Leandro Barni
Un nuevo debate legislativo vuelve a encender la polémica en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, la Cámara de Diputados bonaerense evalúa una reforma al Código de Faltas provincial para sancionar el abandono y la crueldad animal con penas de arresto, la prohibición para la tenencia de mascotas y la creación de un registro de infractores. Sin embargo, la iniciativa cosechó duras críticas de sectores que consideran prioritario enfocar la agenda pública en la seguridad física de la población frente a la seguidilla de ataques de perros potencialmente peligrosos.
Dos agendas contrapuestas en la Legislatura
El proyecto que busca endurecer penas por descuidos hacia los animales domésticos plantea herramientas como el retiro preventivo de mascotas en riesgo. No obstante, para juristas y activistas vinculados a víctimas de mordeduras, la prioridad de los legisladores debería orientarse a prevenir hechos trágicos.
El abogado Luis Hernández, quien en 2015 demandó al Estado municipal y provincial tras el ataque que sufrió su esposa por parte de un Dogo Argentino en Cañuelas, se mostró crítico respecto del enfoque del proyecto:
"En un contexto con trágicos ataques de perros de gran porte registrados en distintos puntos del país, resulta inoportuno e intromisivo priorizar cuestiones domésticas cuando no inciden directamente en la seguridad ni perjudican a terceros, tal como resguarda el artículo 19 de la Constitución Nacional.", dijo el Hernández, abogado y activista.
Asimismo, el profesional advirtió sobre el cálculo político detrás de este tipo de normas y cuestionó que se dejen de lado iniciativas clave, como el proyecto impulsado por la diputada Sofía Pomponio para reglamentar de forma efectiva la Ley 14.107 de razas potencialmente peligrosas, vigente desde hace más de 16 años sin aplicarse plenamente.
Proyectos nacionales sobre registración y seguro
En paralelo a la discusión provincial, en el Congreso Nacional han ingresado iniciativas para unificar criterios frente a los ataques graves registrados en el país. Las propuestas parlamentarias buscan establecer:
• Microchip identificatorio: Registro obligatorio e individual para perros de razas de porte peligroso.
• Seguro de responsabilidad civil: Cobertura de daños a terceros exigida a los propietarios.
• Sanciones penales severas: Inclusión de responsabilidades penales para tenedores o cuidadores en caso de ataques o negligencia grave.
La discusión legislativa continúa abierta entre la protección del bienestar animal e iniciativas orientadas a salvaguardar la salud pública frente a incidentes en la vía pública.
