Se trata de Guillermo Arregui, titular de la Seccional Cañuelas de ATILRA. De acuerdo al juez Martín Rizzo, lideró el grupo que tomó las medidas coactivas contra la fábrica de Gobernador Udaondo. Otros 27 trabajadores y activistas fueron sobreseídos.
Policiales08/01/2025 Leandro Barni
Guillermo Arregui, titular de la Seccional Cañuelas de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), irá a juicio oral por el bloqueo de Lácteos Mayol. Fue acusado de coacciones agravadas. En tanto, quedaron sobreseídos otros 27 trabajadores y activistas sindicales que habían sido imputados. De acuerdo a la Justicia, no reúnen las condiciones probatorias para sostener la acusación. El abogado de la firma de Gobernador Udaondo apeló el fallo.
La decisión del juez Martín Rizzo, a cargo del Juzgado de Garantías N°8 de Cañuelas, cobra notoriedad porque agrava la situación de un dirigente sindical importante en la estructura del líder nacional de ATILRA, Héctor Ponce. Del mismo modo que el Sindicato de Camioneros, el gremio de la industria lechera adoptó los bloqueos como un habitual modo de intimidación a las empresas ante cualquier reclamo.
A diferencia de los otros imputados, Arregui es señalado por varios testigos como el líder del grupo que organizó las medidas coactivas y quien habría emitido amenazas concretas hacia los dueños y trabajadores.
En un caso que capturó la atención de la opinión pública, y generó un debate sobre las protestas gremiales, el abogado Pablo Torres Barthe expresó su desacuerdo con la decisión judicial que eleva a juicio exclusivamente a Guillermo Facundo Arregui, secretario general de la seccional Cañuelas de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina). En una conversación con El Ciudadano, el letrado enfatizó la necesidad de que todos los implicados en la denuncia penal enfrentarán las consecuencias de sus acciones.
“Se imputó a Arregui, lo que es una buena noticia, pero se dejó al resto de las personas afuera del proceso, cuando todos cometieron delito y deben ser sometidos a juicio. Nosotros apelamos la medida del juez Rizzo”, le dijo Pablo Abdon Torres Barthe, abogado que llevó adelante la denuncia, en diálogo con El Ciudadano.
La controversia comenzó tras un acampe llevado a cabo por el sindicato, que exigía el reencuadramiento de ciertos trabajadores previamente registrados en el gremio de UATRE. Según el abogado, la escalada en el conflicto laboral culminó en una toma de la planta Lácteos Mayol y apuntó a que la situación tuvo consecuencias legales significativas, implicando a un grupo de 27 denunciados, que incluyó tanto a operarios como a sindicalistas de ATILRA. En este sentido, Torres Barthe denunció que “hubo más personas llevando adelante este robo en poblado y en banda con otras salvajadas en Mayol durante 6 días, del 1° al 6 de marzo de 2021”.
El letrado criticó la postura del juez de Garantías, quien justificó la decisión de no llevar a juicio a los demás implicados con un razonamiento que, según Torres Barthe, resulta ambiguo. “Fue una extraña justificación o razonamiento del juez, al decir que no se encontraba probado como para llegar a juicio los delitos de ‘robo en poblado y en banda’ de los cuales también estaban acusados. Sin embargo, hubo robo de mercadería, daños y amenazas. El juez no hizo lugar a eso y solo elevó a juicio a Arregui y por coacción agravada”, aclaró Torres Barthe.
Además, el abogado anticipó que la elevación a juicio de Arregui se verá demorada por la apelación del sobreseimiento del resto de las personas involucradas en el caso, lo cual podría extender aún más el proceso judicial. “Esto tardará más el juicio, hasta que la Cámara de Garantías de La Plata resuelva con nuestra apelación”, destacó.
El hecho de que Arregui sea el único acusado que se someterá a juicio plantea interrogantes sobre el principio de responsabilidad penal individual y el papel de la coautoría en la comisión de delitos.
Cabe mencionar que este caso es el tercero en el que un gremialista de ATILRA se enfrenta a un juicio en el país; situaciones similares ya habían sucedido en La Pampa y Trenque Lauquen. Para Torres Barthe, esto no solo es un hecho aislado, sino que debe ser visto con preocupación. “Esto no puede ser una costumbre y que se normalice en Argentina”, concluyó.
La idea es que cada titular certifique la titularidad de cada rodado, dentro de un plazo de 15 días desde hoy. Caso contrario, se procederá al reclutamiento, que también incluye a las motos secuestradas en el depósito.
Adquirió un lote el año pasado. En dos semanas de abril, sufrió las sustracciones de postes, alambrados, entre otros elementos. Indignación de la víctima.
Un hombre y una mujer en un auto intentaron eludir control de Gendarmería. Descartaron una bolsa que tenía 3 paquetes de drogas, con 2,78 gramos de sustancia ilícita.
Los procedimientos fueron realizados por el Comando de Patrullas y dependencias policiales de la ciudad, con la coordinación de la Secretaría de Seguridad del Municipio y apoyo de las cámaras del COM. En algunos casos, las motos tenían su numeración suprimida o habían sido sustraídas recientemente.
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Durante la última sesión del organismo, el diputado cañuelense destacó la necesidad de avanzar en la planificación, desarrollo y gestión conjunta del sistema fluvial que conecta miles de kilómetros de ríos navegables en toda la región.
Los sospechosos fueron detectados por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipal. Un joven de 19 años fue hallado en el local y otro de 23 en las cercanías de la zona.
El hecho tuvo lugar en Gobernador Udaondo. El conductor del vehículo menor quedó atrapado y falleció en el acto. Su cuerpo fue rescatado por los bomberos voluntarios.
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