Leandro Barni
La muerte de la neurocirujana Alejandra Rabadán, ocurrida el 11 de enero de 2022 dentro del Club de Campo La Martona, volvió a sacudir el debate sobre el funcionamiento de los sistemas de emergencias privadas y la trama de responsabilidades que se activa cuando una urgencia médica sucede en un ámbito cerrado. Cuatro años después, su hermana, la arquitecta Patricia Rabadán, sostiene que hubo abandono, demoras y encubrimientos que aún no fueron esclarecidos por la Justicia.
La denuncia judicial impulsada por Patricia apunta contra una médica que acudió al llamado de urgencia y cuestiona el accionar del servicio de emergentología contratado por el country. El caso fue publicado en octubre de 2025 por el El Ciudadano y alcanzó repercusión nacional el 6 de enero, cuando el programa Lape Club Social, por América TV, transmitió durante más de 40 minutos desde el ingreso al predio de Alejandro Petión.
La transmisión expuso una situación tan tensa como reveladora. El equipo periodístico no pudo ingresar al barrio cerrado para realizar el programa desde la casa de Patricia Rabadán, pese a que esa era la idea original. La seguridad privada informó que la administración no autorizaba el acceso y, tras varios intentos de la producción, la administradora nunca salió al aire. En su lugar, intervino un asesor legal del club, cuyas declaraciones derivaron en contradicciones y en la difusión de aspectos íntimos de la familia Rabadán.
Ante la negativa, Patricia intentó que interviniera el destacamento policial de Alejandro Petión. El móvil nunca llegó. En vivo, la arquitecta vinculó esa ausencia con presuntos acuerdos entre la administración del country y la fiscalía interviniente. También apuntó contra el fiscal jJavier Berlingieri, a quien acusó de haber trabado la causa durante tres años, limitándola a peritajes sin avances sustanciales.
Durante el programa, Rabadán deslizó además que ella había realizado cuestionamientos sobre el manejo de fondos y las finanzas de la administración del club, aunque ese eje no llegó a desarrollarse en profundidad por la dinámica de la transmisión en directo. Según su entorno, Alejandra solo se dedicaba de lleno a la medicina y la docencia, y no tenía otro tipo de exposición pública.
Ya avanzada la emisión, se comunicó telefónicamente Diego Curia, presentado como abogado del conjunto inmobiliario La Martona. El letrado sostuvo que no se permitía el ingreso de cámaras por razones de privacidad e intimidad, y aclaró que el Club no es parte ni de la causa penal ni de la civil iniciada por Patricia Rabadán. Afirmó que el country cuenta con una ambulancia y un servicio de emergentología contratado, pero evitó profundizar al señalar que el tema está en manos de otro abogado.
Curia insistió en que La Martona “no tiene nada que ver” con el caso y que se trata de un conflicto con el servicio de ambulancias. También señaló que, en el expediente civil, hay personas denunciadas por su rol en la administración y una médica que acudió al llamado. En ese marco, introdujo un elemento que generó fuerte rechazo: sostuvo que Alejandra Rabadán no llamó a su hermana Patricia porque no tenía contacto con ella, que la tenía bloqueada en el teléfono y que se trataba de “una persona con conflictos”, incluso con su propia hija.
La respuesta no tardó en llegar. El conductor Mauro Zeta le advirtió al abogado que ese tipo de afirmaciones constituían un “golpe debajo de la cintura” y que implicaban ingresar en la interna familiar. Patricia Rabadán rechazó de plano esas versiones: cuestionó de dónde surgían esos dichos y afirmó que nadie le avisó lo que estaba ocurriendo con su hermana. También sostuvo que la ambulancia del club tenía una demora estimada de cinco minutos para llegar a su vivienda, un tiempo que, en una emergencia, resulta determinante.
Tras la comunicación con el abogado, y ante la imposibilidad de ingreso formal del equipo, Patricia decidió entrar sola al club, salió con su vehículo y subió al periodista y a un camarógrafo, que ingresaron con un teléfono celular como único recurso técnico. De ese modo, la nota pudo continuar dentro de las instalaciones del country, aunque con un equipo mínimo. Luego de unos minutos el contacto telefónico se perdió y no se pudo continuar con la transmisión. Se estimaba que el programa iba a continuar con el caso y volver al Club de Campo.
Mientras tanto, desde el programa se afirmó que funcionarios judiciales estaban siguiendo la transmisión y que, por las características del caso, podría tratarse de un abandono de persona seguido de muerte. Más allá de las calificaciones legales, la exposición mediática volvió a colocar el foco en un sistema donde la salud queda atada a contratos privados, protocolos internos y administraciones que se cierran sobre sí mismas. La muerte de Alejandra Rabadán, aún sin una resolución judicial clara, sigue interpelando a la Justicia y al modelo de atención de emergencias en ámbitos privados.
