Leandro Barni
La comisión directiva del Centro Tradicionalista El Potro atraviesa uno de los momentos más complejos de sus casi cuatro décadas de historia. La entidad, fundada en 1987 y posicionada como la segunda agrupación tradicionalista creada en la ciudad detrás del Centro El Cencerro, mantiene un litigio abierto para recuperar su sede social de la calle Pellegrini 860, ubicada frente al peladero de Supremo y a unos 300 metros antes de llegar a la Ruta 3, se encuentra hoy ocupada por el taller mecánico.
El inmueble en cuestión fue adquirido en 1994, producto del trabajo de los primeros dirigentes y de los fondos generados durante una recordada edición de la fiesta "Tiempos de Gaucho", junto con el respaldo del municipio para el terreno. En ese lote, la comunidad levantó el histórico "rancho", espacio destinado al encuentro de la comisión, la realización de peñas folclóricas, festejos familiares de los socios y la organización de los viajes a desfiles patrios en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
El conflicto actual se remonta al acuerdo de arrendamiento celebrado mediante una inmobiliaria local con Emmanuel Batista. El contrato establecía un período inicial de un año de gracia sin cobro de alquiler, a cambio de que el locatario ejecutara una serie de mejoras y reformas edilicias para adaptar el espacio como taller mecánico. Sin embargo, según denuncian desde la conducción de la entidad, las obras pautadas quedaron inconclusas y solo se realizó la instalación de un portón.
A principios de 2024 el contrato llegó a su término definitivo y la institución notificó al ocupante la decisión de no renovarlo. En aquel momento, el mecánico solicitó un plazo adicional de una semana para trasladar sus máquinas, herramientas y vehículos. La prórroga fue concedida, pero los días pasaron y la entrega del inmueble jamás se concretó.
Con el correr de los meses, la ocupación devino en usurpación. Los intentos de diálogo por parte de referentes históricos de la institución concluyeron en situaciones de alta tensión. En una de las aproximaciones destinadas a destrabar el conflicto de forma civilizada, un dirigente histórico fue amedrentado e incluso terminó demorado temporalmente por la policía tras una denuncia radicada por el propio ocupante.
La imposibilidad de utilizar el predio paralizó la vida institucional del centro tradicionalista. Las reuniones ordinarias pasaron a realizarse en casas particulares y los bienes de la entidad, como caballetes, bancos y congeladores, debieron ser distribuidos entre las viviendas de distintos socios. Además, la pérdida del espacio privó a la agrupación de su principal vía de recursos económicos: el alquiler del salón para eventos y la organización de peñas gastronómicas con las que financiaban el traslado de tropillas y jinetes a eventos en localidades como Bragado o Agote.
A pesar de no poder hacer uso del lugar, El Potro mantiene al día la personería jurídica, las cuotas sociales y el pago de las tasas municipales, que rondan los 6.700 pesos mensuales. En tanto, según afirman desde la comisión, el tallerista continúa explotando el predio comercialmente, sumado a la acumulación de deudas por servicios eléctricos e irregularidades en los suministros.
El caso ya se encuentra en la órbita judicial a través de la iniciación del juicio de desalojo formal.
Paralelamente, letrados vinculados al municipio brindan patrocinio y asistencia legal a la institución para agilizar las actuaciones. Desde la entidad confían en que la justicia resuelva la restitución del espacio a la brevedad, lo que les permitirá iniciar los trabajos de restauración con miras a los festejos por el 40° aniversario de la agrupación.
