Tiene 80 años y denuncia a su familia y el entorno: asegura que afectaron su salud y sus bienes

La frágil figura de Isabel Díaz, una mujer de 80 años, viuda, jubilada y pensionada, desvela las fisuras de una larga situación personal. Semi ciega, con problemas de audición y viviendo en la soledad de su hogar en el barrio San Ignacio, Isabel se presentó en El Ciudadano.

Su arribo, cargado de una resignación teñida de cierta tenacidad, pone de manifiesto el laberinto de la Justicia. Isabel necesita viajar a La Plata para un tratamiento oftalmológico que podría aliviar su deterioro visual. Sin embargo, la respuesta de PAMI, la obra social que debería ampararla, se reduce a la negativa de facilitarle un traslado adecuado.

Pero la odisea de Isabel no se circunscribe únicamente a las barreras de la salud pública. Su relato, se adentra en un drama familiar que ha transformado su hogar en un campo de batalla y su vida en estado de alerta. El inicio de esta pesadilla, según sus propias palabras, se remonta a la muerte de sus padres y a la disputa por el destino de la casa familiar, ubicada en la calle Catamarca entre Houssay y Estados Unidos. Isabel, con la precisión de quien ha revivido estos acontecimientos una y otra vez, relata cómo asumió la carga económica de la propiedad desde 1984 hasta 1996, abonando servicios y tasas municipales.

La llegada de su hermana menor, y posteriormente la de su hermano, un conocido comerciante del centro de Cañuelas, lejos de significar un alivio o un apoyo, desencadenaron según afirma en una serie de eventos que destrozaron la vivienda y, en última instancia, la propia integridad física y emocional de Isabel. A pesar de los daños, ella misma dijo que se encargó de las reparaciones, reponiendo incluso las aberturas, en un esfuerzo por preservar el legado familiar.

El relato se torna más sombrío al referir la violencia física a la que ha sido sometida. “Me han pegado uno mis hermanos, comerciante del centro de Cañuelas, con su esposa e hijo”, declara Isabel, con una voz que, a pesar de la edad y la enfermedad, no carece de firmeza. La agresión, según su versión, provino también del hijo de otro de sus hermanos, quien, años después del fallecimiento de su padre, quien la cuidaba, la agredió con una cadena. La denuncia de este hecho, lejos de generar el respaldo o la empatía familiar, fue recibida con burla, un desprecio que se extiende en la actualidad con acciones que, según Isabel, buscan “hacerme enloquecer para que me internen y quedarse con las dos casas. O directamente matarme”.

La situación habitacional de Isabel es un reflejo de esta conflictividad. Vive al lado de un sobrino, a quien lo ha denunciado como usurpador de una de sus propiedades. Las advertencias de desalojo, emitidas en dos ocasiones, han sido ignoradas, y la anciana se ve obligada a convivir con la constante amenaza de quien, según ella, le ha proferido frases como: “No te maté ayer, hoy, pero mañana o pasado lo hago”. Esta convivencia forzada lleva a Isabel a solicitar una restricción de acercamiento, una medida desesperada para protegerse en su propio hogar.

Los actos de hostigamiento no se limitan a las agresiones físicas y las amenazas. Isabel sufrió cortes de luz intencionales, viéndose obligada a costear las reparaciones. Su propiedad aseguró que fue blanco de disparos de arma larga que dañaron cámaras de seguridad, caños del tanque de agua, un aire acondicionado y lámparas LED. “Me he golpeado los brazos por defenderme. Me pegaron en un ojo. Y me operaron 5 veces la vista por los golpes”, relata, mostrando las cicatrices físicas y algunas fotos de esta lucha. Las acusaciones infundadas, según Isabel, también forman parte de esta estrategia para desacreditarla y justificar las agresiones.

En febrero de este año, denunció el corte de plantas en su propiedad, sospechando una vez más de daños intencionales que afectaron cámaras de seguridad y caños de agua. La escalada de violencia alcanzó un punto álgido en la tarde del 6 de noviembre de 2022, cuando Isabel escuchó ruidos en el techo de su vivienda. Al asomarse, fue agredida verbalmente por una mujer que le gritaba “te voy a matar y pegar”. La agresora resultó ser la pareja del inquilino que no había abonado el alquiler ni los servicios, una situación que Isabel describe como una usurpación encubierta, ya que la propiedad fue utilizada como depósito. Los cascotes lanzados al techo obligaron a Isabel a costear nuevas reparaciones.

 El relato de Isabel se entrelaza con una vida dedicada al servicio. Durante veinte años, trabajó en la Escuela Nº 8 sobre la Ruta 3, donde, crió a siete hijos postizos. Tuvo otros destinos escolares pero ese fue el más largo. Incluso en sus desplazamientos, la persecución se manifiesta, habiendo sido seguida en auto por sus agresores cuando se moviliza en remis.

El clímax de esta narración se sitúa en noviembre del año pasado, cuando Isabel resultó detenida. Según versiones policiales, fue sorprendida amenazando a su sobrino con un arma de fuego e intentando disparar contra la propiedad lindante. En el lugar, se incautó un revólver Smith & Wesson calibre 32 largo, con dos municiones intactas y su documentación. La octogenaria, sin embargo, ofrece una versión radicalmente distinta. Afirma que el arma era un juguete y que, a pesar de ello, fue encerrada en un calabozo y, tras ser liberada, no recibió atención médica por los golpes que le había propinado su sobrino.

“Estoy cansada de vivir encerrada dentro de mi casa”, confiesa Isabel, con una voz que trasluce el agotamiento. Describe cómo ha sido rociada con agua a presión por sus agresores y cómo la usurpación de la propiedad lindante, tras solo tres meses de alquiler pagado, ha convertido su hogar en una fortaleza sitiada. Duerme con llave, ha electrificado sus ventanas, viviendo “encerrada en mi propia casa mientras espero una solución”.

La vecina reclama escuchar su voz, de investigar las numerosas denuncias que, según ella, no han sido tomadas con la seriedad debida o de las cuales no se le ha extendido copia.