Cañuelas estuvo presente en otra marcha al Congreso contra el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Cañuelas enfrenta una realidad poco visibilizada: la situación de las personas con discapacidad en la región. Aunque no existen aún datos oficiales precisos, desde el área municipal de Dirección de Discapacidad estiman que entre 3.500 y 3.800 personas viven con alguna discapacidad en el partido. De estas, el 80% son menores de 18 años, y en su mayoría, su diagnóstico se da en edades tempranas, especialmente en patologías recientes como el autismo. Sin embargo, las dificultades que enfrentan estas personas, así como sus familias, van más allá de los números: falta de recursos, servicios insuficientes, y un sistema que no responde de manera adecuada a las crecientes necesidades del sector. 

El sistema de salud y bienestar para personas con discapacidad atraviesa una crisis profunda en Cañuelas y en el país en general. En una manifestación en el Congreso de la Nación, que tuvo lugar el martes 5, organizaciones y ciudadanos se unieron para rechazar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que busca garantizar la sostenibilidad de los servicios y apoyos a las personas con discapacidad. 

La Ley de Emergencia fue aprobada por el Congreso, pero el presidente Javier Milei optó por vetarla, lo que generó un fuerte rechazo entre las asociaciones que luchan por los derechos de este colectivo. La norma contemplaba un aumento en los aranceles de los prestadores, que desde hace años sufren la falta de actualización, poniendo en riesgo el funcionamiento de muchos centros y servicios. 

Entre las organizaciones afectadas se encuentra la Fundación IPNA, que desde hace 37 años trabaja por la inclusión social de personas con discapacidad intelectual. La Fundación, con un centro de día en la localidad de Alejandro Petión y otro en el barrio de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, enfrenta la amenaza de cierre debido a la falta de recursos y tarifas que no cubren los costos operativos. 

La manifestación tuvo momentos de tensión cuando la Gendarmería y Policía Federal los corrió a los empujones a las personas que se manifestaban de manera pacífica frente al Congreso. Luego de un rato los uniformados desistieron de desalojar la zona de los manifestantes. 

“Fue una jornada complicada cuando se trataba de una manifestación pacífica y de visibilización para llevar al Congreso el mensaje de que no acepten el veto. Los discapacitados, los profesionales y las instituciones necesitan que se apruebe la ley para continuar con el apoyo a las personas con discapacidad”, destacó Alex Goldman, presidente de la Fundación IPNA. Y agregó que “en medio del acto, Patricia (Bullrich) aplicó el protocolo con cordones enormes de uniformados que comenzaron a empujar a personas con discapacidad para desalojar el lugar. Había gente con síndrome de Down, en sillas de ruedas, con discapacidad intelectual, todos barridos por el protocolo. Una persona con discapacidad empezó a convulsionar y fue entonces muy dramático. Luego las fuerzas se retiraron a un costado y dejaron de presionar. Pero fuimos reprimidos, expulsados y el colectivo de personas con discapacidad ganó las calles”.

La ley de emergencia en discapacidad, en tanto, garantizaba fondos para prestadores hasta 2027, actualizaba montos de pensiones y aumentaba la remuneración para trabajadores con discapacidad, que hoy perciben apenas $28.000 mensuales. La pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra $3000 la hora, recién a los 180 días. 

“Durante los últimos meses, los aumentos han sido menores al 1% mensual, y desde enero de 2025 no hemos recibido ningún incremento, mientras que los costos operativos siguen subiendo. Esto hace que muchas organizaciones como la nuestra estén al borde de la quiebra”, explicó Goldman. 

El contexto económico hace aún más difícil la situación. Las fundaciones y centros de atención se ven obligados a endeudarse para poder cubrir costos fijos, como los salarios de los trabajadores. La Fundación IPNA, por ejemplo, tuvo que vender un vehículo destinado a actividades de inclusión social y hacer malabares para mantener los servicios básicos. La dificultad es tal que, aunque mantienen el servicio de atención para las personas con discapacidad, el mantenimiento de las herramientas de trabajo se ha vuelto casi insostenible. 

A pesar de las dificultades, las organizaciones y los grupos de familias que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad no cesan en su lucha. La reciente manifestación frente al Congreso, en rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, fue un llamado a la acción. “No queremos privilegios, solo que respeten nuestros derechos”, afirmaron desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Servicios y la larga espera  

Una de las principales demandas de las familias en Cañuelas es el acceso a pensiones y tratamientos médicos. Desde el área municipal de Discapacidad se gestionan los Certificados Médicos Oficiales, esenciales para acceder a pensiones no contributivas. Esta pensión es un ingreso mínimo para las personas con discapacidad o algunas enfermedades crónicas, pero desde el 2023 el gobierno nacional suspendió su otorgamiento, lo que afecta a cientos de personas en Cañuelas y otras localidades. 

El proceso para obtener estos certificados implica una compleja burocracia, con múltiples trámites y largas esperas. Muchos de los beneficiarios, a pesar de tener el diagnóstico, deben enfrentarse a la falta de recursos e infraestructura. La situación se complica aún más por la falta de respuesta de organismos nacionales como la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que genera un vacío en la atención. 

En Cañuelas, se otorgan anualmente alrededor de 600 certificados de discapacidad, entre nuevas solicitudes y renovaciones, pero muchas familias se ven obligadas a desplazarse a la Capital Federal o La Plata para gestionar trámites o adquirir productos médicos esenciales, como pañales o medicamentos. Varias de estas gestiones son abordadas por una combi oficial y personal de Discapacidad Cañuelas. 

Instituciones locales  

Cañuelas cuenta con nueve instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad, entre ellas escuelas y centros terapéuticos. Las Escuelas Nº 501 y Nº 502, junto a Apyad, IPNA, Welcome, hospital ‘Dardo Rocha’, el Hogar Santa María del Hogar del Rosario, Amigos Siempre Amigos, Hogar San Onofrio brindan servicios esenciales. Entre estos, algunos se enfocan en la inclusión laboral, otros en el cuidado diario y terapias, y algunos ofrecen programas de integración social y deportiva. 

Entre las actividades destacadas que también coordina Discapacidad de la Municipalidad, es la participación en los Torneos Bonaerenses, que reúne a cientos de chicos y adultos con discapacidad de todo el distrito en competencias deportivas y culturales. El año pasado, 100 personas de Cañuelas participaron en esta iniciativa, y este año la cifra ascendió a 120. Estos eventos no solo buscan promover la integración, sino también ofrecer espacios donde las personas con discapacidad puedan mostrar sus talentos y capacidades. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las dificultades económicas y la falta de recursos siguen siendo obstáculos importantes. Las familias enfrentan dificultades para acceder a terapias especializadas debido a los altos costos, y los programas de acompañamiento terapéutico son escasos. Además, la eliminación del plan Remediar, destinado a la entrega de medicamentos esenciales, ha dejado a muchos sin el acceso a los tratamientos necesarios. 

En cuanto a la inclusión escolar, las instituciones de Cañuelas también enfrentan desafíos significativos. Aunque la Ley Nacional de Educación establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación inclusiva, la falta de acompañantes terapéuticos en las escuelas públicas y la escasez de recursos dificultan este proceso. Los acompañantes terapéuticos son profesionales esenciales que ayudan a los alumnos a integrarse al entorno escolar, pero su salario, que es aproximadamente la mitad de un docente, suele ser insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Además, muchos de estos acompañantes deben ser titulados y homologados, lo que genera un vacío en el sistema educativo.