Leandro Barni
El Concejo Deliberante local volvió a poner en agenda la situación del predio conocido como la pileta Santa Marta, un espacio emblemático de la ciudad que desde hace décadas atraviesa un proceso inconcluso de transferencia y permanece, en los hechos, sin uso.
La presentación de un pedido de informes por parte de la concejala Claudia Pelereteguy (UCR) reactivó un expediente que combina decisiones políticas, conflictos administrativos y dilaciones judiciales, y que hasta hoy impide su recuperación plena como ámbito público.
La iniciativa fue tratada durante el jueves 16 en la segunda sesión ordinaria y apunta a obtener información detallada sobre el estado patrimonial del inmueble, ubicado en Del Carmen casi Uruguay. La solicitud se inscribe en un contexto de creciente incertidumbre en torno al destino del predio, que formalmente debía ser transferido a la Dirección General de Cultura y Educación para el funcionamiento del Centro de Educación Física N° 53, pero cuya escrituración nunca se concretó.
El tema no es nuevo. Durante el verano, este medio publicó el 22 de enero un artículo en el que se repasaba la trayectoria del lugar bajo el título “El predio de la pileta Santa Marta, entre la memoria deportiva y un abandono que ya lleva décadas”, donde se describía el contraste entre su pasado como núcleo recreativo y su presente de deterioro, atravesado por una compleja trama administrativa y judicial. Aquella reconstrucción expuso un expediente que, pese a su relevancia social, no registraba avances sustanciales desde 2018.
El pedido de informes retoma ese punto de partida y busca establecer con precisión el estado actual del trámite. Entre los aspectos requeridos figuran el número de expediente, la dependencia responsable, el estado procesal, los plazos previstos para su resolución y las medidas adoptadas para garantizar la disponibilidad del predio. También se solicita información sobre eventuales obstáculos legales, administrativos o presupuestarios, así como la planificación prevista para su puesta en valor en caso de concretarse la adjudicación.
La presentación se produce en paralelo a un conflicto reciente vinculado al uso de espacios por parte de alumnas del CEF 53 en la Escuela 27, situación que volvió a evidenciar la falta de una sede propia para la institución, tema del cual informó El Ciudadano. La indefinición sobre el predio Santa Marta aparece así como un factor estructural que condiciona el desarrollo de actividades deportivas y educativas en el distrito.
El recorrido del inmueble revela un entramado de decisiones acumuladas. El predio está conformado por varias parcelas adquiridas por la Municipalidad a fines de la década de 1980, en parte mediante compra directa al Cañuelas Fútbol Club y en parte a través de una subasta judicial. A ese conjunto se suma la denominada parcela 9, cuya situación dominial presentó particularidades que terminaron complejizando el proceso de transferencia.
En 2004, el Concejo Deliberante de Cañuelas aprobó por unanimidad la donación del predio a la Dirección General de Escuelas, con destino específico al CEF 53. Sin embargo, la formalización de esa cesión quedó trunca. En una primera etapa, el trámite se vio afectado por la ocupación de una vivienda dentro del complejo por parte de un empleado municipal, lo que derivó en litigios cruzados que se extendieron durante años y llegaron hasta la Corte Suprema, aunque sin una resolución de fondo por el fallecimiento del involucrado.
Superado ese episodio, surgieron nuevos obstáculos vinculados a la regularización dominial de la parcela 9. Informes técnicos de la propia Dirección General de Escuelas señalaron la necesidad de acreditar la titularidad completa de ese sector, en particular respecto de fracciones cuya situación sucesoria no estaba cerrada. Si bien con el tiempo se avanzó en la resolución de esas cuestiones, quedaron pendientes definiciones internas del Club Cañuelas sobre la transferencia de esa parcela al municipio, un paso necesario para completar el conjunto.
A ese cuadro se sumaron factores coyunturales que contribuyeron a la parálisis. En enero de 2017, la muerte de Jhostin, de cinco años, en el predio durante una colonia de verano, derivó en investigaciones judiciales que, aunque no constituían un impedimento formal para la cesión del inmueble, fueron invocadas en distintos momentos como argumento para postergar intervenciones. Con el correr de los años, la falta de avances consolidó un escenario de inacción.
El resultado es un predio de alto valor estratégico, enclavado en una zona urbana consolidada, que permanece mayormente cerrado y sin utilización efectiva. La existencia de una única oficina en funcionamiento contrasta con la inactividad del resto de las instalaciones, incluyendo el natatorio que supo ser eje de colonias de vacaciones y actividades comunitarias.
En términos políticos, el pedido de informes introduce presión sobre los organismos responsables de la tramitación y obliga a explicitar si la demora responde a impedimentos objetivos o a la ausencia de una decisión para destrabar el expediente. La dimensión temporal del caso —con antecedentes que se remontan a 1987 y una donación aprobada hace más de dos décadas— refuerza la percepción de un proceso que excede los tiempos administrativos habituales.
La definición del destino del predio Santa Marta aparece así como un punto de convergencia entre demandas educativas, planificación urbana y gestión patrimonial. La posibilidad de dotar al CEF 53 de una sede propia y recuperar un espacio histórico para la comunidad depende, en última instancia, de la resolución de un expediente que permanece abierto y sin resultados concretos.
