El Ciudadano
La situación de las personas con discapacidad atraviesa en la Argentina un escenario de creciente incertidumbre. La ralentización en la aprobación de pensiones nacionales, la fragilidad de instituciones que prestan servicios esenciales y las dificultades de acceso a prestaciones configuran un panorama que distintos actores del sector describen como crítico.
En ese contexto, el municipio de Cañuelas decidió jerarquizar el área y convertirla en Secretaría, con el objetivo de ampliar su alcance territorial y su capacidad de intervención.Desde el 1° de marzo, Alex Goldman está al frente de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Discapacidad.
Con trayectoria en el trabajo comunitario y en instituciones dedicadas a la discapacidad intelectual, su desembarco en la gestión pública se inscribe en una estrategia de cercanía territorial y de ampliación de derechos. La dependencia funciona en Lara 331 y concentra trámites clave como el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el inicio del Certificado Médico Oficial (CMO), paso previo para la gestión de pensiones no contributivas.
La nueva gestión puso en marcha operativos itinerantes en distintos barrios del distrito, con el objetivo de reducir barreras de acceso vinculadas tanto a la movilidad como a la falta de información. La estrategia apunta a revertir una histórica baja visibilidad del área y a facilitar el contacto directo con vecinos que, en muchos casos, desconocen los alcances de las políticas públicas disponibles.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), alrededor del 12,9% de la población argentina presenta algún tipo de discapacidad. Sin embargo, no todas esas personas cuentan con el certificado que habilita el acceso a derechos y prestaciones. En ese sentido, el CUD funciona como puerta de entrada al sistema: permite acceder a cobertura integral de salud, transporte público gratuito —contemplando acompañantes según el caso— y programas específicos como Incluir Salud, destinado a personas sin cobertura formal.
El proceso para obtener el certificado incluye una evaluación interdisciplinaria a cargo de una junta integrada por profesionales de la salud y del área social. La vigencia del documento varía según cada caso, con renovaciones que suelen establecerse entre cinco y diez años. No obstante, la obtención del certificado no garantiza por sí sola el acceso efectivo a todos los derechos, especialmente en un contexto donde las políticas nacionales presentan restricciones.
Uno de los puntos más sensibles es la demora en la aprobación de pensiones no contributivas, consideradas un ingreso esencial para personas en situación de vulnerabilidad. La falta de altas recientes genera un cuello de botella que impacta directamente en la posibilidad de acceder a tratamientos, rehabilitación y dispositivos de cuidado. A su vez, instituciones que brindan estos servicios advierten sobre dificultades financieras que ponen en riesgo su continuidad.
En paralelo, desde distintos sectores se cuestionan discursos que sugieren irregularidades masivas en la asignación de beneficios sin respaldo estadístico. Especialistas remarcan que los estándares de evaluación son rigurosos y que las discapacidades no siempre son visibles, lo que exige abordajes técnicos y no simplificaciones.
En Cañuelas, la nueva Secretaría plantea como eje central la transversalización de la perspectiva de discapacidad en todas las áreas de gobierno, desde salud hasta educación. La iniciativa busca integrar políticas y evitar que la atención quede confinada a una única dependencia, en línea con enfoques contemporáneos de inclusión.
El desafío, coinciden en el ámbito local, no se limita a la gestión administrativa. Implica sostener y ampliar derechos en un escenario adverso, donde la articulación entre niveles del Estado resulta determinante para evitar retrocesos en un colectivo históricamente vulnerable.
