El concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Alvarez, presentó la semana pasada un pedido de informes en el que solicitó los detalles del convenio firmado entre la comuna y la empresa TNG Vial para la implementación del sistema de fotomultas. “A un año de votar esa ordenanza avanzó el sesgo recaudatorio y ninguna otra característica del convenio firmado. Qué pasa con el cumplimiento de todos los objetivos, como las campañas de prevención, el observatorio, la capacitación”, lanzó Alvarez desde su banca en el recinto Manuel Belgrano.
Luego se refirió al aspecto recaudatorio: “Hasta el momento, hay un solo radar móvil, con una cámara, para todo el distrito, que se va cambiando de lugar para controlar la velocidad. Por versiones periodísticas, desde enero, este sistema generó más de 40 mil infracciones. Dichas infracciones de fotomultas, son de 13.650 pesos. Esto serían unos 546 millones de pesos que se habrían recaudado y lo que habla de la magnitud de este sistema”.
“Donde más se registran las fotomultas no es en el lugar de mayor siniestralidad de Cañuelas, como Uruguay y la Ruta 205, la entrada de El Taladro, el ingreso a Uribelarrea, la subida al puente Autopista o la Ruta 3 y Pellegrini. Se lo encuentra donde pueden enganchar a algún conductor con mayor velocidad”, observó el edil.
Y según solicitó Alvarez, “se debe conocer la licitación, el contrato o convenio, además las condiciones, que haya hecho el municipio con empresas privadas. Mientras tanto, anunciaron que instalarán 22 nuevas cámaras fijas. Entonces nos preguntamos cuánto se va a recaudar y cuánto se recaudó. Y adónde va ese dinero. Cuando esto se aprobó en el Concejo, fue por el convenio entre la Municipalidad y Vialidad Provincial, pero no había una empresa privada”. 
Otro aspecto cuestionado por la oposición es que las infracciones no se tramitan en el distrito a través del Juzgado de Faltas de Cañuelas, sino que debe dirigirse a La Plata.
Desde el oficialismo, Maximiliano Mazzanti, respondió que “se trató de mejorar la gestión de la seguridad vial cuando votamos este proyecto. Nuestro distrito está atravesado por distintas rutas y consideramos que era conveniente esto”.
“Escuchando a la oposición no se ve advierte que pidan datos de la recaudación. Se hacen planteos que no están contenidos en el pedido de informes. Y queda flotando en el aire una información que no se va a suministrar, o con qué fin la solicitan”, dijo el presidente del bloque del Frente de Todos. Y detalló que, “la empresa mencionada ya estuvo operando y logró que se bajen las infracciones. Las campañas escolares y la capacitación a los agentes municipales, fueron atravesadas por una pandemia, algo que omite la oposición. También el Juzgado de Faltas fue impactado”.
Luego reiteró algo que suele hacer su bancada oficialista: “El espíritu del proyecto excede ciertos límites. A veces hay cosas propias del Ejecutivo municipal en las cuales el Concejo Deliberante no puede tener injerencia, tal como manifiesta la Asesoría General de Gobierno. Saber del convenio creo que son cuestiones que exceden. Por ello el proyecto debería ir a comisión, al mismo tiempo se debería citar a algún funcionario de la Municipalidad. Y el proyecto tiene una mirada mediática. Acá faltan fuentes oficiales”.
En otro pasaje, Alvarez se preguntó: “Cómo va a exceder la facultad del Concejo, pedirle al municipio qué contrato firmó con una empresa, a la que le cedió el 40 por ciento de semejante masa recaudatoria. ¿Cómo no vamos a saber las condiciones con las que se comprometió el municipio, qué es lo que la empresa hace para llevarse ese porcentaje, de unas 40 mil infracciones y por 540 millones de pesos?; de un convenio que aprobó el Concejo, en octubre del año pasado, cuando era todo para la Municipalidad, pero que luego se contrató a una empresa privada. ¿A cambio de qué? Buscan recaudar o prevenir accidentes. ¿Cómo no vamos a conocer las condiciones que fijó el municipio para distribuir el dinero de los ciudadanos?”.
Alvarez también le indicó a Mazzanti, que “hay varios pedidos de informes con demoras de meses o un año para que lleguen los funcionarios y respondan alguna situación. Quiero la información por escrito y hablar con el funcionario. O en todo caso que se comprometa el funcionario a venir y que el proyecto vaya a comisión, para luego solicitar la documentación por escrito”.
Para Romina Marques Antunes el proyecto de Juntos, “tiene todo un tinte electoral”. Lo rechazó no desde un punto técnico, solo viendo razones políticas y de posicionamiento en los medios de comunicación. “Generan, dudas, temores y confusión. Todo un manto de sospecha con este proyecto al vecino, vecina”, enumeró la contadora. Una argumentación ya planteada en otras sesiones. 
La iniciativa de la oposición fue girada por los votos del FdT a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

Leandro Barni – [email protected]