Tras una década de inacción judicial, vuelve a investigarse una denuncia por violación

Habla con una calma que no es quietud sino desgaste. Una voz, de 34 años, que aprendió a enhebrar el trauma con la precisión del que ya no pide permiso para contar. “En marzo de 2016 yo saqué la nota, no sé si llegaste a leerla”, dice. La había leído. Y ahora, desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, repasa esos once años en los que casi todo siguió igual, salvo ella misma. 

Lo que cuenta es el retroceso. La vuelta a su ciudad natal. La sospecha constante sobre el hombre con el que convivía en Cañuelas. Y el regreso inadvertido de él a Córdoba, como si la historia que ella intentaba dejar atrás la persiguiera con nombre propio. 

“Mi hija tenía siete años. Hoy tiene 18 y se acuerda de muchas cosas”, señala. La niña declaró en la Secretaría de Niñez después de que su ex pareja la denunciara por supuestos malos tratos. Una denuncia falsa: el puntapié para algo todavía más violento. La internación en un neuropsiquiátrico ordenada por el juzgado, sin investigación previa, sin siquiera escucharla a ella. “Ahí descubren que tengo depresión postraumática por lo que me pasó en Cañuelas”, relata. 

Todo lo que siguió fue un peregrinar anual. Un ritual de volver a una fiscalía donde siempre le decían lo mismo: “La causa está archivada”. Volvió en 2016, en 2018, en 2019, y cada vez había más piezas faltantes. Testigos nunca citados. Su propia testimonial, nunca tomada. Sus pertenencias, retenidas desde 2014: un símbolo más de la causa detenida. 

Incluso cuando viajó a Villa Carlos Paz para que su historia fuera publicada en el diario de esa ciudad, nunca la llamaron ni le tomaron la nota. 

En 2019 descubrió algo que todavía hoy no logra enunciar sin detenerse: que un jefe de policía había retirado el ADN y que el expediente no lo tenía. Era una caja vaciada. 

Pandemia mediante, volvió a Cañuelas en 2023, 2024 y otra vez este año. Nada cambiaba. Hasta la semana pasada: “Me puse firme. Les dije: si hace falta llamo a los medios acá mismo”. Entonces —recién entonces— apareció el expediente con resultados de ADN que “por arte de magia” estaban. Ella les sacó fotos. “Coincidían: eran positivos. Eso dijeron las pericias”. 

Pero los huecos seguían. “¿Qué vecinas declararon?”, preguntó. No había vecinas. Sí había, en cambio, documentos que ella nunca firmó. Un abogado patrocinante que nunca conoció. Fechas imposibles: firmas del 2017, cuando estaba internada, judicializada, sin poder moverse sola. “Superpusieron las firmas y no coincidían. Era evidente”. 

En el Centro de Asistencia a la Vícitma de La Plata el expediente está mutilado: figura menos de la mitad. Ni siquiera está la denuncia original. Y, sin embargo, aparece una carátula que dice que el agresor fue imputado, información que no consta en ningún lado dentro del expediente madre en Cañuelas. 

La Justicia, mientras tanto, le hizo recorrer caminos paralelos: la mandaron al Centro de Protección de las Víctimas, donde los abogados no pueden intervenir en la causa. Nunca le mencionaron la oficina de Asistencia a la Víctima, que funciona en el propio juzgado, que sí tiene facultades. “¿Por qué no me mandaron ahí el primer día? ¿Por qué me esquivaron?”, se pregunta. 

Lo que ella llama “la raíz de todo” ocurrió el 25 de noviembre de 2014 en un departamento de la calle Chile al 300 en el barrio Los Aromos. Drogada por la medicación del hospital, fue obligada a declarar sin acompañamiento. “Una testigo se enojó: la fiscal no la dejó entrar conmigo. Yo no me acuerdo nada. Me hicieron declarar así”. Ese fue el inicio de un camino torcido, dice. 

La conversación fluye entre pausas largas y recuerdos que vuelven con nitidez quirúrgica. Como periodista, le pregunto lo que la Justicia nunca profundizó: 

—¿Identificaste a la persona que te sometió?

—“Sí. Era el dueño del departamento que nos alquilaba”, dice. 

—¿Su nombre está en la causa? 

—“Sí… creo que sí. No sé si salió en aquella nota.” 

No había salido. Su nombre de pila, Jorge, figura desde el inicio en la denuncia original. 

