En una indagatoria virtual, el empresario acusado de abusar de alumnos se declaró inocente: hay 10 denunciantes
El empresario de Cañuelas Marcelo Porcel (51), presidente de la empresa agropecuaria Tambo Campazú, con sede en Vicente Casares, se declaró inocente durante la indagatoria virtual en la que fue imputado por una serie de delitos de extrema gravedad, entre ellos abuso sexual agravado, corrupción de menores y producción de imágenes con contenido sexual vinculadas a una de las víctimas. La audiencia se desarrolló el miércoles 18 de marzo mediante la plataforma Zoom, con el acusado en libertad.
Fuentes judiciales indicaron que Porcel optó por no responder preguntas durante el acto procesal y anticipó que presentará un descargo por escrito ante la fiscalía. En paralelo, confirmó que mantendrá como domicilio el departamento ubicado en la calle Demaría al 4500, en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los escenarios bajo investigación.
La causa, que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, reúne hasta el momento diez denuncias de presuntas víctimas, todas ellas ex compañeros de colegio de los hijos del imputado. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024.
Según la reconstrucción del expediente, los abusos denunciados consistían en tocamientos con connotación sexual durante supuestas sesiones de masajes con cremas, en encuentros organizados por el propio acusado. Esas reuniones, de acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, tenían lugar en distintos ámbitos vinculados al empresario.
Las situaciones investigadas habrían transcurrido en su domicilio particular, en el edificio Quartier de la calle Godoy Cruz 3046; en un departamento vacío heredado de su madre en la Torre Le Parc, en Demaría 4550; en su oficina ubicada en Avenida del Libertador 602; y también en un campo de su propiedad en Cañuelas.
En este último predio, que cuenta con cancha de fútbol y pileta, se habrían desarrollado encuentros recreativos en los que, según consta en el expediente, participaron tanto compañeros de sus hijos como hijos de empleados rurales.
Los relatos de los denunciantes, varios de ellos obtenidos bajo el protocolo de Cámara Gesell, describen un patrón reiterado. Las reuniones comenzaban como encuentros sociales en los que se ofrecían bebidas alcohólicas y se promovían juegos o desafíos vinculados al consumo, con incentivos económicos. En ese contexto, se habrían producido situaciones de exposición corporal, contacto físico y conductas de índole sexual.
En el avance de la investigación, los peritajes sobre dispositivos electrónicos secuestrados al acusado incorporaron elementos relevantes. Entre ellos, imágenes de contenido sexual y capturas provenientes de registros de cámaras instaladas en espacios privados, lo que amplió el espectro de los hechos analizados por la fiscalía.
El fiscal Pablo Turano había solicitado inicialmente la indagatoria por siete hechos en diciembre de 2024, pero en un dictamen posterior sumó otras tres denuncias formalizadas en enero, elevando a diez el número de víctimas reconocidas en la causa. Además, se investiga la posible existencia de otros casos que aún no fueron judicializados.
En cuanto a la situación procesal del imputado, el juez dispuso una serie de medidas cautelares. Entre ellas, la prohibición de todo tipo de contacto —directo o indirecto— con las víctimas, testigos y sus entornos familiares, así como la imposición de una distancia mínima en espacios que frecuentaban los menores, como el ámbito escolar y entidades deportivas.
La causa también cuenta con peritajes psicológicos oficiales y de parte sobre los denunciantes. Esos informes concluyeron que no se detectaron indicadores de fabulación ni alteraciones mentales que pudieran afectar la consistencia de los relatos, lo que refuerza el valor probatorio de los testimonios incorporados.
A pesar del volumen de evidencia reunida hasta el momento, la fiscalía no solicitó la detención de Porcel.
Sin embargo, la querella que representa a las familias de las víctimas prevé insistir con un pedido de prisión preventiva en los próximos días, en función de la gravedad de los delitos imputados y la cantidad de hechos denunciados.
La investigación, iniciada el 5 de julio de 2024 a partir de la primera presentación judicial, continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis pericial. En ese marco, no se descarta la incorporación de nuevos testimonios que podrían ampliar aún más el alcance del expediente.