El Ciudadano
El Gobierno Municipal de Cañuelas y las autoridades de la Cooperativa de Electricidad Antonio Carboni alcanzaron un acuerdo con representantes de Uribelarrea y El Taladro para encauzar el conflicto por la calidad del servicio eléctrico y la facturación. El encuentro culminó con la firma de un acta que impone mecanismos de control técnico, suspende suspensiones de suministro por deuda y establece un nuevo esquema para la lectura de medidores.
Del debate participaron el secretario Legal y Técnico, Sebastián Demicheli Calcagno, el secretario de Coordinación, Fernando Jantus, la asesora de la Intendencia, Laura Rial, y el concejal de Fuerza Patria, Fernando Abdo. La Cooperativa estuvo representada por su presidente, Eduardo Liñeiro, mientras que los vecinos contaron con la vocería de Gustavo Archenzio, Verónica Vicente, Gastón Recalde y Eugenio Tomé.
El punto central del texto suscrito es la puesta en marcha de una auditoría técnica sobre la red en ambas localidades. Los profesionales a cargo del peritaje serán propuestos por los propios usuarios, y la prestadora tendrá la obligación de abrir sus registros contables, documentación técnica, medidores e instalaciones para hacer viable la revisión.
Para resolver los reclamos acumulados, la entidad evaluará la apertura de una oficina de atención semanal en El Taladro. En paralelo, se otorgarán planes de pago adaptados a la capacidad de los usuarios para las boletas con vencimiento en mayo y junio, sin la aplicación de recargos ni punitorios. Durante un plazo de 30 días corridos no se ejecutarán cortes por saldos pendientes acumulados exclusivamente en esos dos meses.
El acta aborda además el criterio de medición del consumo. La prestadora analizará pasar a un sistema presencial y obligatorio cada 30 días para terminar con las estimaciones imprevistas. Si los operarios no logran acceder al medidor por un impedimento ajeno a la empresa, deberán dejar constancia explícita del motivo antes de emitir la factura.
Desde el Municipio remarcaron que el incumplimiento de cualquiera de estas pautas facultará al Ejecutivo local a aplicar sanciones o intervenir en el marco de sus atribuciones sobre la concesión pública. La medida busca fijar una hoja de ruta técnica y legal ante una demanda recurrente en la zona rural del distrito.
