El Municipio hizo la presentación en la Justicia de Lomas de Zamora. Acusa al Gobierno Nacional de un “exceso reglamentario”. Y basa su planteo en la autonomía que le otorga la Constitución Nacional, nada menos. La comuna utiliza este mecanismo desde 1995.
Política Nacional18/10/2024 Leandro Barni
La Municipalidad de Cañuelas presentó este martes un recurso de amparo en los tribunales federales de Lomas de Zamora contra las resoluciones de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación y del ENRE, que prohíben el cobro de la Tasa de Alumbrado Público (TAMSA) a través de las facturas de Edesur.
Ahora se espera el sorteo que determinará el juzgado que llevará adelante la causa. Con el patrocinio de los abogados Micaela Ramírez y Sebastián Demicheli, la comuna fundamentó su acción legal en que las resoluciones nacionales constituyen un “exceso reglamentario” que afecta la recaudación municipal y limita la capacidad del municipio para utilizar los mecanismos que las empresas de servicios públicos, como Edesur, ofrecen para el cobro de tasas locales.
El planteo de la Municipalidad se basa en la autonomía que les otorga la Constitución, argumentando que los municipios no son simples dependencias de la administración provincial. En ese marco, señalan que tienen el derecho de “sancionar sus propios tributos” y de aplicar los medios que consideren adecuados para su cobranza, lo que incluye la posibilidad de celebrar convenios con empresas prestadoras de servicios. La comuna utiliza este mecanismo desde 1995, cuando el ex intendente Ezequiel Rizzi firmó un acuerdo con Edesur que fue renovado por sus sucesores.
Actualmente, en Cañuelas, más de 27.000 usuarios de Edesur reciben el cobro de la TAMSA a través de la factura de luz. La recaudación generada por este sistema asciende a $190 millones mensuales. De acuerdo con los detalles presentados en el amparo, la Municipalidad cobra $5.550 por cada boleta domiciliaria, $13.726 por los comercios y Pymes, y $19.220 por la industria.
En una nota de compensación incluida en el amparo, y firmada por el apoderado de Edesur, Gustavo Galante, se especifica que, durante el mes de julio, el municipio gastó un total de $171.4 millones en diversos conceptos relacionados con el alumbrado público y el consumo eléctrico de edificios municipales. Por su parte, los ingresos por la TAMSA y otros conceptos relacionados alcanzaron los $171.2 millones, dejando un saldo a favor de Edesur de apenas $247.000.
El eje del amparo radica en que, si Edesur dejara de ser agente de percepción de la TAMSA, la municipalidad no podría mantener el mismo nivel de recaudación mediante métodos ordinarios, como la tasa de Servicios Generales. Esto afectaría gravemente la provisión de servicios esenciales, según argumenta la comuna en su demanda.
“De la percepción de la mencionada tasa dependen múltiples servicios esenciales brindados por el Municipio de Cañuelas. Entre ellos, podemos señalar los gastos energéticos de los edificios públicos, como el hospital ‘Dr. Ángel Marzetti’, y el funcionamiento del sistema de seguridad, particularmente el Centro de Monitoreo y su red de cámaras, que son fundamentales para la prevención del delito”, sostienen los abogados locales.
Este conflicto se enmarca en una serie de medidas cautelares presentadas por otros municipios que buscan continuar cobrando tributos locales a través de las boletas de servicios públicos. Quilmes, San Martín y Escobar lograron fallos favorables, desafiando la resolución del Ministerio de Economía que, desde el 11 de octubre, prohíbe este tipo de cobros. Además, los intendentes de Pilar, Moreno, Tigre y otros municipios justicialistas evitaron la aplicación de la normativa, mientras que comunas como San Fernando, Morón y Merlo aún esperan decisiones judiciales sobre los recursos presentados.
Este panorama deja en evidencia el creciente desacuerdo entre los gobiernos locales y la normativa nacional, con la recaudación municipal como punto más conflictivos. La resolución final del amparo podría sentar un precedente en la disputa por la autonomía fiscal de los municipios.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad” a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque aún puede apelar a la Corte.
La Junta Electoral impugnó la lista del gobernador por la falta de avales. El riojano buscó aplazar las elecciones, pero la jueza Servini rechazó su pedido. De este modo, Cristina Fernández de Kirchner será proclamada presidenta del partido.
El cordobés Juan Cruz Molina Hafford, que estaba a cargo del organismo, mostró diferencias con la gestión del ministro Luis Caputo. Unos 250 profesionales se acogieron al retiro voluntario. Necesitan la salida de otros 900 empleados. Nicolás Bronzovich es su reemplazante.
Pedro Bastarrica tiene 83 años. Supo administrar carnicerías y llegó a ser matarife. Se fue hasta la Ciudad de Buenos Aires en transporte público para conocer al Presidente, a quien le grabó un video. Se convirtió en protagonista por una publicación del libertario Juan Boutet.
El hecho ocurrió en la tarde de este lunes 11 y movilizó a fuerzas de seguridad y de emergencias. El episodio tuvo luego más violencia porque los vecinos intentaron agredir a un camionero que habría sido el responsable del desenlace fatal entre los vehículos involucrados.
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El pequeño fue identificado como Eitan Tahiel Gómez y estaba en su casa familiar. El hecho se produjo en la calle Ascasubi al 2600. La víctima llegó fallecida al hospital Marzetti. La fiscal Norma Pippo investiga la causa caratulada como "averiguación de causales de muerte".