El Ciudadano
La Sala IV de la Cámara del Crimen confirmó este jueves el procesamiento de Marcelo Eduardo Porcel en la causa en la que está acusado de abusar sexualmente de compañeros de colegio de sus hijos y ordenó reforzar las medidas de control sobre el empresario, con la colocación de una tobillera electrónica y dispositivos de alerta para las víctimas.
La resolución, firmada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Lucini, mantuvo la libertad del imputado pero agravó su situación cautelar. Además de ratificar las restricciones de acercamiento, dispuso “la inmediata colocación de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización” y la entrega de dispositivos antipánico a los denunciantes para advertir eventuales acercamientos.
El tribunal también ordenó que el empresario Porcel, propietario del establecimiento agricolo-ganadero Campazú, en Vicente Casares, se someta a la extracción de material genético para incorporar una muestra de ADN al expediente.
La decisión se conoció después de una audiencia en la Cámara convocada tras las apelaciones de la defensa y de la querella. Tanto los abogados de las víctimas como la fiscalía y la asesora de menores reclamaron la detención del empresario, mientras que la defensa pidió revocar el procesamiento dictado en primera instancia.
En paralelo, siete de los diez denunciantes enviaron una carta a los camaristas en la que reclamaron que Porcel fuera encarcelado por los hechos denunciados.
La investigación se inició en 2024 luego de denuncias de padres y adolescentes que relataron presuntos abusos ocurridos en reuniones organizadas en el entorno familiar del empresario. Los denunciantes eran compañeros de los hijos de Porcel en el Colegio Palermo Chico.
Según consta en el expediente, varios menores declararon en Cámara Gesell y describieron situaciones compatibles con maniobras de abuso, exposición sexual y corrupción de menores. La causa avanzó con nuevos testimonios y peritajes.
En abril pasado, el juez Carlos Bruniard había procesado a Porcel por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representación sexual de menores de edad. La imputación comprende hechos reiterados respecto de diez adolescentes.
Uno de los elementos incorporados al expediente fue un peritaje sobre el teléfono celular del empresario, en el que se encontraron fotografías tomadas presuntamente con cámaras ocultas a menores desnudos mientras se duchaban en el departamento familiar ubicado en el edificio Le Parc, en Palermo.
La investigación sostiene además que el acusado habría suministrado alcohol y dinero a los adolescentes para incentivarlos a desnudarse cuando tenían entre 11 y 15 años.
Con la resolución de la Cámara, el empresario quedó en condiciones de avanzar hacia el juicio oral bajo cargos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de imágenes sexuales de menores.
