Procesan sin prisión preventiva al empresario cañuelense Marcelo Porcel por abuso y corrupción de menores

El expediente contra el empresario cañuelense Marcelo Eduardo Porcel dio un giro decisivo y entró en una nueva etapa procesal. En una resolución firmada el lunes 6 de abril, el juez Carlos Bruniard dispuso su procesamiento sin prisión preventiva por una serie de delitos de extrema gravedad vinculados al abuso y la corrupción de menores.

Según la resolución, el imputado será llevado a juicio oral como presunto autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado contra al menos diez menores de edad, todos ellos compañeros de colegio de sus hijos.

El agravante radica en que los hechos habrían sido cometidos contra víctimas menores de trece años y en un contexto de guarda, ya que los adolescentes se encontraban bajo su órbita en encuentros sociales organizados en su domicilio.

A esa figura penal se suma el delito de corrupción de menores, también en múltiples oportunidades, y en uno de los casos, la producción de material con fines sexuales que involucra a un menor. Este último punto se desprende de pericias realizadas sobre dispositivos electrónicos del empresario, en los que se habrían detectado registros obtenidos sin consentimiento en ámbitos privados.

En función de estas imputaciones, el magistrado consideró acreditado el grado de probabilidad necesario para esta etapa procesal y resolvió avanzar con el procesamiento. De ser hallado culpable en el juicio oral, Porcel podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.

No obstante, el juez rechazó el pedido de prisión preventiva. En cambio, dispuso una serie de medidas restrictivas para asegurar su sujeción al proceso. Entre ellas, la prohibición de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin autorización judicial, lo que en los hechos implica la imposibilidad de salir del país. Además, deberá entregar su pasaporte bajo apercibimiento de detención inmediata en caso de incumplimiento.

La resolución también mantiene vigente una restricción de acercamiento en un radio de 300 metros respecto de las víctimas, sus familiares y testigos, así como la prohibición de establecer cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, incluso por medios electrónicos o a través de terceros.

En el plano patrimonial, el juez trabó un embargo sobre los bienes del imputado por un monto de 111 millones de pesos, en línea con la gravedad de los delitos investigados y eventuales responsabilidades civiles.

La causa se originó en julio de 2024 a partir de las denuncias de un grupo de adolescentes, compañeros del colegio de los hijos del acusado. Con el avance de la investigación, se incorporaron nuevos testimonios que elevaron a diez el número de presuntas víctimas. Las declaraciones, muchas de ellas realizadas en cámara Gesell, describen una modalidad reiterada en encuentros sociales que tenían lugar en propiedades del imputado.

El expediente también recoge elementos que apuntan a un patrón de conducta sostenido en el tiempo, con hechos ocurridos entre 2022 y 2024 en distintos ámbitos, tanto privados como laborales.

El abogado de las familias denunciantes adelantó que apelará la resolución para insistir con la prisión preventiva. Argumenta que la capacidad económica del imputado y la eventual posibilidad de fuga justifican una medida de mayor rigor.

Así, tras más de un año y medio de investigación, el caso deja atrás la etapa inicial de denuncias y medidas cautelares para consolidarse en el terreno judicial, con un procesamiento que delimita los hechos y encamina el expediente hacia el juicio oral.