“El conflicto lleva varios meses. En marzo un gremio muy fuerte del sector lechero como es Atilra tomó una pequeña fábrica con una producción de 10 mil a 12 mil litros de leche diarios, con 14 empleados. El 1 de marzo tomaron el lugar y no dejaron ingresar a los dueños ni empleados, como tampoco la leche que se tuvo que tirar durante los seis días de toma. Hasta amenazaron a tamberos vecinos si les daban una mano a los dueños de Mayol. Atilra hacía un reclamo, sobre el cual no estábamos de acuerdo con la forma, aunque era un reclamo legitimo. Y sobre el cual hubo también una conciliación obligatoria. Resulta que había en sus manos otras medidas y vías para llevar un reclamo. Pero saltearon varios pasos administrativos, además de procesales, así que, de forma intempestiva, se adueñaron de la fábrica y se metieron. Llevaron adelante una protesta agresiva, que terminó con una causa judicial por varios delitos. Y las personas que se plantaron en la puerta de la fábrica por llevar una protesta agresiva, tendrán en agosto que ser sometidos a las indagatorias. Son 29.”, dijo el abogado Juan Beluardo, desde La Plata. 
Les imputaron amenazas coactivas, robo agravado, daños, privación ilegítima de la libertad, atentado y resistencia a la autoridad, violación de domicilio, como hasta el faltante de productos. 
Se estima que serán citados a razón de dos imputados por cada declaración indagatoria. Hasta el Secretario General de Atilra seccional General Rodríguez se encuentra acusado. 
Los abogados de Mayol habían pedido que fueran detenidos pero el juez de Garantías Martin Rizzo consideró que era prematuro llevar esta medida. 
Para el abogado penalista, “hay mucho material probatorio y una lista larga de hechos delictivos. Se puede seguir investigando. Hay tres cuerpos de la causa. Y el gremio actuó de forma desleal, desplegando una persecución, fuera de código, hasta denunciando colegas, como a la dueña por extorsión, e involucrando a una escribana de Cañuelas. Desde el 1 de marzo nos defendimos y tratamos que la empresa salga adelante, desde lo laboral y sin llevarse adelante por un gremio”. 
“Tuvieron la malicia también de agarrar tarros del dulce de leche y tirarlos en la puerta, al igual que con los quesos. Lejos estaban –afirmó el letrado– de un reclamo genuino. Era quizás, en abstracto, un apriete sindical, una toma muy agresiva, las audiencias también eran agresivas. Y sobre lo cual estuvimos prácticamente cuatro días internados en Cañuelas”. 
Después del dictado de la conciliación por parte del Ministerio de Trabajo bonaerense, el gremio lejos de acatar la orden siguió con el acampe. Para esto ya estaba la policía en la planta de Gobernador Udaondo. “Con el grupo policial del GAD nos sacaron a las 3 de la madrugada. Era una situación muy delicada”, recordó Beluardo. 
Luego del punto más conflictivo, desde lo laboral, la fábrica desvinculó a cuatro empleados como autores materiales de varios hechos, tras ser individualizados por la Fiscalía 2 de Cañuelas. De esa manera la empresa los despidió con justa causa por injuria y pérdida de confianza.  
Muy crítico de este gremio de la leche, no dudó en apuntar: “El gremio actuó de mala fe en varias circunstancias. Como acusarnos a mí y mi colega Juan Fontana, de amenazas, las que no existieron. Además, nos manifestó un abogado de ellos que le sugiera a la empresa, a principios de las negociaciones: ‘Doctor, dígales a los dueños que cierren, que nosotros con los compañeros hacemos una cooperativa de trabajo y le pedimos al Estado que expropie’. Creo que venían por ese lado sus intenciones. De destruir a la empresa y se fue de las manos cuando empezaron con actos delictivos. Esto fue romper cosas del interior de la fábrica, sabotear cámaras, romper candados, ir hasta a la casa de los Mayol a romper vidrios con piedras y hace pintadas. Hicimos la denuncia y la intervención de la justicia penal. Esto había pasado un reclamo judicial”. 
Cabe recordar que el problema en la firma cañuelense pasaba por una recategorizacion de los puestos de trabajo y el pase de los operarios al convenio de Altira. En el campo están el gremio de Uatre y Altira. Mayol tiene además de la fábrica de dulce de leche y quesos, un campo, con empleados en Altira y otros en Uatre. Todos ellos estaban encuadrados. Para Altira todos debían estar en una entidad gremial porque entiende que son todos obreros lecheros, bajo el convenio 2/88. Mayol entendía que no era así. El Ministerio de Trabajo les dio la razón. La empresa comprendió y acató la disposición ministerial, pero le pidió un plazo para pasar a los cinco empleados en otro convenio. Por otro lado, no se observó que hubiera trabajadores en negro, ni limitaciones de jornadas laborales defectuosas, inclusive la pyme se mostró sólida ante una inspección ministerial.  
A junio, el Ministerio del Trabajo intimó a Mayol a reincorporar a los cuatro empleados suspendidos en ese momento. La medida había sido tomada porque entendían que al estar procesados en una causa penal en perjuicio de la empresa debían permanecer suspendidos hasta resolverse su situación procesal. Mayol se respaldaba en la ley de Contrato de Trabajo en un apartado sobre empleados que estén nombrados o denunciados en causas penales en perjuicio de la empresa. El Ministerio de Trabajo no lo entendía así y lo intimó a tomar los empleados. “Mayol se negó porque desde el ministerio cometieron una falla o una aberración jurídica. No pueden dictar una conciliación cuando se trata de un conflicto individual o pluriindividual. Esto es que la medida de la patronal no afectaba al 40 por ciento de la planta. Se presentó entonces un recurso de reposición que nunca fue respondido ni por subsecretaria ni la ministra. Dimos agotado la vía administrativa y fuimos a los tribunales laborales y el contencioso administrativo. Despedimos por todo lo que sucedió por la injuria y pérdida de confianza laboral. Estamos a la espera de lo que resuelva el tribunal laboral”.   

Leandro Barni – [email protected]