La muerte de la doctora Alejandra Rabadán y una investigación que pone en tela de juicio al sistema de emergencias privadas

En la tarde del 11 de enero de 2022, la vida de la doctora Alejandra Teresa Rabadán —neurocirujana reconocida en el país y en el exterior— se apagó tras un episodio agudo del Síndrome de Fuga Capilar Sistémica, la rara enfermedad que padecía desde hacía más de tres décadas. Su muerte, a los 68 años, ocurrida después de casi cinco horas de espera mientras imploraba ser trasladada desde su casa en el Club de Campo La Martona hasta el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) de la Ciudad de Buenos Aires, derivó en una compleja trama judicial que combina aristas penales, civiles y corporativas.

La denuncia penal, presentada por su hermana Patricia Ana Rabadán —arquitecta y residente en La Martona—, está dirigida contra la médica del servicio del country, Micaela Iñiguez, quien, según el escrito judicial, negó el traslado en dos ambulancias disponibles en el lugar (una Mercedes Benz, modelo 2010, y otra Citroën, modelo 2021). También alcanza a otros posibles responsables, bajo las figuras de omisión de auxilio y abandono de persona con resultado fatal. El planteo, radicado en la UFI Nº 1 de Cañuelas como “Averiguación de ilícito”, sostiene que la reiterada negativa a realizar el traslado y la falta de atención médica oportuna fueron determinantes en la muerte de Alejandra Rabadán.

El síndrome que padecía la doctora Rabadán provocaba que el líquido linfático se filtrara hacia los tejidos, con riesgo de shock hipovolémico, cuadro que atravesaba al momento de solicitar el traslado. Ella misma había sufrido episodios similares en el pasado y sabía que la clave era una internación rápida en un centro de alta complejidad. De hecho, horas antes de su muerte se comunicó con el IADT —donde se encontraban sus médicos tratantes— para advertirles que prepararan su ingreso a terapia intensiva. En el instituto, el equipo de guardia ya la estaba esperando.

La ambulancia de Aymed que finalmente realizó el traslado demoró casi cinco horas en llegar y, cuando lo hizo, la médica ya se encontraba en estado crítico. Falleció poco después de su ingreso al sanatorio.
Según la denuncia, ni su prepaga ni las ambulancias privadas que estaban disponibles habrían asumido la responsabilidad del traslado. Para la familia, las más de cuatro horas de demora le quitaron la posibilidad de recibir atención a tiempo y, con ello, la chance de sobrevivir.

La doble vía judicial

La familia no se limitó a la denuncia penal. También impulsó una demanda civil por daños y perjuicios, encabezada por el abogado Diego Mariano Massi, en representación de Patricia Rabadán y de su madre, Teresa Francisca Skawski (fallecida en marzo de este año). En esa acción reclaman una indemnización de miles de millones de pesos, al invocar tanto una presunta responsabilidad subjetiva por mala praxis médica como una objetiva vinculada a los administradores de La Martona, propietaria de la ambulancia.

La demanda incluye a la doctora Micaela Iñiguez y al doctor Hugo César Reyes, director médico del servicio del country, así como a las empresas AS.UR.MED S.R.L. y Aymed S.A., contratadas para la cobertura de emergencias; a la prepaga OSDE, y a los directores del Club de Campo La Martona S.A., firma administradora del barrio al momento de los hechos. Según la presentación judicial, la acusación central sostiene que se habría negado el traslado de una propietaria que se encontraba en shock hipovolémico, sin poder brindarle auxilio pese a la insistencia de la paciente y su familia.

Entre las pruebas ofrecidas figuran: registros de llamadas entre Alejandra, su madre y el personal médico; capturas de pantalla de mensajes; testimonios de vecinos y enfermeros que asistieron a la víctima; y la documentación contractual entre el country y las empresas de emergencias. Incluso se pide la citación en garantía de las aseguradoras de los médicos y de las empresas involucradas.

Lo llamativo, según surge del expediente penal, es que la Guardia retenía en el acceso a La Martona a la ambulancia de Aymed que realizaría el traslado, con el argumento de registrar a los tres ocupantes.
Luego, se habrían dado instrucciones para no superar la velocidad permitida de 20 km por hora. Mientras tanto, la doctora Alejandra Rabadán permanecía en estado crítico.

Según la familia, debido al retraso, lo razonable habría sido enviar una ambulancia desde la base de Cañuelas, dado que el traslado desde la Capital Federal llevaba demasiado tiempo.

Sospechas de encubrimiento

El entorno familiar de la víctima ha expresado sus sospechas respecto a las circunstancias del traslado. La ambulancia involucrada estaba registrada a nombre del administrador, pero fue pagada por el consorcio, y carecía de la habilitación obligatoria. Según los allegados de la familia, podría haber existido una orden administrativa del Club que habría retrasado el traslado, con la posible intención de evitar responsabilidades legales o contractuales. “Un médico no se niega a trasladar a un paciente grave. Lo que ocurrió aquí parece exceder a la negligencia médica individual”, señalan desde el entorno de la familia Rabadán.

