A diez años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, que significó una ampliación de derechos histórica al permitir la modificación de sexo en el DNI de acuerdo a la autopercepción de cada individuo, más de 12 mil personas rectificaron sus documentos. 

“Por unos 45 años tuve otro nombre. Por esta Ley se abrieron un montón de derechos personalísimos, como es el derecho de la identidad. En mi caso recién en 2015 pude hacer el cambio. La demora se producía porque había personal que no estaba capacitado y, además, había que enviar la documentación de  una provincia a otra. Fue engorroso el trámite”, recuerda Gabriela Romanello, vecina de Máximo Paz y  empleada en la Municipalidad. 

Gabriela se crió en Córdoba. Fue electricista de autos y cuando se asentó en Cañuelas, no sólo que adecuó el cuerpo a la identidad y género autopercibido, sino que luego se hizo una cirugía de readecuación. 

La ley permitió que el trámite para rectificar el documento de identidad sea administrativo y de carácter declarativo: solo es necesario que la persona diga cuál es su nombre y cuál es su sexo y el Estado está obligado a realizar el cambio de manera gratuita. 

Además de trabajar en la subsecretaría de Hábitat y Economía Popular, es una alumna avanzada de la carrera de Derecho en la Universidad de Lomas de Zamora. Y sobre su futuro laboral espera un nombramiento que lleva un par de años demorado en el Poder Judicial Bonaerense. 

Sobre si se imaginaba que alguna vez podría cambiar el DNI, dice que “sí”. Y agrega: “Se venía trabajando mucho. Era complicado. Hay muchos países que todavía no lo aceptan. Había una esperanza para llegar a esa identificación real que tiene la persona”. 

Si bien la sensación es que la universalización de este derecho ya está instalada aún quedan desafíos para los próximos años.  Y al respecto, Romanello remarca que la mayoría de los cambios se han solicitado en los grandes centros urbanos. “Esto, a nivel local, con personas trans que hicimos el cambio registral está muy escondido. Hay un poco más de interés en algunos sectores, pero es en las zonas cerca de las capitales. En Cañuelas está un poco reprimida la misma gente del colectivo”, reflexiona.

En segundo lugar, comenta que como parte de la comunidad trans, “alrededor de esto hay una estigmatización en muchos lugares. Ocurre desde un consultorio médico a una oficina pública,  al llamar por el nombre de pila se desprende una burla”, cuenta la empleada en su oficina.

El DNI, con su nueva identidad de género, la ubicó en otro lugar. Dejó de pedir favores o intentar negociar y empezó a exigir por el cumplimiento de sus derechos, para lo cual integra la agrupación política De Frente, en su localidad. 

Todavía se emociona un poco cuando recuerda el día que recibió el nuevo documento. “Fue una mezcla de cosas, de emociones, risas, llanto. Pero tuve felicidad porque se había logrado una ley por una lucha colectiva y un anhelo personal, mi registración con mi identidad autopercibida. Y afirmar que por lo que uno lucha se llega a resultados, favoreciendo a las nuevas generaciones de otros chicos y chicas trans”, relata. 

Y a pesar de este avance normativo, dice, “aún falta un cumplimiento efectivo. El artículo 11 no se cumple.

Hay obstáculos en la atención médica que las personas trans necesitan. Hay pocas obras sociales y prepagas que lo cumplen. Se trata del proceso de hormonización y cirugía. Entonces,  hay que judicializar”.