Gustavo Arrieta, contundente: “El Gobierno de Javier Milei abandonó irresponsablemente las obras viales”

Gustavo Arrieta conoce las rutas de nuestro país. A fin de cuentas, estuvo al frente de Vialidad Nacional durante el Gobierno de Alberto Fernández. Y en ocasión del accidente de la Ruta 3, dialogó con El Ciudadano. 

-Muchos vecinos y usuarios le facturan las muertes en la Ruta 3 al Gobierno Nacional, producto del cese de las obras. ¿Usted cree que es el principal responsable?
-Si bien no puedo responder puntualmente por este accidente en particular –que seguramente obedece a múltiples factores y debe ser objeto de una investigación seria–, sí creo que el estado actual de la Ruta 3, como tantas otras que quedaron abandonadas en plena ejecución, tiene una incidencia directa. En este caso puntual, según lo que se pudo ver en medios de comunicación, la ruta no estaba correctamente demarcada y las banquinas están descalzadas, lo que representa un riesgo claro para quienes circulan por allí. En ese sentido, considero que el Estado Nacional tiene una responsabilidad ineludible en el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial. No sé si se puede hablar estrictamente de culpabilidad, pero sí, sin duda, de una cuota importante de responsabilidad, claramente porque el Gobierno de Javier Milei abandonó irresponsablemente la mayoría de las obras viales que se estaban realizando en el tramo de la Ruta 3 entre Cañuelas y Las Flores.

-¿En qué estado estaba la Ruta 3 cuando asumió el actual Presidente?
-La Ruta 3 se encontraba en medio de una serie de obras para su transformación en autovía, que era parte de un proyecto más amplio que había tenido obstáculos desde su inicio. Todo el paquete de obras de la Ruta 3 tardó dos años en activarse porque estaban involucradas dentro del extraordinario negocio de las PPP que impulsó el Gobierno de Mauricio Macri. 

-Siempre fue muy crítico de las PPP. El Gobierno apuesta ahora a un modelo “a la chilena”. ¿Cree que tendrá éxito?
-Sí, he sido crítico del modelo PPP desde el inicio, porque ya vimos sus efectos durante el Gobierno de Mauricio Macri. Las obras no se hicieron y el Estado terminó perjudicado por contratos que favorecen a los privados. De hecho, menos del 5% del compromiso asumido en el marco de las PPP fue ejecutado. Fue un mal negocio para las empresas, un pésimo negocio para los ciudadanos argentinos y un gran negocio para los bancos y compañías de seguros. Pero además de eso, el problema estructural del modelo es que deja afuera las obras que no son rentables: agua potable, asfaltado en barrios populares, infraestructura en zonas no urbanas. Esas obras no van a contar con financiamiento privado y quedan relegadas. Cuando se menciona el modelo chileno o los casos de Portugal o Italia, hay que entender que son países con redes viales mucho más pequeñas –menos de 15.000 km–, en los que el modelo de participación público-privada ha funcionado parcialmente. En cambio, Argentina tiene una red vial extensa: 45.000 km de rutas nacionales, alrededor de 43.000 km de rutas provinciales y unos 60.000 km de caminos municipales. En países de gran extensión como Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos o Australia, los planes integrales de participación público-privada han sido un fracaso rotundo. Las PPP sólo pueden operar en los 3.000 o 4.000 km más rentables, siempre dolarizados, en un país donde los ciudadanos cobran en pesos. Por eso, sin una fuerte presencia del Estado, este modelo es inviable. Además, hasta ahora, el Gobierno de Javier Milei no ha logrado iniciar una sola obra pública, ni con fondos propios ni con esquemas de inversión externa. Lo que se observa es un abandono total de la planificación estatal en materia de infraestructura.

