Leandro Barni
En medio de una escalada de violencia escolar que encendió alertas en distintos puntos del país, la jornada educativa en la región recuperó ayer una apariencia de normalidad. Sin embargo, esa sensación resultó apenas superficial. Puertas adentro y en los accesos en algunos de los establecimientos, la dinámica cotidiana quedó atravesada por un clima de tensión que se expresa en la preocupación de las familias, el temor de los estudiantes y la implementación de protocolos que, hasta hace poco, parecían lejanos a la vida escolar.
Las amenazas de tiroteos que circularon en al menos cuatro escuelas durante la última semana, sumadas a episodios concretos de violencia, configuraron un escenario que obligó a las autoridades educativas a reforzar los mecanismos de prevención y respuesta. En ese contexto, la presencia policial en instituciones como el establecimiento Estrada se volvió parte del paisaje habitual, una imagen que sintetiza la gravedad de la situación.
El viernes 17, en la Escuela Secundaria N°4 del barrio Libertad, un episodio marcó a la comunidad educativa. Pintadas con mensajes intimidatorios obligaron a modificar la organización interna del establecimiento. “Hicieron cambiar a los chicos de salón porque llegó la policía para hacer las pericias. Yo estaba ahí. No vi a la policía porque nos trasladaron a otro sector, pero entraron mientras los alumnos estaban en otra parte de la escuela. Fue bastante angustiante para todos: chicos y docentes”, relató una testigo.
El martes 21, en tanto, una nueva intervención de fuerzas de seguridad volvió a poner en evidencia la fragilidad del contexto. Dos móviles, pertenecientes a la Policía Comunal y a la Guardia Urbana, acudieron al establecimiento Estrada ubicado sobre la calle Mitre. Desde la dirección no se brindaron mayores precisiones, más allá de confirmar que se había activado el protocolo correspondiente. Todo ocurrió en medio de una jornada de paro de docentes y auxiliares, lo que redujo la presencia de estudiantes y docentes, aunque no logró evitar la preocupación.
A la par de estos episodios, comenzaron a circular mensajes en grupos de WhatsApp dirigidos a docentes, en los que se advertía sobre la necesidad de prestar especial atención a posibles pintadas o señales de amenaza. La consigna fue clara: detectar, informar e intervenir de inmediato.
En las veredas de las escuelas, el debate también aflora con fuerza. “Todo esto legitima la ley de punibilidad del gobierno nacional”, sostuvo un profesor consultado, en referencia a las discusiones impulsadas por el presidente Javier Milei sobre la baja de la edad de imputabilidad. “Muchos dicen que está bien que actúe la ley y que se forme una causa judicial con un menor. Que lo metan preso. Pero creo que esto no tiene que ver con un reto viral, sino con un clima que se está generando. Hay un discurso que impacta y se traduce en estas situaciones”, agregó.
Del otro lado, las familias intentan contener la angustia. “Nos dijeron las autoridades de la escuela que habían hecho la denuncia y que estaban atentos. Que iban a reforzar la vigilancia, incluso con preceptores en los baños. Tratamos de que no sea un trauma”, expresó una madre, reflejando la preocupación que se replica en numerosos hogares.
Al finalizar el turno de la mañana, un docente explicó a este medio que “la presencia policial responde al eco de lo que ocurre a nivel nacional y regional, con un supuesto movimiento subcultural que se replica en el país a partir de denuncias y la generación de pánico. Estamos aprendiendo a abordar esta situación”. Y otro agregó: "La titular de la Dirección de Escuelas debería renunciar por impulsar la judicialización de lo pibes".
Provincia definió protocolo
Frente a este escenario, el gobierno bonaerense avanzó en la formalización de un protocolo específico para abordar amenazas de este tipo. El documento, distribuido entre el viernes y el sábado a todas las instituciones educativas de la provincia, establece pautas claras de intervención ante situaciones que involucren posibles tiroteos o la presencia de armas.
El eje central es la celeridad en la respuesta. Ante la detección de mensajes amenazantes, el personal debe comunicar de inmediato al equipo directivo, que a su vez dará aviso a inspectores de enseñanza y autoridades distritales y regionales. En paralelo, la dirección del establecimiento tiene la obligación de radicar la denuncia ante la fiscalía correspondiente, dando inicio a una investigación judicial.
Uno de los aspectos destacados del protocolo es la recomendación de evitar, en una primera instancia, la identificación de estudiantes involucrados, con el objetivo de resguardar sus derechos. La medida se aplica tanto a mensajes detectados en soportes físicos —como pintadas o carteles— como en entornos digitales.
El documento también detalla cómo actuar ante la eventual presencia de un arma dentro del ámbito escolar. La premisa es considerar siempre que el arma está cargada. En ese marco, se indica que el personal adulto debe intentar calmar al estudiante y establecer un diálogo, mientras otro integrante de la institución da aviso al 911.
Entre las recomendaciones, se incluye pedir al alumno que deposite el arma en una superficie segura y que retire el dedo del gatillo, en caso de tratarse de un arma de fuego. En ningún caso otras personas deben manipular el arma. Será la fuerza pública la encargada de retirarla. Además, se dispone que un adulto permanezca resguardando el aula para evitar el ingreso de terceros hasta la llegada de las autoridades.
El protocolo es categórico en un punto: la presencia de un arma configura un delito. Por lo tanto, una vez controlada la situación, el estudiante deberá quedar bajo custodia, con intervención de su familia y del sistema judicial.
Superada la emergencia, el enfoque se desplaza hacia lo socioeducativo. Las instituciones deben planificar intervenciones integrales que incluyan espacios de reflexión con los estudiantes, acompañamiento a las familias y revisión de los procedimientos aplicados. También se promueve el fortalecimiento de acuerdos de convivencia y el abordaje del uso responsable de las herramientas digitales.
La iniciativa fue impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, a cargo de Flavia Terigi, en articulación con el Ministerio de Seguridad provincial. En ese marco, se llevaron adelante reuniones con sindicatos docentes para evaluar la situación y coordinar acciones.
“Seguiremos monitoreando conjuntamente la situación”, señalaron desde el gobierno, al tiempo que destacaron la importancia de profundizar el trabajo territorial. Entre las medidas acordadas, se incluye el impulso a mesas intersectoriales en aquellos distritos que aún no cuentan con estos espacios, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante conflictos y situaciones de violencia.
