IPNA alzó su voz ante el ajuste nacional y logró una resolución local por su emergencia en materia de recursos

La Fundación IPNA, con 15 años de labor incansable en Alejandro Petión, atraviesa su momento más crítico. En un contexto de ajuste generalizado en el área de discapacidad, su funcionamiento diario está en riesgo, afectando directamente a 50 personas que asisten de lunes a viernes, y al equipo de 24 trabajadores que sostiene la institución.

La situación económica nacional golpea con fuerza a entidades como IPNA, cuya labor está centrada en la inclusión social de jóvenes y adultos con discapacidad, muchos de los cuales pertenecen a familias en situación de vulnerabilidad. La imposibilidad de cubrir una cuota mensual o contribuir con una cooperadora refleja la realidad de los beneficiarios y evidencia la necesidad de un Estado presente. La semana pasada, sin ir más lejos, la intendenta Marisa Fassi visitó la sede de la calle Alejandro Magno 1495.

Hay un congelamiento, por parte del Estado Nacional, de los aranceles establecidos por el Nomenclador Nacional (regulados por la Ley 24.901), lo que ha generado un desfasaje insostenible frente a la inflación y la inestabilidad económica que atraviesa el país.

Según explicaron los responsables de la ONG, durante los últimos cinco meses de 2024 los aumentos han sido inferiores al 1% mensual y, desde enero de 2025, el sector de discapacidad no ha percibido ningún tipo de incremento. Mientras tanto, los costos operativos continúan en alza, impulsados por el aumento en los precios de los alimentos, los sueldos y otros insumos indispensables para que la Fundación pueda desarrollar sus actividades diarias.

Desde diciembre de 2023, las políticas de recorte impulsadas por el Gobierno Nacional incluyen la baja de pensiones no contributivas, demoras en pagos a prestadores y una reducción del 22% en el presupuesto del área. A esto se suma la paralización de fondos del programa Incluir Salud, lo que ha provocado una crisis sistémica que repercute en hogares, centros de día, terapias y transportes en todo el país.

En este marco, el Concejo Deliberante de Cañuelas aprobó por unanimidad una resolución la semana pasada que expresa su “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante el ajuste, y destacó el caso de IPNA como emblema de la emergencia que viven las instituciones de base. “No es solo un reclamo sectorial; es una emergencia humanitaria”, afirmaron desde el bloque Unión por la Patria.

La resolución también repudia los dichos del actual director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien declaró que “la discapacidad es un problema de la familia, no del Estado”. La afirmación fue calificada como “insensible y regresiva” por violar principios fundamentales de los derechos humanos.

Paralelamente, IPNA fue parte de una jornada histórica en el Congreso de la Nación, donde junto a otras organizaciones exigió la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que busca garantizar la sostenibilidad del sistema hasta 2027 mediante el pago de deudas, actualización de aranceles y reactivación de programas.

“Lo que está en juego no es un presupuesto: son vidas, proyectos, derechos. Y eso no puede esperar”, concluye el documento aprobado por el Concejo. Desde IPNA, el mensaje es claro: “Estamos resistiendo, pero solos no podemos”.

Las donaciones son hoy un canal vital de ayuda para sostener la actividad de la institución. Se pueden realizar al alias de Mercado Pago “ipna.solidario.mp”. Para consultas o colaboración, está disponible la cuenta de Instagram @fundacionipna.