Leandro Barni
Desde el domingo 1° de febrero comenzó a regir en Cañuelas la denominada Tasa Vial, un adicional del 2 por ciento sobre el precio —libre de impuestos— de la nafta, el gasoil y el GNC. En la mayoría de las estaciones de servicio ya se exhiben carteles que informan la aplicación del gravamen y el cargo aparece discriminado en los comprobantes bajo conceptos como “percepciones municipales”.
La medida fue aprobada en diciembre pasado por el Concejo Deliberante local, con el acompañamiento del oficialismo y la mayoría de los mayores contribuyentes. Los bloques opositores votaron en contra, mientras que La Libertad Avanza se retiró del recinto antes del tratamiento. Las estaciones, obligadas a inscribirse durante enero, actúan como agentes de retención y transfieren mensualmente lo recaudado al municipio, a una cuenta especial afectada —según la ordenanza— al mantenimiento de caminos rurales. Bomberos voluntarios y ambulancias quedaron exentos.
De acuerdo con los registros de la Secretaría de Energía de la Nación, en septiembre de 2025 (último dato oficial) se expendieron en Cañuelas 4,45 millones de litros de gasoil, 1,26 millones de litros de nafta súper, 510 mil litros de nafta premium y 414 mil metros cúbicos de GNC. Con un precio promedio estimado de 1.100 pesos por litro de combustible líquido y 600 pesos por metro cúbico de GNC, el municipio podría recaudar unos 140 millones de pesos mensuales, cerca de 1.700 millones de pesos al año.
En otros ámbitos
La decisión local no es una excepción. En tiempos de recursos escasos, coparticipación en baja y mayores exigencias de gasto, los intendentes hacen malabares para cerrar las cuentas. En ese marco, una cantidad creciente de distritos avanzó con gravámenes al combustible, una herramienta que volvió a instalarse con fuerza y generó polémica.
La Tasa Vial implica un porcentaje adicional por cada litro cargado —generalmente entre el 1 y el 3 por ciento— aunque algunos municipios optaron por montos fijos, como Campana, que suma cuatro pesos por litro.
El año pasado, el Gobierno nacional cuestionó públicamente esta práctica y lanzó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, con un mapa que detalla qué comunas aplican cada tributo, incluida la tasa vial, además de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene para distintos rubros.
Según ese relevamiento oficial, al menos 37 municipios bonaerenses cobran hoy un impuesto al combustible. La mayoría pertenece al Conurbano, pero también aparecen grandes distritos del interior como General Pueyrredón y Junín. El registro, sin embargo, no contempla todos los casos.
A fines del año pasado, durante el debate de las ordenanzas Fiscal e Impositiva, cinco municipios aprobaron la creación o actualización de la tasa: Ramallo y Coronel Suárez fijaron un 2 por ciento; Tapalqué, un 2,5; San Andrés de Giles, un 2, y Cañuelas se sumó con el mismo porcentaje. Todos, alineados con el oficialismo bonaerense.
Mientras Nación reclama eficiencia en la gestión y los municipios buscan oxígeno financiero, el impuesto al combustible se consolida como una salida rápida para engrosar arcas locales. El costo, como casi siempre, termina viajando en el tanque.
