El gobierno nacional, representado en este caso por Vialidad Nacional, consiguió que la Justicia se decida a investigar a la empresa concesionaria de peaje Autopistas al Sol.

Tras una medida cautelar firmada por el funcionario cañuelense Gustavo Arrieta, el juez federal en lo Contencioso Administrativo, Enrique Lavié Pico, designó un interventor para que revise la renegociación del contrato de concesión de autopistas celebrado entre Ausol y el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

Además, frenó un pago por una supuesta deuda estimada en alrededor de 500 millones de dólares como parte de un mecanismo de compensación que habían acordado el gobierno anterior con la empresa de la que el propio Macri había participado como accionista tiempo atrás.

El juez también le prohibió a la empresa la distribución de dividendos entre sus accionistas, así como alterar “mediante cualquier figura jurídica, la composición del capital social y de las posiciones accionarias”.

El 11 de octubre, Vialidad Nacional había presentado un escrito rubricado por Arrieta pidiendo a la Justicia declarar la nulidad del Acuerdo Integral de Renegociación con Autopistas del Sol (Ausol) de 2018 por entender que comprometía al Estado “con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios”.

El acuerdo entre el gobierno anterior y Ausol -objetado ahora por Vialidad- establecía una deuda que no estaba comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años del Acceso Norte. De respetarse dicho acuerdo, la tarifa de peaje debería aumentar en promedio 20 veces.

Dicho convenio con la empresa de la que el propio Macri había sido parte, establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares de 8% anual que “era capitalizable, y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado, pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda”.

“La tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores”, explicaron desde Vialidad.

Ahora, por decisión del juez Lavié Pico, AuSol será intervenida por el designado contador José Luis Perrone, cuya tarea será “ejercer la supervisión, inspección y auditoría de la renegociación del Contrato de Concesión aludido, teniendo a su cargo la fiscalización y control de todos los actos de administración habitual que puedan afectar la normal prestación del servicio público que resulta objeto de la concesión”.

Ausol, además, tendrá prohibido de manera preventiva “la distribución de dividendos y de alterar, mediante cualquier figura jurídica, la composición del capital social y de las posiciones accionarias de la empresa”.

Sus abogados ya advirtieron que apelará ante la Justicia la decisión que tomó el juez Lavié Pico.