Instituciones de discapacidad realizan un cese nacional de actividades ante la falta de actualización de aranceles
Fundaciones y centros de atención de todo el país, como IPNA de Alejandro Petión, suspenden sus servicios durante dos días en reclamo de soluciones urgentes frente a la crítica situación del sistema que sostiene la atención de más de 250.000 personas.
Instituciones y fundaciones que brindan atención a personas con discapacidad en todo el país realizan este miércoles 22 un cese involuntario de actividades, en el marco de una protesta nacional que busca visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector. La medida, convocada por organizaciones y federaciones como Faden, Apridis, Fendin y Cited, incluye una movilización prevista para el miércoles a las 11, desde la plaza del Congreso hasta el Ministerio de Salud de la Nación. Este martes también marcharon.
En el distrito de Cañuelas, la Fundación IPNA, con sede en la localidad de Alejandro Petión, se sumó al paro y suspendió sus servicios durante las dos jornadas. La entidad, que desde 1988 promueve la inclusión social de jóvenes con discapacidad, atraviesa una grave crisis económica que pone en riesgo la continuidad de su trabajo. Allí, un equipo de 24 personas brinda atención, contención y apoyo integral a más de 90 jóvenes.
“Esta medida se toma por la difícil situación que atraviesa el sistema de atención a las personas con discapacidad. Los aranceles no se actualizan hace más de un año, mientras los costos y los salarios aumentan día a día, haciendo muy difícil sostener nuestro trabajo”, expresaron desde la institución en un comunicado.
El reclamo principal apunta al congelamiento de los aranceles establecidos por el Nomenclador Nacional, regulado por la Ley 24.901, que fija los valores de las prestaciones para la atención de personas con discapacidad. Según las entidades, esta falta de actualización por parte del Estado Nacional genera un desfasaje insostenible frente al incremento generalizado de los costos, los servicios y los salarios del personal especializado.
Integrantes de IPNA exigieron la aplicación legítima de las normativas aprobadas en el Congreso.
La situación, aseguran, ya derivó en el cierre de numerosos centros en distintas provincias, dejando a miles de personas sin atención ni contención. Se estima que más de 250.000 personas con discapacidad en todo el país dependen de este sistema, que hoy se encuentra en una situación límite.
“Ya no hay más tiempo”, advierten los comunicados difundidos por las entidades. “Convocamos a un cese involuntario de actividades y a una movilización nacional. Es hora de tomar medidas más drásticas para exigir que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad. ¡Aumento de aranceles ya!”.
Desde IPNA aclararon que, durante los días de paro, el equipo permanecerá disponible para situaciones urgentes o consultas prioritarias, aunque no se brindarán los servicios habituales. “El objetivo no es perjudicar a las familias, sino reclamar para poder seguir garantizando los derechos, la atención y el acompañamiento que las personas con discapacidad necesitan”, indicaron.
La protesta también busca poner en agenda la demora en la implementación de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada pero aún no reglamentada en su totalidad. En la provincia de Buenos Aires, la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) se sumó al reclamo, denunciando la postergación de los mecanismos que permitirían aplicar los fondos de emergencia previstos en esa norma.
Mientras tanto, el sector continúa funcionando con recursos cada vez más escasos. En instituciones como IPNA, donde la vocación social y educativa se impone al desgaste económico, el desafío diario es no bajar los brazos. “Necesitamos respuestas concretas para poder seguir acompañando a quienes más nos necesitan”, concluyeron desde la fundación.
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