-¿Qué obras estaban en ejecución hacia fines de 2023?
-Eran múltiples. Se había concluido la obra de la doble mano entre el puente La Pérgola y la rotonda de acceso en Cañuelas, postergada durante más de diez años. Se estaba avanzando con más del 51% de ejecución en la Variante Cañuelas (desde el puente La Pérgola hasta la calle Pellegrini), con cruces aéreos ya realizados sobre la Ruta 3 y la Ruta 205, y sólo faltaba abrir la traza entre Ruta 205 y el puente La Pérgola, trabajo que se encontraba en plena ejecución al momento de ser interrumpido. La rehabilitación de calzada, en dos contratos entre Cañuelas y San Miguel del Monte, fue completamente abandonada. La obra de la Variante Monte entre Ruta 41 y el Arroyo California también. El tramo final de la Variante Monte hasta el acceso a Gorch seguía vigente, pero con ritmo muy bajo, a pesar de contar con financiamiento internacional. La obra entre el fin de la Variante Las Flores y la intersección con Ruta 30 también está inconclusa, a pesar de tener más del 50% de avance. La travesía urbana de Las Flores había sido finalizada durante nuestra gestión, y la obra de la Variante Las Flores, aunque en proceso de licitación, nunca llegó a iniciarse.

-¿Cuánto dinero se necesita para terminarla?
-Esa pregunta hoy es difícil de responder con precisión, porque no se conoce en detalle el grado de deterioro que puede haber sufrido la obra desde que fue abandonada. Pero lo que sí es claro es que la decisión de paralizarla no se explica desde lo técnico o lo económico, sino que tiene un componente ideológico muy fuerte. Esta obra, y esto es fundamental remarcarlo, contaba con financiamiento internacional. Es decir, no afectaba el presupuesto nacional, no tocaba recursos del erario público. El préstamo tenía condiciones muy beneficiosas para el país. Por eso, abandonar esta obra no sólo es inexplicable desde el punto de vista de la gestión, sino también profundamente irresponsable.

-¿Qué opina del cobro de impuestos que no se destinan al mantenimiento de rutas?
-Es un punto central. El Gobierno sigue cobrando impuestos específicos para el mantenimiento de la red vial, como ocurre con el impuesto a los combustibles. Esos recursos, en teoría, deben destinarse a mantener en condiciones mínimas de seguridad las rutas nacionales. Sin embargo, lo que estamos viendo es una subejecución alarmante de esos fondos. Se sigue recaudando, pero no se invierte, y eso genera un deterioro progresivo que, como vimos, puede tener consecuencias trágicas. Como dato ilustrativo, menos del 10% de los impuestos recaudados a través de los combustibles y del SISEVIAL fue efectivamente asignado al presupuesto de Vialidad. Además, Cañuelas se encuentra especialmente perjudicada por esta política de suspensión de obras: no se licitó la travesía urbana sobre la Ruta 205 a pesar de tener proyectos, se canceló la licitación de la obra de “2+2” entre el cementerio de Cañuelas y el acceso a Lobos –que convertiría ese tramo en autovía–, y no se continuó con el camino de conexión entre las ciudades de Cañuelas y Las Heras, a pesar de contar con financiamiento internacional.

-¿Qué balance puede hacer sobre la situación de la obra pública nacional al finalizar su gestión?
-Había 170 obras finalizadas, 138 en ejecución, 21 neutralizadas, 68 en proceso de licitación y 208 más proyectadas para ser licitadas durante 2024 y 2025. En cuanto al sistema PPP, podemos decir que había cinco obras finalizadas, cinco en ejecución y cinco más ya licitadas. En rutas provinciales, habíamos concluido trabajos en diversas provincias, con 66 obras en ejecución (50 de ellas con más del 50% de avance), 11 a iniciar en el primer trimestre de 2024, 9 neutralizadas, 1 en licitación y 47 más previstas para licitar ese año. En municipios, había 98 obras finalizadas, 15 en ejecución, 15 neutralizadas y 23 en proceso de licitación. Todo esto demuestra un nivel de planificación y ejecución inédito, que contrasta con el actual parate absoluto en la obra pública.