El Ciudadano
El Gobierno nacional volvió a tensar la cuerda con las provincias y municipios al presionar formalmente al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta 'Néstor Kirchner' de Cañuelas y al Hospital 'René Favaloro' de Rafael Castillo para que comiencen a cobrar las prestaciones médicas a personas extranjeras no residentes.
La Casa Rosada ratificó la incorporación al esquema de arancelamiento de cuatro establecimientos SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad): el Hospital 'Bicentenario' de Esteban Echeverría, el Hospital 'Garrahan', el Hospital 'El Cruce' de Florencio Varela y el 'Néstor Kirchner' de Laferrere.
El avance de esta medida —que ya rige en centros de referencia como el Posadas, el Sommer y el Bonaparte— pretende dinamitar la lógica constitutiva de los hospitales de gestión compartida entre Nación, Provincia y Municipios. Sin considerar las realidades epidemiológicas regionales ni los consensos interjurisdiccionales, la comunicación oficial apela a un discurso chauvinista y punitivo que contrapone la atención de pacientes extranjeros con el "esfuerzo de los contribuyentes argentinos".
Fue el propio ministro de Salud, Mario Lugones, quien ratificó esta visión al señalar en sus redes sociales: "Esperamos que los hospitales Cuenca Alta de Cañuelas y Favaloro de Rafael Castillo también prioricen la salud de los argentinos y se sumen a la medida", agregando que bajo la conducción del Ejecutivo buscan "recuperar el orden y el sentido común".
Aunque desde el Ejecutivo aclaran que se mantendrá la atención gratuita en casos de urgencia con riesgo de vida —hasta tanto el paciente sea estabilizado—, la disposición impone una barrera administrativa y económica para la atención posterior, fragilizando el acceso a la salud pública en zonas de alta vulnerabilidad. Con el foco puesto ahora en el centro regional de Cañuelas, el Gobierno suma una nueva cuota de incertidumbre a la red sanitaria bonaerense en su afán por consolidar un sistema fragmentado y arancelado.
