El Gobierno nacional busca eliminar la ampliación del Régimen de Zona Fría por decreto

El presidente Javier Milei prepara un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el objetivo de eliminar la ampliación del Régimen de Zona Fría, que beneficia a más de 3 millones de usuarios en todo el país, entre ellos, 95  municipios bonaerenses, como es el caso de Cañuelas. Esta medida significaría un ajuste en las tarifas de gas para miles de hogares, que pasarían a pagar más por el servicio.

La propuesta, que aún está siendo evaluada desde el Ministerio de Economía, se centraría en retrotraer la ley aprobada en 2021, la cual extendió los subsidios al gas natural a los habitantes de zonas con bajas temperaturas. La medida afectaría a más de 1,2 millones de usuarios bonaerenses, quienes, bajo el régimen actual, reciben subsidios que van del 30% al 50% de la tarifa del gas, dependiendo de su situación social.

La ampliación del régimen de subsidios al gas en las zonas frías fue sancionada en 2021 bajo la ley 27.637, una normativa que consideró criterios climáticos para definir qué áreas del país deberían tener acceso a tarifas diferenciadas. Esta modificación incorporó a 95 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, entre los que se encuentran Cañuelas, y extendió el beneficio a cerca de 3,1 millones de usuarios.

Hasta entonces, solo los distritos de la Patagonia, la Puna y Malargüe estaban comprendidos bajo el régimen. Con la nueva ley, 77 distritos bonaerenses pasaron a formar parte de esta categoría, lo que representó un alivio económico para miles de familias, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. En el caso de los hogares con personas jubiladas, monotributistas sociales o beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el subsidio llega hasta el 50% del valor de la tarifa.

El costo para el Tesoro Nacional de esta medida se estimó en unos 300 millones de dólares anuales, una cifra que, según el Gobierno, es insostenible en el contexto económico actual. No obstante, los defensores de la ampliación del régimen sostienen que el fondo fiduciario que financia los subsidios se autofinancia mediante el recargo aplicado a los usuarios que no están comprendidos en la zona fría, lo que permite equilibrar las cuentas.

Reacciones locales y regionales

La decisión de eliminar la ampliación del Régimen de Zona Fría ha generado una gran preocupación en los municipios beneficiados, que ahora enfrentan una posible suba en las tarifas del gas. En Cañuelas, por ejemplo, el Concejo Deliberante local ya analiza el bloque de Unión por la Patria el impacto de la medida y prepara un proyecto de resolución que expresaría el rechazo a la decisión del Gobierno nacional.

El bloque oficialista, uno de los más influyentes en el ámbito local, ha señalado que la medida afectaría directamente a la calidad de vida de los habitantes, especialmente a los sectores más vulnerables, que verían incrementados los costos de un servicio esencial. En este contexto, se prevé que en la próxima sesión ordinaria del Concejo se exponga un firme respaldo al mantenimiento del subsidio, con llamados a defender los derechos de los usuarios y a buscar alternativas para preservar el beneficio.

El retroceso de la ley implicaría la eliminación de los subsidios para los 77 distritos incluidos desde 2021, y los usuarios de estos municipios tendrían que asumir el costo total o parcialmente del servicio, lo que podría generar un aumento significativo en las facturas de gas.

La eliminación de los subsidios al gas en las zonas frías no es la única medida que ha generado preocupación entre los usuarios y las organizaciones sociales. El mes pasado, el Gobierno de Milei dispuso el reempadronamiento obligatorio de todos los clubes de barrio que, desde 2022, gozan de un beneficio en la tarifa de gas. Esta decisión se enmarca dentro de una serie de ajustes que el Ejecutivo ha implementado en el sector energético.

Asimismo, en las últimas semanas, el gobierno nacional desreguló el mercado de gas envasado, eliminando el tope al precio de las garrafas y dejando de garantizar su distribución. Estas medidas se suman a la intención de eliminar gradualmente los subsidios a los usuarios, lo que podría generar un aumento generalizado en los costos de los servicios públicos.