Concejales de la UCR piden la intervención de la Autoridad del Agua por los déficits del servicio de ABSA en Cañuelas

El servicio de agua potable en Cañuelas volvió al centro del debate público. En la última sesión del Concejo Deliberante, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) logró la aprobación de un pedido de informes dirigido a la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de obtener precisiones sobre la calidad del suministro y la potabilidad y las condiciones del servicio que presta Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).

La iniciativa busca que el organismo provincial intervenga ante lo que los ediles consideran un cuadro de abandono estructural y sanitario que afecta a amplios sectores de la población.

ABSA tomó el control del servicio en Cañuelas hace once años, en el marco de un proceso provincial de reestatización derivado del fallo “Mendoza” de la Corte Suprema, que obligó al Estado bonaerense a mejorar las condiciones ambientales y sanitarias en la cuenca Matanza-Riachuelo. A partir de ese convenio, el municipio debió transferir todo su patrimonio hídrico a la empresa, incluyendo las redes, plantas y perforaciones. Desde entonces, el manejo del agua y las cloacas pasó a depender directamente de la firma provincial.

Sin embargo, la expectativa de contar con un servicio más eficiente y con inversiones sostenidas nunca se cumplió. En los barrios de la ciudad y en las localidades del distrito, los reclamos por falta de presión, cortes prolongados y agua de mala calidad son frecuentes durante todo el año. La crisis ya no se limita a los meses de verano: los vecinos aseguran que el servicio se ha vuelto irregular, sin previsibilidad y sin respuestas efectivas por parte de la prestataria.

Aguas Bonaerenses S.A. es una empresa de gestión mixta, integrada en un 90% por el Estado provincial y en un 10% por el gremio de Obras Sanitarias (SOSBA). Presta servicios de agua y cloacas en 95 localidades bonaerenses, abasteciendo a más de 860 mil usuarios. Su actual presidente es el geólogo Hugo Alberto Obed, designado a fines de 2023, con antecedentes en organismos técnicos provinciales y nacionales. La firma depende del Ministerio de Infraestructura bonaerense y se financia con transferencias estatales y tarifas.

En los últimos dos años, las tarifas de ABSA aumentaron de manera sostenida. Durante 2024 la suba fue del 125%, y en los primeros meses de 2025 se aplicaron incrementos cercanos al 100%. A pesar de ello, la empresa continúa recibiendo aportes del Tesoro provincial: el año pasado, la administración de Axel Kicillof transfirió más de 27 mil millones de pesos para cubrir déficits operativos.

En el plano local, los concejales de la UCR sostienen que la situación del servicio es crítica. Según el pedido aprobado, más del 70% de los habitantes de Cañuelas carece de acceso a la red de agua corriente o de cloacas. En muchos barrios, las redes existen pero no se extendieron, aun cuando las conexiones se encuentran a escasos metros.  Alguno vecinos de barrios como San José, Buen Pastor o Sarmiento deben recurrir a pozos individuales, con resultados variables en cuanto a calidad y potabilidad.

Uno de los puntos más sensibles del planteo es la presencia de arsénico en el agua. Un estudio reciente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) detectó valores superiores al límite seguro en distintas zonas de la provincia, entre ellas Cañuelas. El análisis reveló concentraciones de hasta 50 microgramos por litro, cuando el estándar máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud es de 10. La exposición prolongada al arsénico puede provocar el denominado Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una enfermedad que afecta la piel, el sistema nervioso, el aparato cardiovascular y puede derivar en distintos tipos de cáncer.

ABSA responde que realiza controles periódicos y que los valores se encuentran dentro de los parámetros normativos, aunque no difundió informes actualizados ni precisó las fechas de los últimos análisis. La falta de transparencia y la ausencia de información oficial motivaron a los concejales a solicitar la intervención de la ADA, que es el organismo encargado de fiscalizar la calidad del agua en el territorio bonaerense.

El pedido aprobado busca conocer cuál fue el último control de potabilidad efectuado por la Autoridad del Agua en Cañuelas y si existen registros de inspecciones recientes. Los ediles también pidieron que el organismo determine si el agua que distribuye ABSA cumple con los estándares de seguridad establecidos por las normas provinciales y nacionales. En caso de detectarse incumplimientos, se solicita la aplicación de medidas correctivas urgentes.

Otro aspecto mencionado en el documento es la falta de obras estructurales. Desde el traspaso del servicio a la órbita provincial, varias obras de infraestructura quedaron inconclusas o fueron anunciadas reiteradamente sin avances concretos. Entre ellas se encuentran la construcción de nuevas cisternas en la planta de Rivadavia y Mozotegui, el tendido de redes en Vicente Casares y los proyectos para dotar de agua potable a la localidad de Alejandro Petión.

A pesar de los compromisos asumidos en diferentes gestiones, las obras no se retomaron y los barrios más afectados siguen dependiendo de perforaciones precarias o de la compra de bidones. El problema, advierten los concejales, no se limita al consumo directo: también impacta en la preparación de alimentos y en la higiene cotidiana. “Quien no puede comprar agua envasada, está en una situación de vulnerabilidad sanitaria permanente”, señalaron en el recinto.

El debate por el control y la calidad del servicio también pone en discusión el rol de los organismos de contralor. La Defensoría del Pueblo bonaerense, encargada de recibir reclamos de usuarios, depende del mismo signo político que el gobierno provincial, lo que según los ediles limita su independencia. Por eso, el bloque radical planteó que los organismos de control deberían estar en manos de la oposición, para garantizar la transparencia y la defensa efectiva de los consumidores.

En otros distritos de la provincia, como Lobos, Monte o 9 de Julio, se registraron casos similares. En Monte, vecinos autoconvocados presentaron una demanda judicial contra ABSA tras comprobar deficiencias en la potabilización, lo que derivó en la implementación de un sistema de ósmosis inversa para mejorar la calidad del agua. En 9 de Julio, la empresa debió repartir agua potable en camiones cisterna hasta que se resolvió la contaminación del servicio.

En Cañuelas, el pedido de informes ante la ADA marca un nuevo paso institucional que podría derivar, si no hay respuestas satisfactorias, en una acción judicial.