El Ciudadano
La escasez de recursos y la urgencia por optimizar la recaudación autónoma en los municipios bonaerenses abrieron paso a un debate legislativo de marcado corte pragmático y territorial. La diputada provincial de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, oriunda de nuestro distrito, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para modificar la Ley 10.342.
La iniciativa busca facultar formalmente a las administraciones comunales de la provincia de Buenos Aires a otorgar permisos de usufructo sobre las banquinas de rutas y caminos de jurisdicción provincial, una franja de la traza pública históricamente excluida de toda actividad económica.
En los fundamentos de la propuesta, la legisladora massista sostiene que el marco normativo actual permite la cesión de parcelas de tierra linderas a la red vial bonaerense, pero prohíbe de manera expresa la intervención en las banquinas, reservadas exclusivamente por razones operativas y de seguridad.
Esta exclusión genera, según la perspectiva de la diputada del peronismo, una "doble problemática": el desperdicio sistémico de miles de hectáreas lineales de suelo fértil aptas para la producción y una notable "pérdida de chance fiscal" para las intendencias, privadas de percibir cánones, tasas o derechos de ocupación en un contexto macroeconómico complejo.
Para instrumentar la medida y dotarla de rigor administrativo, el articulado contempla la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales que funcionará bajo la órbita directa de la autoridad de aplicación del proyecto.
Los terrenos cedidos se destinarían a explotaciones agrícolas de baja escala, siembra de forrajes, planes de forestación dirigidos, parquización urbana o a la instalación planificada y regulada de infraestructura de servicios comerciales y logísticos. De acuerdo al diseño financiero de la concejala con mandato cumplido Rasquetti, los fondos recaudados por esta vía tendrían una asignación específica inmediata: el financiamiento de obras públicas de infraestructura comunitaria, el mejoramiento del entramado vial rural local y el sostenimiento de políticas locales de seguridad ciudadana.
Consciente de las resistencias que el uso productivo de las banquinas despierta en términos de siniestralidad y ordenamiento del transporte, la diputada aclaró que la propuesta define a la seguridad vial como una "prioridad absoluta". Para evitar riesgos en la circulación, el proyecto prevé que el otorgamiento de cada permiso sea coordinado de manera estricta con la Dirección de Vialidad bonaerense y los organismos viales especializados.
De esta forma, la habilitación de los suelos ociosos estará sujeta a dictámenes técnicos que resguarden de modo riguroso las distancias de frenado, la visibilidad de los conductores y las zonas naturales de escape de la calzada principal, buscando consolidar un equilibrio viable entre rentabilidad fiscal y prevención urbana en los accesos de la provincia.
