El Ciudadano
Luego del anuncio del Gobierno Nacional de flexibilizar los controles de ARCA a partir del Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los argentinos, ARBA salió al cruce en una pelea que tiene una evidente connotación política. Su director Ejecutivo, Cristian Girard, cuestionó “la falta de claridad” del ministro Luis Caputo. Y fue a contramano de la medida. “Pese a las declaraciones oficiales, no se produjeron cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes. En ese sentido, la agencia continuará aplicando las herramientas de fiscalización con las que ya viene trabajando”, enfatizó.
La respuesta del Gobierno no tardó en llegar y acorraló la voracidad fiscal de ARBA a través de una resolución que se informó el lunes. “La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) convocará a cada una de las provincias a la firma de un nuevo convenio de intercambio de información“, comunicaron.
“Aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA”, agregaron.
La ecuación es simple: si la provincia de Buenos Aires no acepta el Régimen Simplificado que busca reactivar la economía a través de los dólares que están fuera del sistema, no recibirá información de parte de ARCA.
Cabe recordar que, hace dos semanas, Caputo anunció que liberarán de controles a los contribuyentes que gasten por debajo de los 50 millones de pesos por mes (equivalente a unos 40.000 dólares). “Cada persona puede gastar sus ahorros sin problemas, porque ARCA no recibe esa información y no la puede perseguir”, afirmó el ministro de Hacienda.
En ese sentido, desde ARBA explicaron que las medidas nacionales no introducen cambios en la normativa tributaria provincial ni en el funcionamiento de la agencia.
El comunicado de ARCA que invita a la adhesión del Régimen Simplificado a las 24 jurisdicciones.
En términos patrimoniales, aclararon que podría haber un impacto indirecto sobre el Impuesto Inmobiliario, Automotor o Embarcaciones Deportivas, en caso de que se declare un bien no registrado previamente.
“Se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados. La normativa vigente en materia penal tributaria, y de prevención del lavado de dinero, sigue intacta. Eso deja a los contribuyentes en un limbo legal, porque no se explicita si este anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales”, dijo Girard. “Desde ARBA vamos a seguir garantizando el cumplimiento tributario con las herramientas que nos otorga la ley. Nuestra tarea es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde”, agregó.
En tanto, crece el malestar por la suba del Impuesto Inmobiliario Rural. La segunda cuota llegó con un incremento del 9,3% respecto al año anterior, generando preocupación en el sector agropecuario. Desde CARBAP aseguran que el aumento es resultado de la prórroga de la ley fiscal y del presupuesto de 2024.
