El Ciudadano
El ajuste y la desaceleración en las transferencias del Gobierno nacional volvieron a encender las alarmas en el sector de servicios esenciales. Este jueves 10 de septiembre, a las 10 de la mañana, los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país harán sonar sus sirenas de manera simultánea para visibilizar un severo atraso en el envío de partidas de dinero que compromete la operatividad diaria de los servidores públicos.
La protesta, convocada por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y respaldada por 29 federaciones provinciales —entre ellas la Federación Bonaerense, a la que pertenece el cuartel de Cañuelas—, pone la lupa en la ejecución del presupuesto destinado por la Ley Nacional 25.054.
Según detallaron desde el sistema nacional, existe un remanente presupuestario de $59.330.748.051,41 correspondiente al ejercicio 2025 y períodos anteriores que aún no ha sido ejecutado ni distribuido. Lejos de constituir una ayuda extraordinaria o un aporte discrecional, estos recursos provienen de una asignación específica fijada por ley para el financiamiento directo del sistema. De efectivizarse el reparto, cada una de las más de mil asociaciones del país recibiría una inyección económica calculada en $45 millones.
Los propios números oficiales respaldan la preocupación del sector. Datos del Gobierno nacional indican que, al 31 de marzo de 2026, los recursos remanentes de 2025 provenientes de la recaudación por la Ley 25.054 —que el año pasado alcanzó la cifra total de $85.883.125.781— no habían sido incorporados al crédito presupuestario vigente y su asignación se encontraba "en análisis" dentro del Ministerio de Economía.
Paralelamente, aunque una resolución del Ministerio de Seguridad dispuso para este año una asignación de $100.810 millones a repartir entre 1.062 entidades, fijó una condición que congela los plazos, pues las transferencias quedan supeditadas a los ingresos efectivos en la cuenta recaudadora y al otorgamiento de cuotas de compromiso y devengado trimestre a trimestre.
A la falta del subsidio nacional, cuyo retraso roza el año de demora, se suman otros dos reclamos estructurales macroeconómicos. En primer lugar, la atención no compensada en rutas concesionadas, donde las dotaciones asisten de manera recurrente ante accidentes viales utilizando vehículos, insumos y personal propio, sin recibir ningún tipo de retribución por parte de las empresas concesionarias.
En segundo lugar, se encuentran las trabas operativas y cambiarias para equipamiento. Ante el alto costo de las unidades 0km en el mercado local, las instituciones recurren a la compra de autobombas usadas en el exterior. Sin embargo, las severas dificultades para concretar pagos internacionales al tipo de cambio oficial entorpecen las operaciones, por lo que reclaman celeridad al Banco Central y al Palacio de Hacienda.
En la órbita local, el cuartel central de Cañuelas transita un 2026 de altísima demanda operacional. En lo que va del año ya superó los 1.000 servicios en toda su jurisdicción, al tiempo que mantiene activos sus programas de capacitación regional y avanza con los trabajos en el nuevo destacamento del corredor de la Ruta 3.
Sin embargo, el freno en los giros nacionales hace mella en las finanzas institucionales. "En Cañuelas no llegó nada, era una necesidad para todos los cuarteles", expresaron voceros del sector, remarcando el rol sostenedor de las arcas municipales y provinciales ante la brecha presupuestaria. "Las instituciones no son empresas, se sostienen a través del apoyo del municipio y la Provincia", agregaron.
La falta de interlocución directa agrava la incertidumbre frente al congelamiento de partidas. "Como la gestión es a través de un sistema, no hay manera de avanzar en el diálogo", lamentan desde las fuerzas operativas.
El "sirenazo" de este jueves marcará un hito en el reclamo por fondos que no representan una concesión, sino un derecho legalmente atribuido para garantizar el resguardo de la comunidad.
