La Fiscalía 1 de Cañuelas investiga una serie de amenazas de tiroteo detectadas en las últimas horas en distintos establecimientos educativos del distrito tras la aparición de mensajes escritos en baños de alumnos que anuncian supuestos ataques con fechas precisas.
Los episodios, que ya suman cuatro escuelas, dieron lugar a causas judiciales bajo la carátula de averiguación de ilícito.
Las instituciones donde se registraron las amenazas son:
Las primeras presentaciones fueron realizadas el jueves por autoridades de dos colegios, luego de constatarse inscripciones en sanitarios de varones con advertencias de tiroteos. Por indicación de la Jefatura Distrital, las vicedirectoras de ambas instituciones formalizaron las denuncias en la comisaría local, aportando registros fotográficos de las pintadas. Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía de turno, que ahora busca determinar el origen de los mensajes y eventuales responsabilidades.
En las pintadas detectadas se consignaron frases intimidatorias con fechas concretas: en la Técnica se leyó “Tiroteo el 18/05/26”; en el Estrada, “Tiroteo el 20/4. No vengan”; en el Santa María, “Tiroteo escolar. El 17/4 no vengan”; y en la Media N° 2 aparecieron inscripciones como “Tiroteo 20/04/26” y “El lunes tiroteo, no vengan”, lo que elevó el nivel de preocupación entre directivos y autoridades.
En las horas siguientes se confirmaron situaciones similares en otros dos establecimientos, donde también aparecieron grafitis intimidatorios en baños de varones y de mujeres. En uno de los casos, los directivos dispusieron la clausura preventiva de los sanitarios afectados para preservar evidencia y evitar nuevos episodios.
La reiteración de amenazas en un corto lapso encendió las alarmas en el ámbito educativo y derivó en la convocatoria a una reunión interdisciplinaria que se realizó este viernes 17 por la mañana. Del encuentro participaron directivos de las escuelas involucradas, inspectores de enseñanza, autoridades del Consejo Escolar, representantes gremiales y funcionarios del área de Seguridad del municipio.
La preocupación tiene como fundamento el antecedente del trágico desenlace ocurrido recientemente en una escuela de la localidad de San Cristóbal, en Santa Fe, donde un alumno ingresó armado y asesinó a un compañero.
Durante la reunión se pusieron en común distintas estrategias orientadas a prevenir nuevos hechos y a llevar tranquilidad a las familias. Entre las alternativas analizadas figura la posibilidad de implementar medidas excepcionales dentro de los establecimientos, aunque por el momento se descartó avanzar con restricciones generalizadas. También se acordó reforzar el trabajo institucional con alumnos y padres, a través de instancias de concientización sobre la gravedad de este tipo de conductas y sus implicancias legales.
Fuentes del área de seguridad brindaron algunos detalles de la reunión en diálogo. "Algunos plantearon ir solo por el lado pedagógico pero se entendió que estamos hablando de un delito, delito de intimidación pública, sea en la escuela, sea donde sea”.
“Acá no tenemos que hablar de travesuras, tenemos que hablar de un delito. Y se lo va a tratar así, las directoras están obligados a denunciarlo”, expresaron voceros que estuvieron presentes en el encuentro.
En paralelo, desde el área de Seguridad se definió intensificar la presencia policial en los horarios de ingreso y egreso en las escuelas donde se detectaron amenazas, con operativos específicos en las fechas mencionadas en las inscripciones. El refuerzo incluirá personal policial y de la Guardia Urbana, en coordinación con los equipos directivos.
Uno de los puntos que genera mayor complejidad es la imposibilidad de realizar requisas dentro de los establecimientos sin una orden judicial. En el ámbito educativo remarcan que los docentes no están habilitados para revisar pertenencias de los alumnos, lo que limita las herramientas de control directo y traslada la responsabilidad a la intervención judicial.
Los investigadores no descartan que la seguidilla de casos esté vinculada a desafíos virales difundidos en redes sociales, una hipótesis que ya se repitió en episodios recientes en distintos puntos del país. En ese sentido, fuentes oficiales advierten que no se trata de un fenómeno aislado: situaciones similares fueron reportadas en otras ciudades, lo que refuerza la preocupación por un posible efecto contagio.
El protocolo vigente establece que cada hecho debe ser denunciado formalmente y abordado de manera integral, con intervención policial, judicial y equipos de orientación escolar. La investigación deberá establecer si los responsables son menores de edad, lo que implicaría la intervención del fuero juvenil y un tratamiento específico del caso.