Lo que llama “la raíz de todo” ocurrió dentro del departamento alquilado, el 25 de noviembre de 2014. Ella convivía allí con su pareja de entonces. Aquel día, cuenta, él tuvo una actitud inusual: “Iba, venía, revisaba el dormitorio, el baño, la cocina. Estaba nervioso”. A la tarde salió, regresó sin explicación y, antes de que ella llegara a bañarse para irse a estudiar, le dijo que se iría a las 17.15. 

Fue ahí cuando algo no cerró. “Yo le dije que dejara mi llave arriba de la mesa y cerrara con la suya. Cuando salí del baño, mi llave estaba puesta del lado de adentro. Nadie debería haber podido entrar así”. Luego escuchó golpes en la puerta, creyó que era él que había vuelto por algo, pero terminó viendo cómo la puerta se abría sin forcejeo: “Usó un destornillador plano, empujó el pestillo y entró”. 

Lo que relata después es un ataque feroz: ella tratando de huir alrededor de la mesa, él volteando el mueble de un empujón, arrastrándola al dormitorio. Después, el shock. El remis ya la esperaba abajo. “Salí como podía, agarré el celular y me fui. Ni cerré la puerta”. 

Denunció enseguida. La madre de su entonces pareja apareció gritando en la comisaría, la policía la consideró sospechosa y la expulsó del lugar. Pero el hombre nunca fue detenido. Y hubo algo más grave: “A mí me sacaron muestras de todo. A él, nunca le hicieron ningún estudio”, dice. La pericia genética, hecha solo con su muestra, arrojó un resultado positivo que coincidía con el ADN del agresor, hoy incorporado al expediente. 

También denuncia que un funcionario del área de personas desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense, quien junto con otros testigos intentaba ayudarla a esclarecer la causa, fue amenazado de muerte. Según su relato, cuando supieron que este agente —identificado solo como Alejandro— estaba investigando su expediente, lo desplazaron de su cargo. Esa situación derivó en que nunca se tomaran las declaraciones que podían haber impulsado el caso. 

Después del ataque, siguió con su pareja hasta 2017, ya en Villa Carlos Paz. “Era violento. Terminó golpeándome contra una casilla de gas. Me ayudaron los vecinos; intervino la policía. Fue un infierno”. 

Años más tarde, al revisar el expediente, descubrió irregularidades severas: su testimonial nunca tomada, testigos que jamás fueron citados, firmas falsas sobre documentos que ella no firmó, un abogado patrocinante que nunca conoció, y su denuncia original ausente en la versión del expediente que guarda en el fuero penal de La Plata. También la ausencia temporal —y luego la “aparición”— de los análisis de ADN, que ella misma fotografió la semana pasada. 

El episodio con su ex pareja derivó en otra vulneración institucional: una denuncia falsa contra ella que terminó con una internación psiquiátrica ordenada por el juzgado. Allí descubrieron lo evidente: sufría depresión postraumática por el ataque de Cañuelas. 

Durante once años regresó a la fiscalía para pedir que reabrieran el caso. Siempre le dijeron que estaba archivado. La nota publicada el 12 de marzo de 2016 en El Ciudadano recogió la respuesta formal de la fiscalía: “Si la víctima lo solicita, la causa se reabre”. Ella lo solicitó una y otra vez. Nunca se hizo. 

La semana pasada volvió a pedirlo por escrito. Tiene copia. Y tiene algo más: la convicción de seguir hablando, incluso cuando la Justicia no escucha. 

—“Me cagaron la vida”, dice.

No es una frase exagerada. Es un balance. 

No quiere olvidar. Quiere que conste. Quiere recordar lo que sucedió cuando fue sometida. Quiere que su testimonio, ahora, no vuelva a perderse en un expediente que otros rompieron. 

 Ultimo momento

Esta semana, desde el Área Judicial de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Cañuelas la contactaron para informarle que la Fiscalía N°2 de Cañuelas desarchivó la denuncia radicada el 25 de noviembre de 2014 en La Plata y dictó una audiencia para tomarle una nueva declaración testimonial, necesaria para que la IPP retome su curso.

“Once años esperé. Todavía sigo con crisis de ansiedad”, confiesa la mujer, que considera la citación como “el primer gesto concreto del Estado” después de más de una década.

La audiencia fue fijada para el 7 de enero, fecha en la que finalmente —tras once años de silencio judicial— volverá a ser escuchada.