Leandro Barni
A través de un decreto publicado el 5 de enero en el Boletín Oficial, el gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó en la creación de un régimen propio de compensaciones económicas para el transporte público de pasajeros. El nuevo esquema alcanza a más de 40 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluido Cañuelas. Según la normativa, la medida apunta a garantizar la sustentabilidad del servicio tras el retiro del Estado nacional del financiamiento del sistema.
La normativa se dio a conocer luego de que el 31 de diciembre venciera el convenio que regulaba las transferencias nacionales al transporte bonaerense. A partir de ahora, el Ministerio de Transporte provincial será la autoridad de aplicación del régimen, con facultades para definir la metodología de cálculo, distribución y rendición de las compensaciones. El esquema se apoya en un nuevo acuerdo con Nación Servicios S.A., que permitirá mantener el uso del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de pago y principal fuente de información operativa.
Según el texto oficial, el monitoreo a través de la SUBE permitirá un relevamiento más preciso de la cantidad de pasajeros transportados, la demanda real y los costos efectivos de prestación del servicio. El decreto también establece mecanismos de control y prevé el recupero de fondos ante pagos indebidos, además de exigir a los municipios la homologación de los cuadros tarifarios provinciales como condición para acceder a las compensaciones.
La medida introduce, además, cambios estructurales en la normativa del transporte bonaerense. Incorpora formalmente la categoría de servicio “suburbano” y elimina la de “rural”, al considerar que esta última ya no responde a la configuración actual del sistema ni a la dinámica de expansión urbana del AMBA. El régimen deja abierta la posibilidad de sumar nuevos distritos en función del crecimiento poblacional y territorial.
Desde el sector empresario describen el contexto como crítico. “El 90 por ciento de las empresas de colectivos del AMBA está al borde del colapso”, advirtieron desde la Cámara del Transporte, tras un 2025 marcado por paros, reclamos y recortes en las transferencias nacionales. En ese marco, el anuncio provincial fue recibido como un alivio parcial, aunque con cautela. Las empresas sostienen que, sin una actualización realista de los costos operativos, estimados en torno a un boleto técnico de 1.750 pesos, la sostenibilidad seguirá comprometida.
El gobierno bonaerense aclaró que el nuevo régimen no genera derechos adquiridos ni garantías permanentes y que su continuidad estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y a revisiones periódicas. Sin embargo, en un escenario de fuerte tensión financiera, la decisión marca un cambio de estrategia: la Provincia asume un rol más activo para sostener un servicio esencial, mientras el sistema de transporte del AMBA continúa reclamando previsibilidad y reglas claras.
