Policiales Por: Leandro Barni07/02/2026

Un informe oficial de la Provincia reveló que más del 70% de las denuncias por averiguación de paradero tuvieron desenlace positivo

Más de la mitad de las denuncias estuvieron vinculadas a problemas de salud mental, discapacidad o consumo problemático de sustancias. En Cañuelas hubo varios episodios que reflejaron el patrón dominante en Buenos Aires.
Gerardo Cáceres había viajado de vacaciones a Quequén y desapareció en una zona de acantilados en enero de 2025.

La Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas de la provincia de Buenos Aires difundió su informe anual correspondiente a 2025, un documento clave para dimensionar el fenómeno de las averiguaciones de paradero y derribar algunos mitos. Según el relevamiento oficial, durante el año pasado se procesaron un total de 4.895 denuncias de adultos desaparecidos y otros 270 protocolos vinculados a pacientes sin identificación ingresados en hospitales públicos.

Los números muestran que, en la enorme mayoría de los casos, el desenlace no fue trágico: el 71,32% de las personas denunciadas fueron encontradas con vida, mientras que el 2,57% fue hallado fallecido. El resto de los expedientes continuaba en trámite al cierre del período analizado.

El informe, elaborado con criterios operativos unificados, clasifica los casos según variables como sexo, nacionalidad, condición al momento del hallazgo y causa de la desaparición. El dato central es que más de la mitad de las denuncias (53,46%) estuvieron vinculadas a problemas de salud mental, discapacidad o consumo problemático de sustancias. Muy por detrás aparecen las personas que se alejaron voluntariamente de su entorno (17,49%) y los casos asociados a posibles delitos, que representan apenas el 1,72%.

Los casos locales

Cañuelas no fue ajena a esta estadística y varios episodios registrados durante 2025 reflejan con claridad el patrón que describe el informe provincial. Uno de los casos que más preocupación generó fue el de Ayelén M., de 18 años, quien fue denunciada como desaparecida tras perderse la noche del 28 de enero cuando viajaba desde Ezeiza hacia Máximo Paz, presuntamente en un colectivo de la línea 222. La joven, paciente con esquizofrenia en tratamiento, había tenido su último contacto con la familia alrededor de las 20.

La denuncia fue radicada en la comisaría de Máximo Paz y activó el protocolo de búsqueda. Fue encontrada a inicios de febrero, en la Estación de Constitución por la Policía, luego de una tarea de rastrillaje del teléfono de la adolescente.  La joven había sido trasladada por personal del SAME al hospital Argerich fuera de peligro luego que la joven sufriera un ataque de pánico.

A fines de abril, Miguel Ángel P., de 75 años, desapareció en Máximo Paz. Al momento de ausentarse de su hogar necesitaba asistencia médica y farmacológica. Posteriormente fue localizado.

Otro caso sensible fue el de Stella Maris C., de 38 años, cuyo paradero se desconocía desde el 17 de agosto. Sus familiares indicaron que padece retraso madurativo, no se encuentra alfabetizada y no utiliza teléfono celular ni redes sociales. Si bien era habitual que se ausentara, nunca lo hacía por lapsos tan prolongados, según consta en la denuncia. Fue encontrada luego de 11 días.

En el mismo sentido se inscribe la desaparición de Daniel A. S., de 19 años, vecino del barrio La Unión, quien se ausentó de su hogar el 27 de diciembre. El joven padece una discapacidad que le impide orientarse, una característica que aparece de manera recurrente en los registros oficiales. El 7 de enero su familia anunció su aparición, sano y salvo. Volvió a la casa manifestando que se había ausentado de su domicilio para visitar a una persona en CABA. 

También hubo casos con resolución rápida. En enero del año pasado, Sol M., una adolescente de 16 años del barrio Libertad, fue denunciada como desaparecida y horas después se presentó espontáneamente en la Comisaría de la Mujer y la Familia local tras ver su búsqueda difundida en los medios. Algo similar ocurrió con Nadia  G. y sus hijas menores, quienes fueron localizadas en la casa de un familiar fuera del distrito, donde la mujer se había refugiado tras una situación de violencia de género.

Otro episodio con resolución favorable fue el de Jonathan R.C., un joven de 21 años de Máximo Paz, cuyo paradero era buscado por su familia desde el 19 de diciembre de 2024. En enero de 2025, tras una pesquisa en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, personal policial de Máximo Paz logró localizarlo en la Asociación Civil Despegate con Jesús, de Monte Grande. El director de la institución, informó que el joven se encontraba allí desde el 20 de diciembre, un día después de su desaparición, y que había ingresado por voluntad propia con el objetivo de rehabilitarse del consumo de estupefacientes. Jonathan manifestó su decisión de permanecer en el lugar, situación que fue comunicada oficialmente a su familia.

Entre los episodios más complejos vinculados a Cañuelas figura el de Luis Gerardo Cáceres, un policía retirado de 41 años. Según consta en el informe, desapareció el 10 de enero de 2025 mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia en las costas de un balneario cercano a Necochea. El hombre atravesaba un cuadro de esquizofrenia y fue visto por última vez en una zona de acantilados. Por el caso se desplegó un amplio operativo que involucró a fuerzas y organismos de toda la provincia, aunque con el paso de las semanas las tareas de búsqueda fueron finalmente cesadas sin resultados positivos.

El documento oficial también advierte sobre los denominados “casos excepcionales”. Durante 2025 se registraron tres femicidios que inicialmente habían sido denunciados como averiguaciones de paradero, un dato que refuerza la necesidad de extremar la atención cuando existen antecedentes de violencia.

Desde la Dirección Provincial remarcaron que la mayoría de las averiguaciones de paradero no responde a hechos delictivos, sino a problemáticas de salud mental y decisiones personales. En ese marco, el informe subraya la necesidad de políticas públicas integrales que mejoren la prevención, fortalezcan la asistencia y garanticen respuestas rápidas del Estado, sin vulnerar la autonomía ni la privacidad de las personas buscadas.

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