Leandro Barni
La política local volvió a quedar atravesada por una disputa que ya excede el recinto del Concejo Deliberante y se traslada al terreno judicial y personal. El enfrentamiento entre ediles de La Libertad Avanza y la dirigente radical Claudia Pereleteguy sumó un nuevo capítulo con el cruce de cartas documento derivadas de las críticas públicas realizadas contra la dirigente.
De todos los integrantes libertarios señalados por la concejala Pereleteguy, sólo uno recibió formalmente la notificación: el concejal Bautista Augusto. Según explicaron desde el espacio, la carta fue entregada en un domicilio donde el edil no reside actualmente, aunque allí vive un familiar que aceptó la documentación enviada por correo.
La recepción de la carta obligó a Augusto a responder formalmente mediante otra carta documento, en la que rechazó “por improcedentes, inexactos y carentes de sustento fáctico y jurídico” las acusaciones formuladas por Pereleteguy. En su descargo, el concejal argumentó que los dichos cuestionados fueron expresados en el ámbito del Concejo Deliberante y, por lo tanto, se encuentran amparados por las garantías constitucionales vinculadas a la libertad de expresión y al ejercicio de la representación política.
La semana pasada el bloque libertario había presentado una nota ante el presidente del HCD, Maximiliano Mazzanti, contra Claudia Pelereteguy por presunto maltrato y violencia verbal. En tanto, la edil había avanzado con intimaciones legales contra los cinco firmantes de la denuncia.
El planteo introduce una discusión sensible sobre los límites del debate político y el alcance de las expresiones vertidas dentro del recinto legislativo. Desde el entorno libertario sostienen que las manifestaciones realizadas durante sesiones o comunicaciones institucionales forman parte de la actividad parlamentaria y no deberían derivar en litigios judiciales.
Sin embargo, el episodio también dejó expuestas contradicciones internas dentro de La Libertad Avanza. Sectores políticos locales recordaron que meses atrás dirigentes del mismo espacio habían evaluado judicializar declaraciones del referente vecinalista Pablo Olveira, en una controversia política que finalmente no avanzó en tribunales.
La sucesión de amenazas de demandas, cartas documento y respuestas legales refleja un clima cada vez más crispado en la política local, donde las diferencias discursivas comienzan a resolverse fuera del terreno estrictamente político. Mientras tanto, en el Concejo Deliberante crece la preocupación por una dinámica que amenaza con profundizar la confrontación y desplazar el debate de los temas públicos hacia disputas personales.
