Leandro Barni
A nueve años de la muerte de Jhostin Condori, el nene que se ahogó durante una colonia de verano en un natatorio público de Cañuelas, su familia sigue esperando una respuesta de la Justicia. El tiempo pasó, pero la causa judicial continúa marcada por dilaciones, suspensiones y un profundo sentimiento de desamparo.
El hecho ocurrió el 4 de enero de 2017 en la pileta municipal “Santa Marta”, ubicada en la calle Del Carmen, durante el primer día de actividades de la colonia organizada por la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Municipalidad de Cañuelas y el Centro de Educación Física (CEF) Nº 53. Jhostin, de apenas 5 años, fue retirado del agua con muerte cerebral y falleció tres días después en el hospital El Cruce, de Florencio Varela.
Sonia Condori Flores, madre del niño, sostiene que desde el inicio se intentó desviar la atención sobre lo ocurrido. “Yo como madre pido que paguen los responsables por la muerte de mi hijo Jhostin, de tan solo cinco añitos. Él se ahogó en una pileta municipal el 4 de enero de 2017, pero lo trataron de tapar todo diciendo que había convulsionado, que sufría epilepsia y que al convulsionar aspiró su propio vómito. Eso fue lo primero que se dijo”, afirmó. Y agregó: “Después de esto, estuvo luchando por su vida durante tres días y el 7 de enero de 2017, cerca de las 12.30, falleció”.
Por el caso están imputados por homicidio culposo los guardavidas Gabriel Juárez Roldán y Maximiliano Ramos, y el profesor de educación física, Gastón Daniel Martínez. Sin embargo, el juicio oral y público, que estaba previsto para noviembre de 2024, fue suspendido a último momento por un inconveniente técnico: Martínez quedó sin defensor oficial, lo que obligó a reprogramar todo el proceso.
La causa es investigada bajo el artículo 84 del Código Penal, que sanciona la imprudencia, negligencia o impericia que provoca la muerte de otra persona. El fiscal José Pippo consideró penalmente responsables a los guardavidas, mientras que el juez Martín Miguel Rizzo rechazó el pedido de sobreseimiento del profesor Martínez, al sostener que la eventual responsabilidad no recaería únicamente en los bañeros.
Para Sonia Condori Flores, madre de Jhostin, la suspensión del juicio fue otro golpe en un camino que define como “agotador”. “No tengo ninguna novedad. Los habían citado a declarar hace poco a Martínez, pero no supe más nada”, le dijo a El Ciudadano. “Viajé en octubre a los tribunales de La Plata y estoy mal. Todo está parado. Es tan lenta la Justicia. No sale en lo penal ni en lo civil, no tenemos nada. Es muy lamentable”, expresó.
La mujer, que junto a su familia había llegado desde Oruro, Bolivia, en busca de un futuro mejor, sostiene desde el inicio que existen responsabilidades administrativas que nunca fueron investigadas. A nueve años de la tragedia, el reclamo sigue siendo el mismo: que el caso llegue a juicio y que, al menos, haya una respuesta que les permita empezar a cerrar una herida que permanece abierta.
