El crimen de Mirta Barcia: Se define la fecha del juicio que tendrá doble modalidad para los tres acusados
Terminó la etapa probatoria y el 26 de junio habrá una audiencia clave para determinar el inicio de los debates. Juan Pedro Corvalán, apuntado como el autor material del asesinato de la empleada municipal, será sometido a un jurado popular. Sus cómplices irán a un Tribunal Oral.
Tras casi cinco años de investigación, el caso por el brutal crimen de Mirta Barcia, la empleada municipal y docente de folclore asesinada durante un asalto en septiembre de 2020, avanza hacia su etapa final. Con la clausura de la etapa probatoria y el cierre de las audiencias preliminares, el juicio comienza a perfilarse en dos vías paralelas: uno con jurado popular y otro ante un Tribunal Oral.
Barcia, de 64 años, se desempeñaba como secretaria privada de la intendenta Marisa Fassi. La mujer fue atacada en la noche del 8 de septiembre de 2020 al salir de la casa de su hermana, en la calle Vicente Casares, en inmediaciones del Molino Cañuelas, a metros de las vías del ferrocarril.
Dos hombres la interceptaron para robarle el teléfono celular. Durante el asalto, la mujer recibió al menos un impacto de bala que terminó con su vida. Su crimen sacudió a la comunidad cañuelense. Era esposa del concejal con mandato cumplido, Alberto ‘Chajá’ Porciel, madre de dos hijos y abuela. Su crimen generó una marcha de reclamo de seguridad y justicia en las calles de nuestra ciudad.
Dos juicios, tres acusados
Según le confirmaron fuentes judiciales a El Ciudadano, el proceso se dividirá en dos modalidades. Juan Pedro Corvalán, acusado de ser el autor material del homicidio, será juzgado por un jurado popular. Leonardo Ezequiel Quinteros, considerado coautor, y Alan Gabriel Arrieta Mosbach, acusado de encubrimiento, enfrentarán un juicio ante un Tribunal Oral Criminal.
El entonces fiscal de instrucción de Cañuelas, Lisandro Damonte, elevó la causa al juicio con una calificación gravísima: "homicidio criminis causa", que prevé prisión perpetua para quienes matan con el objetivo de asegurar la impunidad de otro delito, en este caso, el robo del celular. La figura legal es la misma por la que fueron condenados en 2015 los asesinos de los hermanos Massa, un crimen que ya cumplió 13 años.
Arrieta, por su parte, está imputado por encubrimiento agravado, con penas de entre tres y seis años de prisión. Corvalán y Quinteros permanecen detenidos con prisión preventiva.
Audiencias y fechas
El 26 de junio se llevará a cabo una audiencia clave entre la fiscal Viviana Arturi, el abogado querellante Sergio Nucifora y las defensas, en la que se definirán los testigos que finalmente participarán en el juicio contra Arrieta y Quinteros. En tanto, el 10 de julio se realizará una audiencia similar, pero referida al juicio por jurado popular que enfrentará Corvalán. Será encabezada por el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia.
A partir de esas instancias, el juzgado fijará las fechas para ambos procesos, marcando así el inicio formal del juicio oral.
¿Juicio abreviado?
Existe una posibilidad de que Leonardo Quinteros se someta a un juicio abreviado, aunque esto dependerá del acuerdo al que lleguen las partes en relación con la pena a imponer. De concretarse esta opción, y considerando su tiempo en prisión preventiva, el acusado podría quedar en libertad en los próximos meses. Sin embargo, esta posibilidad aún no fue oficializada.
El abogado de la familia Barcia, Sergio Nucifora, destacó el compromiso de la fiscalía y del Poder Judicial de La Plata para sostener una investigación robusta. En su momento, había propuesto más de 150 testigos, incluyendo policías, operadores de cámaras de seguridad y personas vinculadas a la compra-venta del celular robado, pero la cantidad será reducida por pedido del juez.
La prueba acumulada hasta ahora es contundente: imágenes de cámaras de seguridad, testimonios presenciales, rastros del arma homicida –aún no hallada– y detalles físicos que coinciden con los acusados. Un testigo reservado aseguró que Corvalán portaba armas el día del crimen, y otro aseguró que Quinteros lo incitó a salir a delinquir pese a su arresto domiciliario por una causa previa de narcotráfico.
El caso también abrió un fuerte debate sobre las políticas de morigeración de penas aplicadas durante la pandemia. Corvalán, al momento del crimen, debía cumplir arresto domiciliario por una causa de venta de estupefacientes. Pese a ser monitoreado por la Policía, violó sistemáticamente las condiciones del beneficio judicial, lo que dejó expuesta una grave falla de control por parte del sistema.
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