Vecinos de la localidad turística detectaron la presencia de un dron en la zona del gran incendio que ocurrió este verano: sobre la Ruta 205 Km 80,500. La actividad está prohibida por la normativa local. Las multas son de 28 millones de pesos por fumigaciones aéreas ilegales.
Interés general19/02/2025 Leandro Barni
Desde la comunidad de Uribelarrea situada sobre la Ruta 205 Km 80,500, se reportaron inquietantes imágenes que reavivan temores ya existentes tras los devastadores incendios forestales ocurridos hace semanas. Este lunes 17 de febrero, un dron de gran tamaño, diseñado para operaciones en extensas superficies, fue observado esparciendo un líquido en el área afectada por el fuego, donde el 26 de enero se desató un incendio que arrasó con 150 hectáreas y causó daños en varias propiedades.
El foco de la controversia se remonta a la imprudencia de un contratista que, durante una severa sequía, provocó el siniestro al intentar quemar ramas y despejar el terreno para un futuro proyecto inmobiliario. Los vecinos ya habían alertado sobre la presencia de un dron en los días previos al incendio, el cual supuestamente aplicaba productos químicos para acelerar el secado de los árboles con el objetivo de facilitar las labores de desmonte.
A medida que el nuevo avistamiento del dron se hizo evidente, la comunidad de Uribe expresó su preocupación por el contenido del líquido que se estaba esparciendo nuevamente.
El dron fue observado esparciendo un líquido en el área afectada por el fuego el 26 de enero en el incendio que arrasó con 150 hectáreas.
La ordenanza 2671, aprobada en 2010, prohíbe la aplicación de agroquímicos en todo el partido de Cañuelas mediante operaciones aéreas. Esta normativa establece multas significativas de hasta 10.000 módulos, equivalentes a aproximadamente 28 millones de pesos, en caso de detectarse fumigaciones aéreas ilegales.
Los vecinos se encuentran en alerta máxima, temiendo que las acciones actuales puedan tener consecuencias no solo para la salud ambiental de la región, sino también para la seguridad de sus hogares. La comunidad espera respuestas claras y contundentesde las autoridades que disipen las dudas sobre las prácticas que se están llevando a cabo en su territorio.
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