La Provincia reclamó $100.000 millones al gobierno nacional
El Director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el Fondo del Conurbano tienen pendientes las actualizaciones por inflación de 2019 y 2020.
La provincia de Buenos Aires pidió una “solución conjunta” con el gobierno nacional para resolver dos temas clave de la gestión bonaerense: los costos de los subsidios en las áreas de transporte y energía, y la actualización del Fondo del Conurbano, cuyo ajuste por inflación reportaría unos $100.000 millones a las arcas bonaerenses.
El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, explicó que “hay una cuestión de subsidios que hay que acordar con Nación, porque la Provincia no está en condiciones de asumir los costos, habrá que ver finalmente de dónde salen esos recursos”. En la negociación se enmarcan los costos por subsidios al transporte, la energía y el agua.
Girard agregó que “otro tema financiero muy importante es el Fondo del Conurbano” y detalló que también se está trabajando en sintonía porque “quedó pendiente una actualización por inflación de 2019 y hay que actualizar por inflación el monto definido para 2020”.
“El total rondará los 100.000 millones de pesos. Son números importantes y tenemos que tener claridad sobre estos temas, aunque deberemos esperar que se desarrollen las negociaciones sobre la deuda para tener más claro el panorama”, aseveró.
Por otra parte, en diálogo radial con Futurock.fm el funcionario dijo que “desde el punto de vista de la recaudación es importante la nueva ley impositiva, que tendrá un impacto favorable y dará recursos para la Provincia” y mencionó que “la suspensión del Pacto Fiscal nos otorgará 35.000 millones de pesos extra para la recaudación”.
Por último, adelantó que se reforzará el plan de fiscalización para evitar la evasión tributaria de grandes contribuyentes y grupos económicos que “tienen muchos recursos y los utilizan para pagar contadores y eludir la carga fiscal”.
‘‘Es importante para generar la percepción de riesgo y que no se fomente la evasión. En los últimos años se fiscalizó menos con el argumento de no estigmatizar a los que no pagaban’’, concluyó.
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