En la denuncia también se sugiere que se habrían incumplido normativas provinciales relacionadas con los servicios de urgencias y que el servicio médico contratado estaba obligado a trasladar a la paciente “al centro médico más cercano o al que indicaran el paciente o sus familiares”. Según los allegados, la ambulancia de La Martona permaneció estacionada frente a la unidad de la doctora Rabadán, negándose a realizar el traslado. La familia sostiene que, debido al retraso, lo razonable habría sido enviar una ambulancia desde la base de Cañuelas, ya que el traslado desde Capital Federal demoraba demasiado. De acuerdo con los denunciantes, el traslado solicitado por la prepaga OSDE con la ambulancia de Aymed se demoró en aproximadamente 4 horas y 45 minutos, un lapso crítico para una enfermedad que avanza rápidamente.”

El fallecimiento de Alejandra causó un profundo impacto en el ámbito científico y médico. Reconocida por su participación en congresos internacionales, galardonada en Estados Unidos y Europa, Alejandra trabajó en hospitales de referencia y fue conferencista en numerosos encuentros médicos y académicos alrededor del mundo. En su honor, se creó un premio de Medicina que lleva su nombre. La noticia de su muerte suscitó numerosas condolencias provenientes de diversos países de América, incluidos México, Paraguay y Estados Unidos.

Desde la Administración

A cinco días del fallecimiento se emitió un comunicado desde la Administración. “La administración del Club ha decidido no participar en los chats internos para mantener una postura institucional respetuosa ante las diversas opiniones. Sin embargo, debido a recientes injurias y manipulación de información por parte de la socia Patricia Rabadán, se ve necesario aclarar ciertos puntos sobre el servicio médico del Club”.

Y luego sigue el despacho: “Patricia Rabadán ha hecho acusaciones sobre la atención médica brindada a su hermana, la Dra. Alejandra Rabadán, cuestionando la calidad del servicio. La administración responde a estas afirmaciones para aclarar malentendidos”. Y por otro lado indica información sobre el servicio médico. “El servicio médico del Club es de emergencias, no una guardia médica completa. Se brinda atención inmediata y se traslada al paciente según la evaluación del médico”. Y detalla que el equipamiento de la ambulancia está equipada para emergencias críticas, incluyendo oxígeno, desfibrilador, respirador y otros elementos esenciales. “La habilitación de la ambulancia está en trámite, pero el equipamiento es adecuado para las necesidades del Club”.

En cuanto a la atención a Alejandra Rabadán afirmaron que “a las 15:00, la Dra. Alejandra Rabadán realizó una consulta telefónica sin solicitar atención domiciliaria. A las 17:00, se pidió atención en casa, que fue enviada de inmediato. “La atención médica se llevó a cabo y finalizó minutos después de las 19:00, cuando la ambulancia de Aymed, contratada por OSDE, trasladó a la paciente, quien estaba consciente y estabilizada”.

Luego hace observaciones sobre la socia Patricia Rabadán y afirma “una ausencia durante la atención”. Y aclara que Patricia Rabadán no estuvo presente en el domicilio de su hermana durante la atención médica, “lo que pone en duda la veracidad de sus declaraciones y acusaciones”. Y concluyen que “la administración tiene información adicional que respalda el correcto funcionamiento del servicio médico, pero por razones de privacidad de la paciente, no se divulgará. Se reafirma el compromiso de la administración y el Consejo de Propietarios con la atención adecuada y el respeto a la privacidad de los involucrados”.

Un fiscal apartado

La causa penal, que parecía estancada, tuvo un giro institucional en los últimos meses. El abogado de la familia, Alejandro Higa, recusó al agente fiscal de Cañuelas, Roberto Javier Berlingeri, al denunciar inactividad, falta de respuesta a escritos y un “temor fundado de parcialidad”. El juez de Garantías de La Plata, Martín Miguel Rizzo, con asiento en Cañuelas, había rechazado el planteo, pero la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala II de La Plata revocó la decisión y apartó al fiscal.

Las juezas Miriam Patricia Ermili y María Silvia Oyhamburu sostuvieron que, aunque no había pruebas de una desviación consciente en la actuación de Berlingeri, existían “elementos objetivos” que justificaban la desconfianza de la familia. Subrayaron que la objetividad del Ministerio Público es una garantía esencial y que la falta de respuestas a los pedidos de la querella tras la revocación de un archivo de la causa constituía un “gravamen irreparable”.

El apartamiento del fiscal es un hecho poco frecuente, con implicaciones institucionales significativas. Este paso reconoce la voz de la víctima y obligó a la Fiscalía General de La Plata a designar a Álvaro Garganta como nuevo representante del Ministerio Público, quien reactivó la causa.

Un caso testigo

La muerte de Alejandra Rabadán y las causas judiciales derivadas exponen las fallas del sistema de emergencias privadas en urbanizaciones cerradas, donde los consorcistas, al ser tanto proveedores como pacientes, enfrentan posibles conflictos entre las obligaciones médicas y las decisiones administrativas.
La familia busca una indemnización cuya finalidad sería destinar los fondos a la creación de becas para estudiantes de medicina, como homenaje a la trayectoria de Alejandra.
La investigación penal deberá esclarecer si la omisión de auxilio fue el resultado de un error médico, una falla estructural del sistema de emergencias o, como sospecha la familia, una acción deliberada de los administradores para eludir responsabilidades.