Reclamos y consensos en la sesión del Concejo Deliberante tras las elecciones nacionales

En la XI sesión ordinaria del Concejo Deliberante, realizada este jueves, se combinaron los ecos del reciente proceso electoral con un temario de resoluciones y proyectos. Las alocuciones de los bloques expusieron cierta tensión política del momento, pero también dejaron espacio para acuerdos en iniciativas de fuerte contenido social.

La sesión comenzó con la cuestión de privilegio presentada por Valeria Medina, concejal de La Libertad Avanza, quien abrió la jornada con un discurso de tono reflexivo sobre el rol del cuerpo deliberativo tras las elecciones. “Los comicios pasaron, ya pasaron las chicanas. Ni vencedores ni vencidos: es hora de trabajar”, expresó, en un llamado a dejar atrás la disputa electoral. La edil pidió enfocar la labor legislativa en “resolver los problemas cotidianos de los vecinos”, insistiendo en la necesidad de “reformas de ordenanzas y modernidad” para acompañar a los contribuyentes que “cumplen con su tasa y esperan servicios”.

Su compañera de bancada Patria Rolandelli de La Libertad Avanza profundizó esa línea. “Se demostró que nadie está para siempre. Los cañuelenses eligieron ideas nuevas, no figuras”, afirmó, agradeciendo el apoyo de la ciudadanía y de los espacios que conforman su frente. “Hay gente que trabaja, milita, tiene proyectos y no entrega chapas ni colchones. Eso es política”, remarcó.

Desde Unión por la Patria, la concejala Diana Barcia destacó la reanudación de la obra de pavimentación del Camino del 72, gestionada por la intendenta Marisa Fassi y anteriormente por Gustavo Arrieta desde Vialidad Nacional. Barcia advirtió que “el financiamiento de los caminos rurales fue derogado por las actuales autoridades nacionales”, y lamentó que los programas federales que sostenían esas mejoras “hayan quedado sin continuidad”.

Uno de los momentos más tensos de la sesión se dio cuando el jefe del bloque libertario, Juan Bautista Augusto, cuestionó duramente “el cúmulo de resoluciones ignoradas por el Ejecutivo municipal”. El edil denunció que “hay un desprecio por lo que este cuerpo aprueba” y enumeró expedientes pendientes de respuesta: pedidos de informes sobre el funcionamiento de Defensa Civil, la instalación de una garita policial en Los Aromos, la rampa en la oficina local de ANSES, y la puesta en marcha del estacionamiento medido.

“Hace meses que no se presentan funcionarios del Municipio. Parece que le toman el pelo a los concejales, pero lo más grave es que se lo toman a los vecinos”, sostuvo Augusto. “Si hay tanta transparencia como dicen, los funcionarios deben venir o responder las notas. La ausencia es un desacato institucional”, sentenció.

Entre los proyectos tratados, Unión por la Patria impulsó una resolución para declarar de interés el proyecto de ley nacional que prohíbe los cortes de servicios esenciales a instituciones comunitarias. La concejala Margarita Puentes argumentó que “escuelas, hospitales, clubes y asociaciones están asfixiados por los aumentos de tarifas”, y que la medida busca “proteger el entramado social” sin otorgar privilegios.

Desde el PRO, Darío Moreno cuestionó la competencia del Concejo para pronunciarse sobre una ley nacional: “No corresponde declarar algo que está en debate en otro ámbito”. Su compañera de bloque, Natalia Blasco (La Fuerza del Cambio Pro), coincidió y propuso que el tema sea tratado “en comisión, para analizar alternativas locales”. Finalmente, tras un empate en la votación, el presidente Maximiliano Mazzanti desempató a favor y la declaración fue aprobada por mayoría.

El radical Leonardo Iturmendi presentó un proyecto de comunicación para solicitar a la Autoridad del Agua información sobre la potabilidad del suministro local. “El agua potable es un derecho humano esencial, pero en Cañuelas hay niveles de arsénico cinco veces superiores a los permitidos”, denunció. Recordó que el 70 por ciento de los vecinos “no cuenta con red de agua ni cloacas” y que la empresa ABSA “no responde los pedidos de informe”. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

En la misma línea social, Claudia Pelereteguy (UCR) propuso un pedido de información al Ejecutivo sobre si existe un área específica de asistencia al suicida. “Se trata de construir puentes, no de buscar culpables. Necesitamos saber qué programas, campañas o espacios de escucha existen”, explicó. Su proyecto fue aprobado también por unanimidad.

Otro tema que generó debate fue la instalación de una antena de la empresa Claro en la calle Mozotegui al 1300, en el barrio Buen Pastor. Concejales de La Fuerza del Cambio-Pro y La Libertad Avanza expresaron su preocupación por los posibles riesgos para la salud y la falta de información a los vecinos.

Bautista Augusto pidió conocer si hubo “un estudio ambiental profesional, como exige la normativa”. El concejal Fernando Abdo aclaró que “la antena no está aprobada” y que el Municipio “frenó la instalación hasta completar el proceso administrativo”. Iturmendi apoyó el pedido y sugirió “actualizar la ordenanza vigente, que tiene 17 años”. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

En el tramo final de la sesión, el cuerpo aprobó una resolución para crear un Programa de Memoria Comunitaria por las víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios en Cañuelas. La iniciativa busca visibilizar los casos ocurridos en el distrito y promover políticas locales de acompañamiento y prevención.

El dirigente libertario Augusto también recordó que “pasaron más de 30 días sin respuesta al proyecto de comunicación sobre los camiones tercerizados” y denunció que “los vehículos siguen circulando por las calles sin que se aclare su situación”. “Si no tenemos camiones y maquinarias propias, también debemos saber por qué, qué se contrata y bajo qué formas”, insistió.

El concejal Abdo respondió que “el tema ya fue debatido” y que corresponde tratarlo “en el marco de la Rendición de Cuentas, que es el momento institucional para hacerlo”. “La municipalidad brinda servicios públicos y cuenta con facultades y reglamentación para celebrar contratos”, explicó. “No vamos a extender el debate”, anticipó, adelantando su voto negativo al despacho.

Augusto retrucó si “en la Rendición de Cuentas se incorporarán esos contratos, porque en el último análisis no hubo información detallada”. Planteó que “es necesario saber cuántas máquinas y camiones tiene el municipio y cuántos están bajo contratación privada”.

El radical Leonardo Iturmendi se sumó al reclamo. “Acompañamos el pedido de informes. En cualquier momento se pueden requerir datos, y podrían publicarse en el boletín oficial, que aún no está disponible pese a haber sido aprobado”, señaló. “Se equivocan en no conocer cómo se manejan los recursos de los vecinos. Tampoco sabemos si hubo licitación entre empresas privadas”, agregó.

El debate derivó en un empate en la votación, y tras una segunda ronda, el presidente del cuerpo, Maximiliano Mazzanti, utilizó su voto para rechazar el proyecto, que finalmente fue archivado.