Otro tenso debate en el Concejo Deliberante por las tarifas de gas, alquileres y sueldos

La undécima sesión ordinaria dejó en evidencia las crecientes fricciones entre el bloque oficialista de Fuerza Patria y la oposición alineada con La Libertad Avanza y el PRO, en un recinto donde las bancas del oficialismo lucían carteles con la premisa "Nuestra ciencia y nuestra educación son argentinas". Fue una extensa jornada parlamentaria que comenzó a las 19.31 del jueves y concluyó al borde de la medianoche.

El inicio del encuentro legislativo estuvo marcado por reclamos de representatividad y chicanas en torno al rol institucional. Durante la cuestión de privilegio, el concejal Bautista Augusto expresó el malestar de su espacio ante lo que consideró faltas de respeto en debates previos. "Queremos controlar al Poder Ejecutivo municipal, es nuestra obligación como pedir información pública; no es una campaña, cumplimos un mandato", sostuvo el edil al rechazar acusaciones sobre supuestas ansias de poder. En el mismo tramo de planteos preliminares, el referente del PRO, Darío Morena, aludió de manera inusual por sus escasa participación parlamentaria, a un índice de transparencia privado que ubica a la comuna en posiciones desfavorables respecto de otros distritos de la provincia.

Violencia institucional y el impacto del beneficio del gas

En el orden del día, el primer proyecto abordado consistió en una resolución impulsada por el oficialismo junto a la UCR y el Vecinalismo Independiente para incorporar disposiciones al Reglamento Interno relativas a situaciones de violencia de género dentro del cuerpo. La edil Margarita Puentes denunció agresiones verbales hacia sus compañeras de bancada de Fuerza Patria /PJ con comentarios orientados a desvalorizar la tarea legislativa femenina. Carolina Rasquetti coincidió en la urgencia de estructurar un protocolo de intervención que garantice ámbitos libres de discriminación. La iniciativa pasó para su análisis a las comisiones de Género y de Legislación. En ese marco no se hicieron referencias a las situaciones ni nombres pero responden a cruces entre los libertarios con la única radical y con algunas integrantes del oficialismo, que se remontan desde el año pasado hasta semanas atrás.

El tramo de mayor voltaje político aconteció al tratarse el rechazo a las modificaciones impulsadas por la administración nacional al régimen de "Zona Fría". Desde el bloque oficialista, Sandra Cardozo advirtió que la reducción de las bonificaciones afectará a más de 8000 usuarios de gas de red en el distrito, con quitas que oscilan entre el 30% y el 50% en los beneficios tarifarios. La concejala cruzó la postura de la oposición libertaria sobre las características templadas del clima distrital exponiendo registros meteorológicos locales con marcas térmicas bajo cero durante el invierno.

Desde La Libertad Avanza, Orlando Bernasconi argumentó que las revisiones no configuran una quita lisa y llana, planteando que los sectores vulnerables pueden tramitar asistencias específicas mediante las áreas de Desarrollo Social de la comuna. La réplica oficialista llegó mediante el concejal Fernando Abdo, quien cuestionó duramente la justificación del incremento tarifario en los hogares del distrito. La votación concluyó con la aprobación del rechazo al recorte por mayoría, contando únicamente con cinco votos en contra emitidos por la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza.

Alquileres, flota oficial y chicanas por el presupuesto

El control del gasto público reavivó los cruces de fondo. La concejala libertaria Patricia Rolandelli presentó una solicitud de informes sobre la cantidad de inmuebles alquilados por la comuna, fundamentando su pedido en las deficiencias de infraestructura vial que hay en el distrito, cobro de tasas altas y falta de precisión contractual de los inmuebles. El proyecto fue desestimado tras la argumentación del edil Pablo Domínguez (Fuerza Patria/PJ), quien atribuyó el costo de los arrendamientos a la desregulación nacional de la ley de alquileres que produjo subas del orden del 600%. En idéntica línea, una petición sobre el parque automotor comunal para funcionarios motorizada por Roxana Ruffo fue rechazada por la mayoría tras remarcarse que las vías ordinarias de auditoría corresponden al Tribunal de Cuentas y a la Rendición de Cuentas Anual.

En materia de infraestructura y ordenamiento urbano local, las bancadas lograron mayores consensos. La concejala Claudia Pelereteguy (UCR) obtuvo dictamen unánime para solicitar a Vialidad Provincial la colocación de señalización sobre la Ruta 6 a la altura del Mercado Agroganadero, además de un estudio técnico para reorganizar el tránsito en la avenida Pereda de Máximo Paz que contó con el aval de más de 500 firmas de comerciantes y vecinos. Por su parte, la edila Valeria Medina (Vecinalistas Independientes) retiró una propuesta para intervenir la plaza de Yrigoyen y Paso al confirmarse que las parcelas pertenecen al Obispado de Gregorio de Laferrere para la futura erogación de una capilla.

Salud pública y salarios bajo la lupa

Hacia el tramo final de la noche, la discusión derivó hacia las condiciones salariales de los agentes municipales. El edil libertario Matías Delgado presentó una resolución expresando preocupación por los haberes del sector, señalando la presencia de montos no remunerativos y básicos que estimó en $260.000. La respuesta del bloque oficialista volvió a enfatizar el impacto del contexto macroeconómico nacional sobre las arcas comunales, aclarando que durante el presente ejercicio se traspasaron porcentajes clave al básico y se regularizó la planta permanente de casi un centenar de trabajadores en función de su antigüedad. El proyecto opositor fue archivado al cosechar solo seis sufragios.

Por último, un contrapunto sobre el funcionamiento del Hospital ‘Ángel Marzetti’ y las unidades sanitarias enfrentó a Orlando Bernasconi con la concejala Diana Barcia. Mientras la oposición argumentó carencia de profesionales y guardias reducidas como por caso la falta de un servicio diario en diagnóstico por imágenes, el oficialismo detalló el listado de prestaciones operativas y archivó la solicitud de informes por 12 votos contra la minoría. Con el tratamiento de expedientes sobre presencia de inspectores de tránsito en áreas periféricas como pretendía La Libertad Avanza, la iniciativa fue pasada a comisión.