Aprobaron la cesión de un predio a ABSA en medio de las críticas opositoras por las cloacas y el arsénico
La última sesión del Concejo Deliberante de Cañuelas dejó una escena que condensó tensiones acumuladas desde hace años: infraestructura básica deficitaria, reclamos vecinales persistentes y una profunda desconfianza hacia la empresa provincial Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). En ese marco, el cuerpo legislativo aprobó por mayoría un proyecto de ordenanza que autoriza la cesión de un inmueble municipal para la construcción, instalación y funcionamiento de una estación de bombeo cloacal.
El expediente habilita la cesión del predio ubicado en la Circunscripción Primera, Sección D, Chacra 32, Manzana 32H, Parcela 8, Partido Inmobiliario 33.915. Según el articulado, el inmueble de las calles Remedios de Escalada y Freire, en el barrio La Unión, será cedido a la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de concretar el uso del suelo asignado al servicio público de provisión de agua potable y saneamiento, ejecutado por ABSA. Además, se instruye al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir los instrumentos legales y realizar las gestiones administrativas y registrales necesarias.
La ordenanza fue respaldada por los concejales de Fuerza Patria, que defendieron la iniciativa como una decisión estratégica para acompañar el crecimiento urbano y ampliar la red cloacal. Sin embargo, el debate estuvo marcado por un fuerte rechazo de todos los bloques opositores, que coincidieron en votar en contra y cuestionar tanto la falta de información como el historial de la empresa.
La concejala Claudia Pelereteguy (UCR) fue la voz más dura. Denunció que el servicio que presta ABSA en Cañuelas es “considerablemente deficiente” y apuntó a la calidad del agua, afectada por altos niveles de arsénico que superan los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. También cuestionó el esquema tarifario universal, que —según sostuvo— genera desigualdad social al no discriminar por consumo real.
Pelereteguy recordó que, desde la transferencia del servicio a ABSA mediante la ordenanza 2735 en 2011, no se realizaron obras de ampliación suficientes. Citó datos del Censo 2022 para remarcar que el 70 por ciento de la población no cuenta con cloacas y describió una situación sanitaria crítica en barrios periféricos y localidades, donde los vecinos deben afrontar costos elevados por camiones atmosféricos y compra de agua potable. “Se vive literalmente entre la mierda”, dijo, en una frase que resonó en el recinto.
La edil Pelereteguy continúa siendo integrante de la Unión Cívica Radical, bloque que actualmente conforma de manera unipersonal en el Concejo Deliberante de Cañuelas. No se ha incorporado al espacio de La Libertad Avanza. Esta precisión resulta necesaria ante una información consignada de manera errónea en la edición de El Ciudadano del sábado 13, página 3, donde se la mencionó como parte de ese espacio político.
Desde el PRO, Roberto Sánchez y Darío Morera coincidieron en el diagnóstico y sumaron cuestionamientos procedimentales: la falta de documentación sobre el dominio del inmueble y la ausencia de explicaciones técnicas por parte de funcionarios o de la propia empresa. La Libertad Avanza, a través de Bautista Augusto, también rechazó el proyecto y criticó que el oficialismo haya emitido despacho favorable sin la información solicitada en comisión.
El contrapunto llegó de la mano de la concejala Valeria Ríos (Fuerza Patria), quien defendió la cesión como una medida de impacto estructural. Sostuvo que la futura estación de bombeo permitirá ampliar e interconectar la red cloacal de los barrios La Verónica, San Ignacio y Primero de Mayo hacia la planta de tratamiento de la calle Allende. Para el oficialismo, ceder el predio no implica resignar patrimonio sino garantizar un derecho humano básico y acelerar una obra clave para la salud pública.
La votación reflejó la grieta: 10 votos afirmativos contra 8 negativos. El proyecto quedó aprobado por mayoría, pero el debate dejó al descubierto una demanda que atraviesa bloques y discursos: sin planificación, obras concretas y seguridad, cualquier avance administrativo seguirá navegando en aguas turbias.