El Ciudadano
En medio de la creciente tensión por la crisis del sistema de discapacidad, un artículo publicado por Alex Goldman en Infobae expone con dureza la posición de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Discapacidad del municipio de Cañuelas, que acusa al Gobierno nacional de sostener una “puesta en escena” sin impacto real.
Según el planteo, en las últimas semanas la administración central intentó mostrar avances mediante resoluciones y reordenamientos normativos que, en apariencia, apuntan a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, desde el territorio sostienen que ese esquema carece de sustento material: “no hay cumplimiento posible cuando el propio Ministerio de Salud interrumpe la cadena de pagos de prestaciones esenciales y deja colapsar el sistema”.
El eje del conflicto es financiero. Instituciones de todo el país arrastran deudas por servicios prestados desde octubre y noviembre de 2025. Para la Secretaría, no se trata de un problema administrativo sino de una decisión política que compromete la continuidad de apoyos, tratamientos y servicios básicos para miles de personas con discapacidad.
El diagnóstico se agrava tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en un contexto donde —afirman— el Ministerio de Salud no logró garantizar previsibilidad ni normalizar los pagos. “Se firman resoluciones para anunciar el cumplimiento de la Ley, pero sin presupuesto no hay ejecución real”, advierten. Y sintetizan: una norma sin financiamiento “es simulación”.
La preocupación no es aislada. La Conferencia Episcopal Argentina, a través de su Comisión Ejecutiva, también alertó en una carta enviada el 1° de abril al ministro de Salud, Mario Lugones sobre la “grave situación” de las instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad, afectadas por retrasos e insuficiencia de fondos.
Desde CAIDIS y la Secretaría local aseguran que el impacto ya es visible en el territorio: un sistema del que dependen unas 250.000 personas —y que involucra indirectamente a más de un millón entre familiares, profesionales y trabajadores— funciona al límite. Hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos y transportistas continúan prestando servicios, en muchos casos a costa de endeudamiento propio.
En ese marco, el posicionamiento es categórico: el Gobierno “hace la trampa” al anunciar medidas que quedan en suspenso por falta de financiamiento. El reclamo apunta a decisiones concretas: regularizar la cadena de pagos de programas como Incluir Salud y PAMI, cancelar compensaciones adeudadas y garantizar un esquema que evite nuevas interrupciones.
“El ajuste no puede recaer sobre las personas más vulnerables”, concluyen desde Cañuelas. La advertencia es directa: sin asignación presupuestaria efectiva, la emergencia en discapacidad seguirá siendo, más que una política pública, una declaración sin cumplimiento.
