Leandro Barni
La motosierra libertaria volvió a descargar todo su peso sobre áreas sensibles del Estado nacional. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno ejecutó una fuerte modificación del Presupuesto Nacional aprobado apenas cuatro meses atrás por el Congreso.
La norma, presentada bajo el habitual argumento de “adecuación de partidas”, esconde detrás de sus 588 fojas una nueva batería de recortes que impactan de lleno sobre programas esenciales de la administración pública. La magnitud del ajuste motivó fuertes críticas de dirigentes opositores y especialistas en políticas públicas, quienes consideran que se trata del mayor retroceso presupuestario desde la recuperación democrática de 1983.
Entre quienes cuestionaron la medida se encuentra el ex diputado nacional Alejandro Rodríguez, quien definió los recortes como “despiadados” y “de una insensibilidad sin límites”. El ex legislador denunció que la decisión oficial profundiza el vaciamiento de áreas estratégicas y compromete la capacidad operativa del Estado en sectores críticos.
El tijeretazo alcanza programas del Ministerio de Salud, partidas vinculadas a la Cancillería, proyectos tecnológicos como el diseño y construcción de satélites, fondos para la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, además de recursos destinados a infraestructura hidráulica y mantenimiento vial.
El ajuste para Cañuelas y la región
Pero uno de los impactos más concretos y visibles para la provincia de Buenos Aires aparece en la obra pública vial. Según surge de la Planilla Anexa al Artículo 1°, el Gobierno nacional eliminó 502.468.817 pesos correspondientes al “Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme Ruta Provincial 21 – Cañuelas, Sección Km 29 al Km 64”, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad.
La poda presupuestaria también incluye otros 940 millones de pesos destinados a mantenimiento vial en distintos puntos del territorio bonaerense, consolidando una política de paralización de obras que ya venía generando preocupación entre intendentes y sectores productivos.
El tramo afectado de la Ruta Nacional 3 constituye uno de los corredores más importantes del conurbano y sudoeste provincial. La traza conecta sectores densamente poblados de La Matanza —como Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere y Virrey del Pino— con el distrito de Cañuelas, además de áreas de influencia cercanas a Marcos Paz y Ezeiza.
La referencia kilométrica incluida en el anexo oficial ubica el inicio de la obra en las inmediaciones del empalme con la Ruta Provincial 21, cerca de Virrey del Pino, mientras que el tramo final alcanza el acceso y distribuidor de Cañuelas, punto neurálgico de conexión con la Ruta Provincial 6 y la Ruta Nacional 205.
Se trata de un corredor clave tanto para el tránsito cotidiano como para el transporte de cargas y la conectividad regional. La suspensión o ralentización de tareas de mantenimiento genera preocupación por el deterioro de la calzada, el aumento del riesgo vial y el impacto económico sobre una de las zonas logísticas más activas del área metropolitana.
El ajuste no se limita a las rutas. También aparecen recortes sobre organismos descentralizados y programas ambientales, incluyendo partidas destinadas a Parques Nacionales, en línea con una estrategia oficial que privilegia el equilibrio fiscal incluso a costa de la inversión pública y el funcionamiento estatal.
Desde distintos sectores políticos advierten que la nueva modificación presupuestaria consolida un esquema de retracción del Estado nacional que golpea especialmente a las provincias y municipios, obligados a enfrentar con recursos propios obras y servicios que históricamente dependieron de financiamiento federal.
