Policiales Por: El Ciudadano01/09/2024

Un grupo de ‘okupas’ amenaza a un peón rural en su propia casa y no se cumple la clausura

Por disposición del Juzgado N°2, la Municipalidad le puso la faja de cierre a los terrenos ubicados cerca del Cementerio. Carlos Sánchez denunció que la toma continúa. Vive encerrado y atemorizado. "Acá está mi casa, tengo más de una hectárea y estoy preso”, dijo.

La estancia que fue usurpada por una banda de La Matanza y por la que rige una causa con fallo firme de la Justicia que no se respeta.

Carlos Sánchez es el indicado para situar el conflicto en los campos próximos al Cementerio Municipal de Cañuelas, en el kilómetro 69,500 de la Ruta 205. El hombre de 62 años, peón rural en dicho lugar durante toda la vida, dio a conocer la historia de la estancia que fue usurpada por una banda de La Matanza y por la que rige una causa con fallo firme que no se respeta.

Sánchez trabajó durante varios años  para el propietario, Horacio Servo, realizando tareas generales y cuidando animales. En el campo, construyó su propia familia, pero todo se desmoronó tras la muerte de su capataz. 
La situación empeoró con el arribo de ‘okupas’ procedentes de La Matanza. “Todo se puso áspero tras la llegada de unos bolivianos. Acá está mi casa, tengo más de una hectárea y estoy preso”, le dijo Sánchez a El Ciudadano.

“José María Morales es una de las cabezas de la banda; también hay un comisario metido y un abogado penalista. Hay denuncias, pero la realidad es que yo no puedo salir, porque están al acecho para tomar mi vivienda”, agregó el trabajador rural.

“Vivimos prisioneros junto a los integrantes de mi familia. Además, yo tengo dificultades con mi salud y uno de mis hijos también tiene problemas. No puedo salir de acá, vivo de guardia constantemente, esto no es vida”, compartió Sánchez, desesperado ante la situación. “Espero una respuesta del Juez de Faltas”, cerró.

A Sánchez le prometieron trabajo, pero tampoco cumplieron. Por la toma del campo de 74 hectáreas, se efectuó una causa judicial, ya que el grupo de invasores –denunciado por el peón– había intentado comercializar los lotes. Sobre la causa Nro. 4267 pesa una clausura preventiva y una multa de $ 8.752.100 ejecutada por el Juzgado N°2. El fallo se encuentra firme, pero los ‘okupas’ hacen la vista gorda con la ley y con el trabajador. ¿Por qué no hubo nuevas sanciones de la Justicia?

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