El colegio de arquitectos alerta que un nuevo impuesto local paraliza las obras particulares
La reciente reforma fiscal y tributaria aprobada en el municipio de Cañuelas encendió las alarmas en el sector de la construcción y el desarrollo urbano. La ordenanza introdujo un nuevo gravamen bajo el concepto de "plusvalía" o contribución por valorización inmobiliaria que, según denuncian los colegios profesionales, está provocando la paralización de proyectos residenciales y comerciales debido a la falta de reglas claras y a montos que llegan a representar hasta el 20% del valor total de la obra.
El conflicto escaló a nivel institucional tras la presentación de una nota formal por parte del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 1 (CAUBAUNO) dirigida a la intendenta local, Marisa Fassi. En la misiva, los profesionales exigen precisiones urgentes sobre los criterios técnicos y jurídicos utilizados para calcular y exigir este tributo.
El debate por el "hecho generador"
La tasa se encuadra en el artículo 46° de la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, una normativa con una década de vigencia diseñada para que los municipios capten parte de la valorización del suelo generada por acciones estatales (como cambios de zonificación o grandes obras de infraestructura) y la destinen a fondos de vivienda social.
Sin embargo, el eje de la controversia radica en que el municipio de Cañuelas comenzó a aplicar este gravamen sobre obras privadas particulares y no solo sobre grandes desarrollos urbanísticos o subdivisiones de tierra, como ocurre en otras jurisdicciones.
El arquitecto Germán Zuluaga, representante de la entidad colegiada, advirtió sobre la ausencia de un "hecho generador" concreto que justifique el cobro: "Para que se pueda aplicar la captación de la plusvalía, lo primero que tendría que haber es una acción realizada por el municipio que amerite que el privado le devuelva algo. Hoy alguien ingresa un trámite y no sabe cuánto le van a cobrar al final del recorrido. Sin certezas, es muy difícil encarar una inversión".
Impacto en la actividad local
Desde el sector profesional señalan que la medida no solo afecta a los desarrolladores, sino que impacta directamente en la economía capilar del distrito, desde los corralones de materiales hasta el empleo de mano de obra calificada y los comercios de cercanía. Ante la incertidumbre impositiva, aseguran que ya se constatan desvíos de inversiones hacia municipios vecinos, como el partido de Lobos, donde los incentivos para la construcción mantienen reglas más despejadas.
El Colegio de Arquitectos mantiene abierta la solicitud para conformar una mesa de diálogo técnico con las áreas legales del municipio para revisar la reglamentación, mientras instruye a los matriculados a tramitar las instancias de reclamo formal dentro de los expedientes administrativos de cada obra.