lo que profundizó el tono político del conflicto.
“Venimos a pedir que la ministra cumpla con sus deudas”, sostuvo Larroque, al cuestionar el desfasaje entre el aumento presupuestario proyectado para el SAE y la inflación. En la misma línea, Magario advirtió sobre el deterioro social y la falta de respuesta nacional ante la crisis alimentaria.
Entre los intendentes presentes estuvo la jefa comunal de Cañuelas, Marisa Fassi, quien remarcó que “hablamos de la nutrición diaria de miles de niños y niñas” y cuestionó que “el Gobierno nacional no está cumpliendo con lo acordado ni asignando los fondos correspondientes”. Según expresó, hoy la Provincia y los municipios están cubriendo esas carencias.
Recortes en Cañuelas
El trasfondo del reclamo está directamente vinculado con la suspensión del programa MESA Bonaerense, que desde mayo dejará de distribuir módulos alimentarios durante 90 días. En Cañuelas, la medida implica la interrupción de un total de 12.128 cajas mensuales que se entregaban en 82 escuelas del distrito. Cada módulo contenía productos básicos como huevos, aceite, arroz, leche, harina, levadura y conservas, y representaba un complemento clave no solo para los alumnos sino también para sus familias.
La decisión de la administración de Kicillof se enmarca en la imposibilidad de sostener simultáneamente el MESA y el SAE sin el aporte nacional, que —según la Provincia— dejó de cubrir un tercio del financiamiento desde la asunción de Javier Milei. Frente a ese escenario, el gobierno bonaerense optó por reforzar en un 30% el SAE, ampliando su alcance a unos 2,5 millones de estudiantes con prestaciones directas en las escuelas.
En paralelo, también se incrementaron otras líneas de asistencia como el Módulo Alimentario Territorial (MATE) y programas sociales destinados a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, los intendentes advierten que la eliminación temporal del MESA deja un vacío difícil de cubrir en los hogares más vulnerables.
Desde el Ministerio de Capital Humano, en tanto, rechazaron las acusaciones y señalaron que la Nación “no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento” de los programas provinciales. El contrapunto político, lejos de saldarse, expone una disputa estructural sobre el financiamiento de la asistencia social en un contexto de ajuste fiscal.