El organismo dispuso dejar sin efecto la autorización para aplicar conceptos ajenos al servicio de luz en las boletas de la empresa. El Municipio cañuelense evalúa judicializar el tema. Aún no se definió el tribunal donde se presentará el amparo (Lomas de Zamora o Morón).
Política Nacional14/10/2024 Leandro Barni
El gobierno municipal de Cañuelas se encuentra en la fase de evaluación de un muy posible amparo judicial contra la resolución 708/2024 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicada el 8 de octubre en el Boletín Oficial.
Esta resolución prohíbe a los municipios incluir tasas municipales en las facturas de las empresas de distribución eléctrica Edenor y Edesur, una medida que, según las autoridades locales, podría tener graves repercusiones económicas para la comuna.
Aunque aún no se ha definido el tribunal donde se presentará el amparo local. Las miradas apuntan al Juzgado Federal de Lomas de Zamora o al de Morón. Este último, que tramita las causas relacionadas con la Cuenca Matanza-Riachuelo, se encuentra bajo la dirección de Jorge Rodríguez, conocido por su apertura a los reclamos de las autoridades municipales.
La inquietud de Cañuelas no es un caso aislado. Otros municipios, como Almirante Brown y Quilmes, ya han iniciado acciones legales en sus respectivos juzgados, tratando de frenar la implementación de la medida nacional.
En Cañuelas, las facturas de Edesur actualmente incluyen dos conceptos municipales: un impuesto del 6,424 % sobre el subtotal del servicio eléctrico y un monto fijo de $ 5.550 correspondiente a la tasa municipal de alumbrado público (TAMSA). Este último monto, que se aplica a clientes domiciliarios, ha sido establecido por el decreto 0495/24, firmado por la intendenta Marisa Fassi el 29 de agosto pasado. La recaudación que se deriva de estos conceptos es significativa: con 27.000 clientes en el partido, el Municipio se asegura un ingreso mínimo mensual de 150 millones de pesos.
El mecanismo de incluir el alumbrado público en las facturas de Edesur data de casi 30 años y comenzó durante la gestión del ex intendente Ezequiel Rizzi. Este sistema ha permitido a los municipios garantizar una cobrabilidad cercana al 100%, algo que resulta complicado si se intentara cobrar estos conceptos a través de la Tasa de Servicios Generales. Además, los intendentes evitan el costo político de los aumentos, ya que estos se diluyen como parte de los gastos del servicio eléctrico.
La resolución 708/2024 del ENRE se fundamenta en la decisión del Gobierno nacional de restringir la inclusión de conceptos ajenos a los servicios de electricidad en las facturas emitidas por Edenor y Edesur. Esta medida se basa en la resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, que estipula que la información contenida en las boletas debe referirse exclusivamente al bien o servicio contratado.
La reacción de los intendentes de la oposición en el conurbano fue inmediata, y varios de ellos han optado por judicializar la medida. La situación se complica aún más con la reciente decisión del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1, que ordenó a las empresas de servicios en La Matanza que no realicen cortes de suministro por falta de pago, en un contexto donde las tarifas han aumentado desmesuradamente.
Este fallo se interpreta como un intento de proteger a los consumidores frente a los incrementos que han llegado a ser del 370%, según estudios del CONICET y de la UBA.
Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense, celebró la decisión judicial y criticó al Gobierno nacional, señalando que “la gestión deshumanizada que lleva adelante (Javier) Milei arrincona a los argentinos”. La funcionaria que secunda a Axel Kicillof expresó su preocupación por cómo el ajuste está afectando a los sectores más vulnerables, afirmando que “la brutal subida de las tarifas es una de las formas en que este Gobierno intenta que los más débiles paguen el costo de la crisis”.
El futuro de la recaudación municipal en Cañuelas y en otros distritos del conurbano ahora pende de un hilo, con la inminente posibilidad de que la justicia intervenga para frenar una medida que, en opinión de muchos, pone en riesgo la autonomía municipal y la viabilidad económica de los gobiernos locales.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad” a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque aún puede apelar a la Corte.
La Junta Electoral impugnó la lista del gobernador por la falta de avales. El riojano buscó aplazar las elecciones, pero la jueza Servini rechazó su pedido. De este modo, Cristina Fernández de Kirchner será proclamada presidenta del partido.
El cordobés Juan Cruz Molina Hafford, que estaba a cargo del organismo, mostró diferencias con la gestión del ministro Luis Caputo. Unos 250 profesionales se acogieron al retiro voluntario. Necesitan la salida de otros 900 empleados. Nicolás Bronzovich es su reemplazante.
Pedro Bastarrica tiene 83 años. Supo administrar carnicerías y llegó a ser matarife. Se fue hasta la Ciudad de Buenos Aires en transporte público para conocer al Presidente, a quien le grabó un video. Se convirtió en protagonista por una publicación del libertario Juan Boutet.
Había sido sustraída a punta de pistola en Villa Adriana. Los detenidos tienen 18 y 20 años. Cayeron porque policías simularon ser los adquirentes. La causa es por ‘robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento doblemente agravado por ánimo de lucro’.
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La historia de este centro es apenas el comienzo de un proyecto que busca enriquecer y revitalizar las tradiciones gauchas. Tiene la fuerza renovadora de un grupo de mujeres decididas a dejar su huella en la cultura. Buscan que el Municipio les otorgue la Personería Jurídica.
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