La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) se encuentra en el ojo de la tormenta tras la notificación de más de 350 despidos en la medianoche del pasado viernes 28 de febrero. La medida desató una ola de indignación y preocupación en los trabajadores, organizaciones sindicales y ambientales, pero más especificamente a los habitantes de la Cuenca, incluyendo a los vecinos de Cañuelas. La decisión, ejecutada bajo la administración de Lucas Figueras, se suma a los más de 100 despidos ya registrados en lo que va del año, representando una reducción drástica del personal de la planta superior al 50%.
La incertidumbre y el desconsuelo se apoderaron de los empleados, según el testimonio de uno de los afectados, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias. “Mis compañeros de trabajo me decían que hoy fue literalmente un velorio. Hubo llanto… Angustia… Desesperación...”, relató con visible pesar, evidenciando el impacto emocional de la medida. Los correos electrónicos con las notificaciones de los despidos llegaron a las 8.30 de la mañana del sábado 1° de marzo, intensificando la sensación de desconcierto y vulnerabilidad.
El denunciante, quien debía asistir a una capacitación en la Ciudad de Buenos Aires, fue informado telefónicamente de su situación para no asistir a la misma. Destacó la responsabilidad y profesionalismo de sus colegas, desmintiendo cualquier acusación de "ñoquis" o "acomodados políticos". “Eran trabajadores estatales, con esa sola distinción: estatales… Pero trabajaban muy bien y con una enorme responsabilidad”, enfatizó.
La situación se agrava aún más por casos particularmente sensibles, como el de un trabajador trasplantado de riñón, incorporado al organismo hace apenas diez días, quien ahora se enfrenta a la pérdida de su empleo y, consecuentemente, al acceso a la medicación vital que necesita para sobrevivir.
La magnitud de los despidos plantea serias dudas sobre la continuidad del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, un proyecto crucial para la salud y el bienestar de más de 4.5 millones de personas que habitan la región. Áreas consideradas vitales para el saneamiento, como el monitoreo de la calidad ambiental, el control de las empresas contaminantes, la gestión de los residuos, la prevención de las inundaciones, la infraestructura, la salud y la educación ambiental, así como las políticas de vivienda y fortalecimiento comunitario, se verán seriamente comprometidas.
En el 2006 se creó ACUMAR, que es un organismo dependiente de la Nación con la participación de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y sus municipios, entre ellos el de Cañuelas. Su tarea es articular políticas públicas para el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo; esto es limpiar y descontaminar.
Organizaciones sindicales y ambientales denuncian que los despidos, además de afectar el funcionamiento del organismo, vulneran los derechos laborales. Y se argumenta que la implementación de las cesantías no respetan el convenio colectivo de ACUMAR, que establece la posibilidad de reubicación ante una reestructuración.
Asimismo, se denuncia la utilización de argumentos "presumiblemente fraudulentos" para evitar el pago de las indemnizaciones correspondientes a más de 130 empleados.
