Luego de varias idas y vueltas, el Concejo Deliberante concluyó –por unanimidad- la nueva promoción industrial para todas las empresas y pymes que se radiquen en el Parque Industrial  de Cañuelas y en cualquier otro sector destinado a la producción en el distrito. 

Dichas firmas deberán contratar un mínimo de 70% de empleados locales y el municipio deberá llevar un control minucioso de las empresas beneficiadas y el número de puestos laborales generados.

Durante la noche del jueves hubo varios puntos que trabaron el desarrollo del dictamen. Los bloques oficialistas y opositores hicieron eje sobre si era necesario actualizar el documento con las nuevas normativas o definitivamente plantear otra ordenanza. Además, por primera vez se habló de un mínimo de trabajadores de Cañuelas como condición excluyente ante las empresas. Tras algunos cruces, el presidente del Concejo, Maximiliano Mazzanti, medió y finalmente todo el recinto acordó las nuevas medidas.

Finalmente, el texto unificado del HCD del expediente F-164/23, referido a la necesidad de legislar instrumentos específicos que colaboran con el fortalecimiento del entramado de inversiones industriales en el distrito, consideró que “el fomento de las radicaciones apuntala y refuerza la política pública de creación de empleo, condiciones de radicación de nuevas empresas y la consolidación definitiva del distrito como un centro de referencia regional de industrias”.

En el primer artículo, el enunciado anuncia: “Establézcase el beneficio de fomento a la producción en los derechos de construcción hasta el 100 % y hasta el 10 de diciembre de 2027 para empresas, pymes y otras figuras industriales que se radiquen dentro del distrito. Y que su inversión signifique una oferta efectiva de generación de puestos genuinos de trabajo para los vecinos de Cañuelas”.

A la vez, el bloque de concejales también dedicó un párrafo para el gobierno de Javier Milei, reconociendo que “la sanción se encuadra en el reconocimiento de la situación macroeconómica existente, como así el marco conceptual del nuevo gobierno nacional que hace entrever una competencia muy fuerte de productos no nacionales, en una competencia despareja con los nuestros”.

“Esta ordenanza fue un bastión para cambiar la matriz económica de nuestro distrito. Tuvo un impacto del PBI local del 70% y a partir de ella se pudo fortalecer el sector industrial de Ruta 3, de Máximo Paz y con eso vinieron más inversiones y puestos de trabajo”, dijo el edil oficialista, Juan Angel Cruz, recordando que se puso en marcha durante la gestión de Gustavo Arrieta como intendente en 2008. 

“La ordenanza era un proyecto del Ejecutivo. Para nosotros, como oposición, no era necesario porque ya teníamos esta lista, pero pudimos hacer algunas modificaciones y que se establezca un piso de empleo local. Después de una larga negociación, pudimos lograr una unanimidad”, le dijo a El Ciudadano la concejala Natalia Blasco.